“Las condiciones de detención de los inmigrantes en Europa son vergonzosas”

Los casos de maltrato a detenidos siguen manchando las credenciales de varios países del continente, incluso en su círculo supuestamente más avanzado: los Veintisiete de la Unión Europea. Mauro Palma (Roma, 1948), experto en prevención de la tortura, subraya en una entrevista concedida en Madrid algunas de las situaciones más problemáticas: la detención de los inmigrantes 'sin papeles', a menudo realizada en condiciones deplorables, y las investigaciones en casos de terrorismo, con frecuencias cubiertas por un halo de opacidad.

“Las condiciones de detención de los inmigrantes son bastante vergonzosas un poco en toda Europa, y especialmente en la región mediterránea”, argumenta Palma, que fue hasta el pasado mes de diciembre presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, la organización de defensa de los derechos humanos que agrupa a 47 Estados europeos con sede en Estrasburgo. “El problema es que en algunos casos las pésimas condiciones no derivan simplemente de una falta de recursos o de una incapacidad de gestión administrativa, sino de una verdadera intención simbólica, del deseo de mandar un mensaje a través del trato”.

Palma relata como ejemplo el grave caso que descubrió durante una inspección en Grecia el año pasado. “En un centro policial de la zona fronteriza con Turquía nos encontramos con 146 personas en 110 metros cuadrados. No había espacio ni siquiera para que los detenidos pudieran tumbarse. Había un solo aseo. Muchos de los detenidos permanecen en esas condiciones durante semanas. La mayoría de ellos viajaba con una mochila con ropa de recambio. Las autoridades las confiscaban y abandonaban a la intemperie, a marchitarse bajo la lluvia. En Grecia, la voluntad de mantener los centros en condiciones particularmente negativas se basa en la intención de que los detenidos manden un mensaje a su país: ‘esto es un infierno”, relata Palma, quien sin embargo explica que los estándares de los centros de detención son muy bajos en todo el arco mediterráneo.

Este episodio se enmarca en la generalizada retórica antiinmigración que avanza a gran ritmo en Europa desde que la crisis sacude su entramado socioeconómico. Partidos xenófobos están en auge en muchos países, y la propia UE adoptó en 2008 una directiva que permite la detención de inmigrantes durante 18 meses por el mero hecho de serlo. “Evidentemente, se trata de una medida con connotaciones muy graves, ya que permite la privación de la libertad de una persona por lo que es, y no por lo que hace, y además con decisión de carácter administrativo y no penal. Pero nosotros [en el Consejo de Europa] confiábamos en que se utilizara para poner un techo a los países que tenían límites de detención más altos. Con amargura nos dimos cuenta de que algunos Gobiernos utilizaron en cambio la directiva para ampliar los límites anteriormente previstos por su legislación. Este es el caso del Gobierno italiano de Silvio Berlusconi, por ejemplo”, dice Palma, que tiene formación de matemático además de jurista, y que sigue trabajando en Estrasburgo, ahora en el Comité de Cooperación para la Ejecución Penal.

La segunda área motivo de inquietud para Palma es la investigación sobre crímenes terroristas. “Un mensaje bastante feo que ha dado Europa después del 11-S es que, para hacer más incisivas las investigaciones, es necesario aumentar el periodo de detención policial. Ahí reside un mensaje según el que reduciendo la transparencia aumenta la eficacia de la investigación. Esta cultura tiene que ser cambiada. Opacidad igual eficacia. En realidad, es el contrario. Reino Unido, en particular ha adoptado medidas por las que entre que la persona es detenida e imputada se puede llegar a 28 días. Pero no está en situación de incomunicación. Este sistema es muy característico de la situación española”, comenta Palma.

El régimen de incomunicación es el aspecto más problemático de la actuación de las autoridades españolas, y ha cosechado numerosas críticas de parte de organizaciones internacionales. Este régimen se aplica en casos de crímenes de especial gravedad, con la intención de impedir al detenido que pueda comunicarse con la banda a la que pertenece mientras las investigaciones estén todavía en acto. Sin embargo, su formulación legislativa y su interpretación jurisprudencial han despertado severas críticas. El preso no puede ni siquiera hablar con el abogado de oficio antes de declarar ante el juez.

“La cuestión de la incomunicación es muy delicada”, opina Palma. “En los últimos años hubo una evolución. La percepción en España de que esto es un problema ha aumentado fuertemente. Y ha habido una evolución de la praxis, con una línea de jurisprudencia que deroga algunos de los aspectos más duros del régimen de incomunicación, introduciendo la posibilidad de avisar de la detención a un familiar o alguien cercano; la visita al preso por parte de médico de confianza, en presencia del de la Audiencia; y que el abogado de oficio, hasta ahora una figura que no puede intervenir, tenga la posibilidad de hablar con el detenido. Estas medidas, que no eliminan el sistema de incomunicación, pero lo aligeran, son puestas en práctica sistemáticamente por tres de los seis jueces de la Audiencia Nacional. Esto demuestra una evolución. Sin embargo, desafortunadamente, las operaciones en casos graves raramente se ejecutan cuando estos jueces están de turno. Se ejecutan casi siempre cuando quienes están de turno de trabajo no las aplican. No quiero ser malicioso, pero observo que, estadísticamente, en la primera mitad de 2011, de 16 casos de incomunicación, todos han sucedido cuando estaba de turno el mismo juez, [Fernando] Grande Marlaska, que no aplica esas medidas”.

Palma observa que, durante sus años al frente del Comité de Prevención de la Tortura, el órgano tuvo “fuerte sospechas” de que en algunos casos las denuncias de maltrato por parte de algunos presos tuviesen fundamento real. “Incluso maltrato físico”, dice Palma.