Congresistas republicanos se querellan contra el fiscal general de EE UU

Los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunciaron este lunes al fiscal general, Eric Holder, para obtener información confidencial sobre una operación del Departamento de Justicia. Se trata del último incidente entre los republicanos y la Administración Obama, enfrentados por una operación relacionada con el tráfico de armas en México.

El programa, conocido como Fast and Furious -rápido y furioso- infiltró unas 2.000 armas en el país vecino para seguir su evolución en el mercado ilegal y descubrir así la pista de los carteles de las drogas. Sin embargo, la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF), dependiente del Departamento de Justicia, perdió el control de casi un millar de armas y una de ellas acabaría siendo utilizada para asesinar a un miembro de la guardia fronteriza norteamericana, lo que provocó la cancelación del programa.

La demanda presentada este lunes ante un juez federal pretende obligar a Holder a que entregue al Congreso más documentos relacionados con la operación, algo a lo que ya se ha negado. El Comité de Supervisión del Gobierno de la Cámara de Representantes exigió igualmente a la Administración que entregara archivos relacionados pero Obama, invocando privilegios presidenciales, se negó.

El pasado mes de junio, la Cámara declaró en desacato al fiscal general, por 255 votos contra 67, una decisión sin precedentes en la historia norteamericana. Holder reaccionó entonces afirmando que aquella votación fue “la culminación lamentable de lo que ha sido una investigación políticamente motivada en un año electoral”. Desde entonces, la Casa Blanca negoció con la oposición en el Congreso para impedir que aumentara la tensión entre las dos instituciones, pero no alcanzaron ninguna solución.

“Esperó casi ocho meses después de una citación judicial para invocar sus privilegios. La decisión del presidente fue una maniobra política calculada para impedir la publicación de documentos hasta después de las elecciones de noviembre”, afirmó Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión del Gobierno, en un comunicado.

La votación de los republicanos tenía consecuencias meramente simbólicas, por lo que se reservaron la opción de denunciar a Holder por lo civil si el Departamento de Justicia no lo hacía antes. Tanto los demócratas como la Casa Blanca han defendido que la ofensiva republicana tiene el objetivo de perjudicar las posibilidades de reelección de Obama. El Gobierno decidió no acusar a Holder y ahora, casi dos meses después, los republicanos han cumplido su promesa y le llevarán a juicio.

“Al bloquear al Congreso e ignorar la declaración en desacato, el Departamento de Justicia no nos ha dejado otra opción más que tomar medidas legales”, declaró el portavoz de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner.

“No es ninguna exageración decir que la concepción que tiene el fiscal general del “privilegio presidencial”, si la aceptásemos, destrozaría la supervisión que hace el Congreso del poder ejecutivo, en detrimento de esta nación y su estructura constitucional”, alega la denuncia presentada por los republicanos.

La demanda deberá seguir ahora su curso en la Corte del Distrito de Washington en un proceso que puede alargarse durante varios meses, incluso más allá de las elecciones de noviembre.