Procesados dos excargos del Gobierno argentino por un accidente mortal de tren
La tragedia se debió a la “trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas", según la sentencia
El accidente de tren de Buenos Aires donde el pasado 22 de febrero fallecieron 51 personas y resultaron heridas 700 no se debió al maquinista, tal como habían insinuado los empresarios dueños de la línea concesionaria de trenes. Tras ocho meses de investigaciones, el juez Claudio Bonadio hizo publica ayer una resolución de 876 páginas en las que ordena el procesamiento con prisión preventiva para dos secretarios de Transporte: Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012), por incumplimiento de los deberes de funcionario. También fueron procesados los dos hermanos propietarios de la empresa concesionaria Cometrans y Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio y Mario Cirigliano. A todos ellos se les acusa de "descarrilamiento de un tren, agravado por las muertes" y "asociación ilícita". El maquinista Marco Antonio Córdoba fue exonerado de cualquier cargo. También fueron procesados el antiguo subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero.
El juez señaló en su resolución que el accidente se produjo por la “trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas” y añadió que para comprender lo que ocurrió en la mañana del 22 de febrero pasado en la estación porteña de Once sería “imprescindible exponer y desmembrar los diversos factores que incidieron en su producción, los cuales no nacieron espontáneamente aquel fatídico día, sino que como se verá existían anteriormente y eran conocidos tanto por los operadores de la línea Sarmiento, como así también por aquellos funcionarios públicos encargados de controlar y ejecutar la política ferroviaria en el ámbito metropolitano y por la dirigencia sindical”. El fallo sostiene, además: “Claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”.
El tren de la línea Sarmiento transportaba aquella mañana unos 1.500 usuarios, menos de los 2.000 que pueden registrarse en hora punta. El golpe fue de tal magnitud que los bomberos tuvieron que abrir el techo de un vagón como si fuera una lata para sacar los cuerpos. El accidente marcó un punto de inflexión en la opinión pública sobre el estado de los trenes. Algunos diputados opositores declararon en su día que la causa de tanta muerte era la corrupción; la prensa recordó que la mayoría de los usuarios que murieron eran gente humilde (14 de ellos inmigrantes), que viaja cada mañana en condiciones infames y se apiña en los primeros vagones para llegar cuanto antes a sus puestos de trabajo en cuanto el tren se detiene.
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