Un juez bloquea la nueva ley electoral de Pensilvania

Un juez estatal bloqueó este martes la nueva ley electoral del Estado de Pensilvania al considerar que impedía el “libre acceso a las urnas” de algunos ciudadanos. La legislación forma parte de un conjunto de normativas impulsadas en el último año en hasta 11 Estados y que, según sus detractores, restringen el derecho a voto de millones de ciudadanos.

La ley de Pensilvania exigía a los ciudadanos presentar una identificación con fotografía a la hora de votar, una condición que no existe en muchos otros Estados. Los gobiernos republicanos que defienden la aprobación de estas normativas afirman que es la única manera de prevenir el fraude electoral, a pesar de que no han podido demostrar ante el juez que tal fraude se haya producido en el pasado.

Las organizaciones en defensa de los derechos civiles y el Partido Demócrata critican que el verdadero objetivo es impedir la participación de ciudadanos pobres y minorías, el grupo que suele carecer de ese tipo de identificación -permiso de conducir, pasaporte- y de los recursos económicos para conseguirla, y que suele respaldar a los demócratas en las urnas. Mike Turzai, legislador republicano de Pensilvania, reconoció este verano que si la ley entraba en vigor, “Romney ganaría las elecciones” en el Estado -con 20 votos electorales aún sin decidir.

El juez Robert Simpson permitió la entrada en vigor de la ley el pasado mes de agosto, pero el Tribunal Supremo estatal le instó a celebrar una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes antes de ratificar su constitucionalidad. Simpson alegó en su decisión (PDF) que los testimonios aportados por el Estado de Pensilvania fueron “insatisfactorios” a la hora de demostrar que se vaya a detectar fraude electoral en las presidenciales del 6 de noviembre y que los cambios impuestos por la ley “carecen de suficiente tiempo para garantizar el libre acceso a las urnas”.

Según la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que han denunciado las leyes de restricción de voto, el 11% de los ciudadanos carecen de las formas de identificación que exige la nueva normativa. El porcentaje asciende al 18% de los residentes en Filadelfia -la ciudad más grande del Estado, con 1.5 millones de habitantes-, en su mayoría afroamericanos.

Los cambios impuestos por la ley “carecen de suficiente tiempo para garantizar el libre acceso a las urnas”

La sentencia del juez Simpson permite que las autoridades del Estado pidan a los votantes las nuevas formas de identificación impuestas por la ley, que fue aprobada hace seis meses, pero deberán permitir votar a aquellos ciudadanos que carezcan de ellas. Los defensores de la legislación podrán recurrir esta decisión ahora ante el Tribunal Supremo del Estado, pero no conseguirán que la ley entre en vigor antes de 2013.

La evolución de la ley de Pensilvania ha sido seguida de cerca tanto por las organizaciones que se oponen a estas normativas como por los gobiernos republicanos que las han impulsado, ya que su aprobación final podía convertirse en un factor determinante en las próximas elecciones. Los investigadores del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York estiman que hasta cinco millones de votantes pueden ver limitado su derecho a voto en noviembre, ya que los diferentes Estados que aprobaron estas leyes aportan el 63% de los votos electorales que necesita un candidato para ganar. En comicios tan ajustados como los que se esperan en Florida u Ohio, si apenas unos miles de votos determinan la victoria, el candidato que pierda podría atribuirlo a las limitaciones impuestas por las leyes de supresión de voto y la decisión final terminaría en los tribunales.

Tanto la ACLU como el fiscal general estadounidense, Eric Holder, han argumentado que las normativas recuerdan a las “tasas electorales” impuestas por algunos Estados durante la era de la segregación. En aquel momento, el objetivo era alejar de las urnas a los ciudadanos de minorías raciales. Ahora el Departamento de Justicia ha recurrido a la Sección 5 de la Ley de Derecho a Voto, aprobada en 1965, para impedir su avance. La Sección establece que todos aquellos Estados que aprobaron leyes segregacionistas y que quieran modificar su legislación electoral deben contar con la aprobación del Departamento de Justicia o de un tribunal federal para que dichas instituciones garanticen que no se está limitando el derecho a voto de los ciudadanos.

En el caso de Texas, otro de los Estados que debe superar esa condición adicional, un juez bloqueó su intento de reformar la ley electoral al considerar que discriminaba especialmente contra afroamericanos e hispanos. Éstos últimos llevan una década contribuyendo al cambio demográfico de uno de los Estados tradicionalmente republicanos aunque, como advirtió Obama recientemente, “no por mucho tiempo”.

“Sencillamente, los hispanos y afroamericanos que votaron en las últimas elecciones probablemente no puedan participar en las próximas debido a las limitaciones impuestas por la ley electoral”, declaró entonces el juez, David Tatel. La corte federal se basó en datos del censo para alegar que estos dos grupos de población son los que disponen de menos recursos económicos y carecen de un vehículo o de permiso de conducir -una de las formas de identificación aceptadas por las leyes de restricción al voto.