La oscura historia de los 60 millones de euros por favorecer el tabaco sin humo

En la jerga de la Unión Europea apenas nada es llamado por su nombre y una cifra multimillonaria para comprar los favores de un comisario puede ser calificada desde una tribuna oficial de “conspicua”, “grande”, “sustanciosa”… cualquier cosa menos hacerla comprensible: sesenta-millones-de-euros. Tal fue la cantidad presuntamente reclamada por un oscuro intermediario maltés, convertido en lobista de por libre, a la tabaquera sueca Swedish Match a cambio de torcer el proceso legislativo de la Unión para levantar el viejo veto sobre la exportación a la UE de snus, una especialidad nórdica de tabaco sin humo, a rebufo de una directiva en marcha orientada a hacer el negocio más difícil a quienes viven de la nicotina. La directiva estaba inspirada por el comisario maltés John Dalli, fervoroso antitabaquista y responsable de Salud y Consumo en la UE.

Patrick Hildingson, portavoz de Swedish Match, ha hecho pública la cifra, pagadera en dos cómodos plazos: diez millones de entrada, por empezar a moverse, y 50 cuando las gestiones hubiesen dado el fruto deseado. El que reclamó el dinero es un curioso personaje maltés, Silvio Zammit, teniente de alcalde (ya dimisonario) de la localidad de Sliema, dueño de un conocido restaurante y hombre de negocios en sentido amplio, entre otros el de llevar a la isla circos de esos de serpientes gigantescas, leones y elefantes. Zammit, además y crucialmente, era un hombre de confianza de Dalli, por cuyos intereses electorales veló en las parlamentarias de 2008 y en nombre del cual, según los suecos, se les acercó con el plan de cambiar la legislación antitabaco a cambio de un pequeño esfuerzo económico.

Desde Estocolmo llegó a la isla un emisario de la empresa sueca para tratar del asunto. “[Zammit] nos dijo claramente que hablaba en nombre de Dalli. Se comportaba y tenía informaciones que nos hicieron sospechar”, explica Hildingson. “Dijo que levantar la prohibición del snus era suicido político y que haría falta dinero, porque con eso la carrera del comisario estaría acabada”.

Los suecos, vestidos siempre de virtuosos, comentan también que cuadro tan mediterráneo (personaje, entorno, circunstancias) les espantó —“nosotros no estamos acostumbrados a hacer así las cosas”, apuntan— y se fueron en mayo con el cuento a la Comisión. El Ejecutivo comunitario, con memoria histórica de lo que supuso otro caso de corrupción en 1999 (la caída de la Comisión), requirió de inmediato los servicios de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF). Tres meses de investigaciones, interrogatorios (en un par de ocasiones al comisario) y consultas dieron para un informe —elevado el pasado lunes al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, ya en poder de la fiscalía maltesa y que es secreto— que dejaba a Dalli al pie de los caballos.

“Hay pruebas circunstanciales no ambiguas de que estaba al tanto de las maquinaciones y peticiones del empresario”, incluido el hecho de que Zammit usara su nombre en sus relaciones con los suecos, y “en ningún momento el comisario tomó medidas para desmarcarse de los hecho o denunciarlos”, concluye la investigación de OLAF, según su director general, el antiguo fiscal italiano Giovanni Kessler, que remacha: “Era consciente de que alguien próximo a él pedía dinero a una compañía para cambiar la política y no hizo nada por evitarlo”.

Con esas conclusiones en mano, Barroso convocó el martes a Dalli, se las leyó sin dejarle ver el informe de OLAF y le pidió la dimisión, que el maltés, por fuerza, entregó verbalmente.

Ante su jefe, Dalli lo negó todo. Y ya fuera de la Comisión todo lo sigue negando. Este mismo fin de semana, en un vídeo aireado por NewEurope, un semanario de asuntos europeos, mantiene el excomisario que, efectivamente, sería “cometer suicidio político” el intentar legalizar el snus y recuerda todas las nuevas medidas antitabaco que iba a contener la nueva directiva. Suficientes como para que el lobby tabaquero quisiera hacerle desaparecer de escena y haya echado las campanas a vuelo con su dimisión forzada.

El asunto no está nada claro, pese a la aparente convicción moral de OLAF. Kessler reconoce que no hay pruebas de que Dalli “fuera el instigador o cerebro de esta petición de dinero” y asegura que “no se ha desembolsado ninguna cantidad de dinero; solo fue solicitada”, pero, insiste, “hay pruebas circunstanciales claras, no ambiguas, de que el comisario sabía lo que se hacía en su nombre y no lo denunció”. La Comisión da por cerrado el caso. Pero muchas preguntas quedan en el aire, entre otras la básica: ¿a quién beneficia el incidente? Dalli lo tiene claro, al sector tabaquero que con el muy probable retraso indefinido de la directiva antitabaco se embolsará “miles de millones de euros”.