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Acusados 270 mineros sudafricanos del asesinato de 34 de sus compañeros

La fiscalía se basa en una ley de la época del 'apartheid'

Los 34 colegas de los trabajadores murieron por los disparos de la policía.

La policía sudafricana dispara contra los manifestantes el pasado 16 de agosto.
La policía sudafricana dispara contra los manifestantes el pasado 16 de agosto. AFP

Cientos de trabajadores de la mina sudafricana de Marikana que vieron cómo la policía mataba a tiros a 34 de sus compañeros han sido ahora acusados del asesinato de estos mineros por la fiscalía. Se trata de los 270 mineros arrestados tras los sucesos del pasado día 16 —otras informaciones hablan de 259—, cuando en un enfrentamiento con la policía los agentes dispararon y mataron a 34 trabajadores de la mina e hirieron a otros 78. Algunos de los manifestantes iban armados con palos, machetes y lanzas cuando cargaron contra la policía. La fiscalía ha usado este hecho para invocar una norma legal de la época del régimen racista del apartheid para acusar formalmente de asesinato a los mineros.

“En una situación en la que hay sospechosos que se enfrentan o atacan a miembros de la policía y hay un tiroteo (que resulta) en la muerte de agentes o de los propios sospechosos, aquellos que son arrestados son acusados (de asesinato)”, declaró un portavoz de la Fiscalía. Durante el apartheid, que finalizó en 1994, el Gobierno usaba esta doctrina, llamada “de objetivo común”, para poder procesar judicialmente a líderes del movimiento antiapartheid incluso cuando no habían participado en acciones de sabotaje o en atentados llevados a cabo por sus grupos.

“A no ser que lo que vimos en televisión nunca ocurrió o a no ser que la fiscalía esté ocultando pruebas de una extraña teoría de la conspiración que permita otra interpretación de lo que vimos en televisión, no hay ninguna razón válida para que la fiscalía haya acusado a los mineros del asesinato de sus 34 compañeros”, ha escrito Pierre de Vos, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciudad del Cabo.

De Vos explica que la citada norma, que data de 1956, señala que cualquier persona que conspire con otra para participar en la comisión de un crimen, o que incite a otra persona a que lo cometa, puede ser encontrada culpable de ese mismo crimen. “Los mineros no pueden ser declarados culpables de asesinato mediante la doctrina de objetivo común. Ningún tribunal va a declarar que los acusados tenían la intención de hacer causa común con los policías que dispararon a sus compañeros”, argumenta De Vos.

La acusación formal contra los 270 mineros tuvo lugar el pasado martes en el tribunal de Ga Rankuwa, cerca de Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica. La sesión tuvo que suspenderse debido a un corte de luz en la sala y está previsto que se reanude los próximos 5 ó 6 de septiembre. La defensa había pedido la libertad bajo fianza de los acusados y se espera que cuestione el cargo de asesinato cuando continúe el proceso. Los mineros también han sido acusados de intento de asesinato y de violencia pública, que es el delito por el que fueron arrestados en un primer momento. Seis aún siguen hospitalizados y no han podido acudir al tribunal.

Aún siguen sin estar del todo claras las circunstancias del tiroteo del día 16. La policía dijo que algunos mineros llevaban armas de fuego y habían disparado primero contra los agentes, que tuvieron que responder con disparos. Las imágenes muestran a grupos de mineros armados con palos, machetes y lanzas, pero los trabajadores han negado que también llevaran armas de fuego. Solo un policía resultó herido de levedad en aquel suceso.

Una comisión de investigación de la propia policía está estudiando los incidentes de aquel día. Si concluye que los agentes no actuaron dentro de la legalidad, entonces también podrían ser acusados criminalmente ante un tribunal, aunque judicialmente se trataría de un caso diferente, según el portavoz de la fiscalía.

La mina de platino de Marikana pertenece a la empresa británica Lonmin. Las operaciones llevan tres semanas detenidas, desde que unos 3.000 mineros abandonaron sus puestos para protestar por sus condiciones laborales y exigir un considerable aumento de sueldo. Lonmin declaró esta acción una protesta ilegal y ha habido varios enfrentamientos entre diferentes facciones de mineros y las fuerzas de seguridad. Al menos 44 personas han muerto desde el inicio de la protesta, 40 mineros, dos guardas de seguridad y dos policías.

Por el momento, siguen las conversaciones entre la empresa, la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción —el sindicato que representa a la mayoría de los mineros en huelga— y el Sindicato Nacional de Mineros —mayoritario, cercano al Gobierno y enfrentado al anterior— para llegar a un acuerdo que permita a los mineros volver al trabajo.