El mayor caso de corrupción de Brasil concluye con 25 condenas

El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF), la corte suprema del país, cerró este lunes el llamado caso mensalão, el proceso más largo y el mayor escándalo de corrupción política de su historia, con 25 condenas y siete absoluciones. La primera pena del juicio, 39 años y cinco meses, ha sido para el operador de la trama, el responsable de las empresas de publicidad Marcos Valerio Fernandes.

Fernandes, de 51 años, era el muñidor de toda la trama de sobornos, que se articulaba a través de contratos para las campañas electorales. Ha sido condenado por los cargos de asociación ilícita, malversación, corrupción activa, lavado de dinero y evasión de divisas y deberá cumplir la condena en régimen cerrado, aunque la defensa aún podrá presentar algún recurso para intentar reducirla. La condena será revisada este jueves.

El tribunal decidió el lunes que parte de los acusados habían formado una cuadrilla o asociación criminal para cometer varios delitos. Todos ellos ya habían sido condenados por otros crímenes. Era el tema más delicado y el que más había divido a los jueces en este proceso, que comenzó el 3 de agosto y fue retransmitido en directo y al completo por la televisión.

Según los jueces tres núcleos constituían esta asociación delictiva. En primer lugar, el político que comprendía a los tres principales responsables del Partido de los Trabajadores en 2003, durante el primer gobierno Lula: el exministro del gobierno y brazo derecho del mismo, José Dirceu, el entonces Presidente del partido, José Genoino, ambos exguerrilleros durante la dictadura militar, y el entonces tesorero, Delubio Soares. En segundo lugar, el núcleo financiero, en torno al Banco Rural. Y por último, el grupo operacional de Marcos Valerio.

Finalmente, 11 de los 13 acusados fueron condenados por seis votos a cuatro, de formar parte de dicha asociación, tras una fuerte discusión sobre el concepto de este delito, que implica poner en peligro la paz social. Los que votaron por la condena, entre ellos, el Presidente del Supremo, Ayres Brito, y el decano del mismo, Celso de Mello, consideraron que la paz pública se quebranta cuando a través de un escándalo de corrupción de esa emvergadura “la sociedad pierde la fe en el Estado”. Según Mello, se intentó condenar no a la política ni a los políticos en general, sino a un grupo de servidores públicos “con una perversa vocación para un control criminal del poder que intentaba perpetuarse ilegalmente”.

Ahora se espera una declaración del expresidente Lula da Silva que ha visto condenados a los hombres de su partido que lo llevaron al poder. Lula advirtió días atrás que hablaría sólo tras el veredicto final del Supremo. Lula se había quedado fuera de la denuncia al considerar el Fiscal que no había pruebas de su participación en el esquema criminal del soborno a los diputados.

Sin embargo, dado que la oposición insistía en que de alguna forma también él resultaría salpicado si condenaban a los que fueran sus personas de confianza, se adelantó a decir que él ya había sido “absuelto por las urnas”, refiriéndose al hecho de que después de haber estallado el escándalo, fue reelegido para un segundo mandato.