La UE exige más democracia a Rumanía

El primer ministro rumano, el socialista Victor Ponta, recibió ayer un severo correctivo político de manos del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, que le impuso cinco obligaciones para ajustar Rumanía al Estado de derecho. Fue un ABC democrático elemental que cubre desde el respeto a la independencia de los jueces a hacer de la integridad en la actividad pública una prioridad política en una Rumanía asociada en la psique colectiva con la corrupción y el abuso de poder. Ponta, a sus 39 años el jefe de Gobierno más joven de la Unión, volvió a Bucarest tras haber prometido a Barroso que su Gobierno hará todo lo necesario para cumplir las tareas. El ajuste de cuentas de Bruselas con Rumanía se produce tras el largo pulso mantenido con Hungría el año pasado y mientras por el horizonte asoma una Bulgaria plagada de tensiones e irregularidades al más alto nivel.

Barroso leyó la cartilla a su visitante, a quien ya el viernes pasado manifestó por teléfono su inquietud por las noticias que llegaban desde Bucarest, incluida la meteórica destitución del presidente conservador Traian Basescu, muy impopular ahora en el país, en un nutrido paquete de medidas cuestionables.

En su entrevista con Ponta, el presidente de la Comisión le dejó claro que “el Gobierno rumano tiene que respetar la total independencia de los jueces; devolver los poderes al Tribunal Constitucional y garantizar que sus decisiones se cumplen; nombrar a un ombudsman [defensor del pueblo] que goce del apoyo de los partidos; establecer un procedimiento nuevo y transparente para el nombramiento de un fiscal general y un director del organismo anticorrupción, y hacer de la integridad una prioridad política”, señaló la Comisión en un comunicado.

De acuerdo con el mismo comunicado, Barroso recibió garantías de Ponta de que “las medidas cuya ejecución sea responsabilidad del Gobierno serán adoptadas inmediatamente”. Además, el primer ministro “hará todos los esfuerzos necesarios para conseguir el mismo compromiso de otras instituciones rumanas”.

Antes de ser recibido por Barroso, Ponta tuvo también que confesarse con el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, que según testigos le recibió con una copia del Tratado de Lisboa sobre la mesa, el tratado cuyo artículo 7 contempla la privación del derecho de voto en materias comunitarias a los países que atenten contra el Estado de derecho. Además de reconvenirle, Van Rompuy le instó a seguir a pies juntillas lo que dijera la Comisión.

Ante los dos presidentes se inclinó Ponta, con lo que la crisis de desconfianza entre Bucarest y las instituciones europeas queda así aparentemente encarrilada. Encarrilada, pero no resuelta: no solo porque Bruselas queda a la espera de que el primer ministro cumpla la palabra dada, sino porque el cenagal político rumano puede aún empeorar.

Ponta llegó a Bruselas relativamente confortado en lo relativo a la legalidad de la destitución de Basescu, tras dos meses de encono político cuya virulencia ha sorprendido en la capital europea. “El Tribunal Constitucional falló el lunes que el procedimiento seguido [para la destitución por repudio parlamentario] fue constitucional, lo que ha sido una decisión de gran alivio”, comentó ayer Ponta en un desayuno restringido con EL PAÍS y otros medios europeos.

“Fue una sorpresa agradable del Tribunal Constitucional, que otras veces las ha producido negativas”, precisó Ponta para poner en contexto lo que puede pasar el día 30, cuando el tribunal decida sobre la validez del resultado del referéndum del próximo 29 de julio, llamado a ratificar la destitución de Basescu. “No sé lo que hará el Constitucional”, indicó.

El Gobierno modificó por decreto la semana pasada la regla que exige más del 50% de participación popular para que la consulta sea válida, lo que este martes (sorpresa negativa, para Ponta) rechazó el máximo tribunal. “Mi Gobierno respetará la medida del 50%”, rectifica ahora Ponta, que también anuncia que acatará la decisión del Constitucional del día 30, si bien se plantea un panorama políticamente insostenible.

“El censo rumano son 18 millones de personas, aunque en realidad hay tres millones de rumanos fuera de Rumanía. Imaginemos que votan ocho millones y que el 95% vota a favor de la destitución, porque Basescu ha pedido a los suyos que no participen en la consulta para evitar que se llegue al 50%. Habrá una gran crisis política: el presidente volverá a su despacho, con el Parlamento en contra, el Gobierno en contra y la opinión pública en contra. La situación me quita el sueño”.

“Necesitamos una solución porque la cohabitación será muy difícil, si no imposible”, dice Ponta. “Hasta ahora ha sido imposible”. La Comisión deberá contribuir a rebajar pasiones en Bucarest. Rumanía, como Bulgaria, está en el microscopio del Ejecutivo comunitario, que la próxima semana emitirá un informe sobre cómo han resultado sus cinco años de pertenencia al club, “incluidos los más recientes acontecimientos”. Malo para las expectativas de Rumanía de convertirse en un socio como los demás.