Estados Unidos se aferra a los rifles pese a las matanzas

Dos masacres, en un solo mes, con 19 muertos, no han forzado un cambio en la percepción pública que los norteamericanos tienen de las armas. En Colorado, el 20 de julio, un joven con probables problemas mentales se hizo con cuatro armas y 6.000 balas, y disfrazado de villano, disparó contra 71 personas en un cine convertido en ratonera. En Wisconsin, el pasado domingo, un simpatizante de grupos neonazis entró en un templo sij con una pistola y aniquiló a seis personas, antes de suicidarse. Esas masacres, unidas al hecho de que cada día 34 personas mueren en Estados Unidos por arma de fuego, no son motivo suficiente para que los estadounidenses exijan leyes más duras con la compra y tenencia de armas.

El centro de estudios Pew realizó una encuesta en Colorado en los días posteriores a la matanza de 12 personas en un cine, a manos del joven de 24 años James Holmes. A través de 1.000 entrevistas, llegó a una sencilla conclusión: “Las opiniones sobre la legislación sobre armas no han cambiado tras el tiroteo”. Un 46% de los encuestados aseguró que “es importante proteger los derechos de los norteamericanos a poseer armas”. Un 47% dijo que sería recomendable “controlar la tenencia de armas” de algún modo. Esas cifras son similares a las de otra encuesta, efectuada en abril, antes de la matanza.

Es un patrón ya común, y el propio centro Pew, que analiza las opiniones sobre la tenencia de armas, así lo admite: “otros grandes tiroteos han tenido también poco efecto en la percepción pública sobre la legislación relativa a la tenencia de armas”. No hubo cambios de opinión tras la muerte de seis personas en Tucson, Arizona, en enero de 2011 —en la masacre en que quedó herida de gravedad la excongresista demócrata Gabrielle Giffords— ni después de la masacre de Virginia Tech en 2007, en la que fallecieron 37 personas.

La consultora Gallup realiza análisis continuados sobre la tenencia de armas en EE UU. Según esos sondeos, la gran mayoría de los norteamericanos cree o bien que las leyes en vigor son lo suficientemente efectivas (en un 47%), o bien que deberían ser más laxas, y facilitar aun más la tenencia de armas (en un 11%). En los pasados 50 años, además, la cifra de tenencia de armas se ha mantenido aproximadamente inalterada: un 45% de los estadounidenses dice tener al menos un arma en casa. Es una cifra sin parangón en el mundo, ni siquiera vista en países en guerra.

Cada año, el Instituto de Grado de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en Suiza, efectúa una encuesta titulada Small Arms Survey. En uno de sus sondeos más recientes concluye que en EE UU hay 88 armas por cada 100 ciudadanos. Entre ellas hay 150 millones de rifles y 83 millones de escopetas, como los que Holmes llevó consigo al cine de Colorado, después de comprarlos legalmente.

Las recientes masacres en Norteamérica tampoco han provocado un debate político sobre las armas, en plena campaña electoral. Los dos candidatos a la presidencia han pasado por el asunto de puntillas. Mitt Romney no se ha pronunciado sobre el asunto. Barack Obama ha dicho, solo a través de un portavoz, que “apoya la renovación de la prohibición de armas de asalto”.

“Hay en el asunto de las armas dos prioridades, dentro de una agenda mucho mayor”, analiza Josh Horwitz, director ejecutivo de la Coalición para Detener la Violencia de las Armas, un centro que aboga por leyes más estrictas. “Lo crucial es imponer una serie de revisiones de antecedentes más exhaustivas y eficientes para aquellos que adquieren armas, y renovar la prohibición de fabricar y vender armas de asalto, de tipo militar, para uso civil. Hay organizaciones que se oponen a esos fines, como la Asociación Nacional del Rifle, que defiende los intereses empresariales del sector que fabrica armas”.

El de las armas de asalto es un asunto que para los activistas es vital. En 1994 el Congreso prohibió su fabricación para uso civil, en una ley ratificada por Bill Clinton. En aquella norma se especificaban 19 tipos de pistolas, rifles y fusiles seimautomáticos diseñados para combate, que sólo podían venderse al extranjero. Eran armas que se recargan mecánicamente pero que requieren que se apriete el gatillo cada vez que se dispara. Esa ley estuvo vigente 10 años y luego expiró, sin que el Congreso o el presidente George W. Bush hicieran nada para evitarlo.

Holmes, el tirador de Colorado, compró legalmente un fusil semiautomático Smith & Wesson AR-15, de calibre 223, con un cargador especial que podía almacenar más de 100 proyectiles. Fue con él con el que provocó un mayor número de víctimas y heridos, según las pesquisas policiales. La venta de ese arma hubiera quedado prohibida por la ley ya caducada.

Una voz política se ha alzado estos días en contra de la facilidad para adquirir armas en EE UU. El independiente Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, se ha convertido en una incómoda voz de la conciencia para el lobby de las armas y para los aspirantes a la presidencia. “El hecho de que criminales, terroristas y otros perturbados mentales tengan acceso a armas es una crisis nacional”, dijo el lunes en conferencia de prensa. “Y los dos candidatos presidenciales aun no han ofrecido a la ciudadanía americana un plan para mantener las armas fuera del alcance de gente peligrosa”.

El hecho de que criminales, terroristas y otros perturbados mentales tengan acceso a armas es una crisis nacional” Michael Bloomberg

Esa crisis, como apunta Bloomberg, no es sólo una cuestión de masacres. El pasado lunes, por ejemplo, un niño de 12 años de California, se puso a jugar con el rifle de asalto de su padre, y acabó disparándole a su hermana, de 17 años, en el hombro. El 25 de julio, un niño de 4 años de Virginia encontró una pistola en una camioneta aparentemente abandonada y, jugando con ella, acabó muriendo por un disparo en la cabeza. En febrero, un joven de 17 años entró en un instituto de Ohio con una pistola, aniquiló a tres compañeros de clase e hirió de consideración a otros tres.

El lobby Asociación Nacional del Rifle —que no respondió a una petición de este diario para explicar sus posturas sobre las armas de asalto— persigue una agresiva política en Washington de defensa de la tenencia y acumulación de armas. Se opone a cualquier reforma que entienda restrictiva y, por supuesto, a la prohibición de fabricar armas de asalto. Después de la masacre de Colorado envió una carta a sus afiliados en la que les pedía donaciones, augurando que los grupos partidarios del control de armas utilizarían el suceso para iniciar una campaña a favor de leyes más estrictas.

Los cuerpos de varias de las 12 víctimas de Colorado aun estaban en la morgue. En los hospitales, nueve personas se hallaban aun en estado crítico. “El futuro de la Segunda Enmienda [de la Constitución, la que ampara el derecho a portar armas] estará en juego”, decía en aquella misiva el vicepresidente de la Asociación, Wayne LaPierre. “Y el futuro de nuestro país y nuestra libertad estarán también en juego”.