Francia sigue expulsando gitanos

Las autoridades francesas evacuaron ayer a unas 200 personas de dos campamentos gitanos en las afueras de Lille, en el norte de Francia, mientras que unos 250 rumanos tomaron un vuelo chárter a su país desde Lyon, en lo que las asociaciones humanitarias denuncian como expulsiones disfrazadas. El nuevo Gobierno socialista, bajo la autoridad del presidente François Hollande, da así continuidad a la polémica política impulsada hace dos años por el exmandatario Nicolas Sarkozy, que fue muy criticada por la entonces oposición socialista. El Ministerio del Interior alega motivos sanitarios y busca un cambio de tono al insistir en la necesidad de buscar alternativas para los desalojados.

Unos 150 agentes supervisaron la evacuación ayer de madrugada de los campamentos de las afueras de Lille, amparada por una decisión judicial tras la demanda de una asociación de vecinos. Los poblados estaban instalados en terrenos públicos, propiedad del Ayuntamiento de Lille, cuya alcaldesa es la primera secretaria socialista, Martine Aubry. Cerca de Lyon, la policía también evacuó ayer a un grupo de unos 60 gitanos, que habían sido expulsados tres días antes de una casa ocupada.

El ministro del Interior, Manuel Valls, ya había anunciado el miércoles en un comunicado que seguiría desmantelando los campamentos “en consideración de las circunstancias y dificultades locales, y en particular de los riesgos sanitarios”. En el mismo texto destacaba que estos pueblos chabolistas son también “un verdadero desafío a la convivencia”. El mensaje de firmeza iba sin embargo acompañado por un llamamiento a la concertación con las ONG y la búsqueda de soluciones alternativas para los evacuados, algo que el presidente François Hollande había prometido durante la campaña presidencial, pero que en el caso de los desmantelamientos de ayer no se cumplió.

Sobre todo, el Ministerio del Interior contempla “una reflexión más global” sobre la situación de los ciudadanos búlgaros y rumanos. En concreto, propone un “examen objetivo” de las medidas transitorias que limitan el acceso al mercado laboral a los rumanos y búlgaros (ciudadanos europeos desde 2007), prolongadas hasta finales de 2013. Las ONG las denuncian como el principal freno a la integración de estos ciudadanos. Una resolución para poner fin a esta limitación ha sido presentada ya por la senadora ecologista Aline Archimbaud y será examinada a mediados de octubre en el Senado, pero el Gobierno podría adelantarse y hacer un anuncio al respecto.

Mientras tanto, los desmantelamientos de campamentos se suceden en los últimos días en ciudades como Lille, París o Lyon, desde donde despegó ayer rumbo a Bucarest un chárter con unos 250 rumanos que han aceptado retornar a su país. Se trata de ciudadanos que se benefician de la denominada Ayuda al Regreso Voluntario (reciben 300 euros por adulto y 150 por niño). El incentivo fue instaurado en 2007, pero en la práctica no impide a quienes se benefician volver de nuevo a Francia. Las asociaciones humanitarias estiman así que el número de gitanos del Este de Europa se mantiene estable desde hace años (en torno a los 15.000) a pesar de las miles de expulsiones anuales, voluntarias o forzadas.