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La ONU alerta sobre nuevos episodios de violencia sectaria en el oeste de Myanmar

Los choques entre budistas y la minoría musulmana rohingya causaron 78 muertos en junio

Los musulmanes rohingya son la etnia sin Estado más numerosa de Asia

ONG acusan al Gobierno de cometer asesinatos y violaciones contra los musulmanes

Familias de Rajine refugiadas en un monasterio el pasado junio.
Familias de Rajine refugiadas en un monasterio el pasado junio. AFP

La ONU señaló este martes que ha recibido informes sobre nuevos episodios de violencia religiosa en el oeste de Myanmar (antigua Birmania), donde los enfrentamientos entre la mayoritaria comunidad budista y la minoría musulmana rohingya, la etnia sin Estado más numerosa de Asia, causaron 78 muertos el pasado junio. Los conflictos en la región occidental de Rajine (ex Arakan), según afirmó el propio presidente birmano, Thein Sein, son una amenaza para las reformas de carácter democrático que se llevan a cabo en la excolonia británica, después medio siglo de dictadura.

El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Adrian Edwards, afirmó que tienen informes sobre la quema de aldeas y señaló que el conflicto en Rajine, una región que limita con Bangladesh y el golfo de Bengala, y está aislada del resto del país por las montañas, ha forzado el desplazamiento de unas 80.000 personas. El periódico birmano Irrawaddy afirma que los nuevos choques entre budistas arakeneses y musulmanes rohingyas se produjeron el lunes, cuando decenas de casas de ambas etnias fueron incendiadas en cuatro localidades. La tensión volvió a subir en la región el pasado jueves, cuando un grupo de musulmanes supuestamente incendió una estación de autobús en la localidad de Kyauktaw, según el periódico.

Rajine tiene cerca de cuatro millones de habitantes, de los que una cuarta parte son musulmanes pertenecientes a la etnia rohingya. Los conflictos entre los budistas, que son el 89% de los casi 60 millones de habitantes de Myanmar, y los rohingya, considerados los “gitanos de Asia”, son habituales en la región occidental del país. La reciente ola de violencia, que se desató tras el hallazgo a fines de mayo del cadáver de una mujer budista, presuntamente violada y asesinada por tres musulmanes, había disminuido tras la declaración del estado de excepción el 10 de junio y la intervención de las fuerzas de seguridad birmanas. Sin embargo, el operativo para restablecer el orden ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos.

El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, Tomás Ojea Quintana, instó el pasado sábado a las autoridades a abrir una investigación “creíble” sobre lo ocurrido en Rajine y afirmó estar preocupado por las denuncias de “graves violaciones perpetradas en el marco de las medidas para restablecer la ley y el orden”.

La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, publicó a fines de julio un informe elaborado a partir de 57 entrevistas en el que acusa al Gobierno birmano de cometer asesinatos, violaciones y detenciones masivas de musulmanes rohingya durante el operativo. La organización denuncia además que las fuerzas de seguridad no protegieron ni a ellos ni a los budistas arakaneses durante los episodios de violencia sectaria.

El relator especial de la ONU pidió la modificación de una ley de 1982 que considera discriminatoria para la minoría musulmana, ya que le niega la ciudadanía y la libertad de movimiento. A pesar de que los rohingya llevan siglos viviendo en el oeste de Myanmar, el Gobierno no los reconoce como una de las 135 “etnias nacionales” del país. Las autoridades birmanas mantienen que proceden de Bangladesh y han pedido a las Naciones Unidas que resuelva su situación. En el país vecino, sin embargo, tampoco son bienvenidos y unos 300.000 rohingya viven hacinados en campos de refugiados.

"Si estas atrocidades hubieran sucedido antes del proceso de reforma del Gobierno la reacción internacional habría sido rápida y firme, pero la comunidad internacional está cegada por la narrativa romántica de un cambio radical en Myanmar, incluso mientras los abusos continúan", afirmó el director de Human Rights Watch para Asia tras los episodios de junio.

Myanmar, que obtuvo la independencia de Gran Bretaña en 1948, vive una etapa de reformas democráticas desde que la última junta militar gobernante se disolvió y traspasó el poder a un Gobierno civil afín en 2011.