López Obrador acusa al PRI de comprar cinco millones de votos

Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición de izquierdas Movimiento Progresista, anunció este lunes que el próximo jueves decidirá si solicita la nulidad o invalidez de las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio por considerar que los comicios fueron comprados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). López Obrador aseguró en conferencia de prensa tener pruebas de que el viejo partido hegemónico “compró cinco millones de votos” supuestamente a través de los monederos electrónicos de una entidad financiera y de una cadena de tiendas de autoservicio, y que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, vencedor en las elecciones, superó en seis veces el gasto legal de campaña: 1.817 millones de pesos (unos 110 millones de euros) frente a los 336 millones permitidos.

El candidato de la izquierda ha asegurado que mantendría su rechazo al resultado electoral dentro de los cauces institucionales. “No queremos precipitarnos, está en juego el destino del país, la democracia”, dijo ayer. En las elecciones de 2006 no aceptó su derrota por el 0,56% de los votos ante el presidente Felipe Calderón, rompió con las instituciones y se declaró único presidente legítimo.

Los dirigentes del Movimiento Progresista afirman que desde el pasado 26 de abril presentaron cuatro quejas ante el Instituto Federal Electoral (IFE), la autoridad que debe vigilar la limpieza del proceso, denunciando esas prácticas, así como la compra por el PRI de espacios en las grandes cadenas de televisión mexicanas para promocionar la imagen de Peña Nieto. Acusan al IFE de eludir su responsabilidad al no abrir un proceso sancionador, permitiendo “la violación de principios básicos” de equidad en la campaña electoral. También aducen que las numerosas encuestas publicadas por diferentes medios a lo largo de la campaña, que reiteradamente insistían en una gran ventaja de Peña Nieto sobre López Obrador, lo que finalmente no se cumplió, condicionaron a los votantes. El coordinador de la campaña, Ricardo Monreal, presentó ayer un vídeo en el que aparecen supuestos cheques que acusan a los gobiernos del Estado de México y de Zacatecas de entrega de dádivas.

El IFE certificó el domingo el resultado de los comicios tras haber finalizado el escrutinio oficial. En las elecciones a la presidencia, Enrique Peña Nieto obtuvo 19,2 millones de votos, el 38,2%; López Obrador, 15,8 millones (31,5%) y Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), 12,7 millones (25,4%). Peña Nieto ha recibido ya las felicitaciones por su triunfo de numerosos jefes de Gobierno y de Estado extranjeros desde Barack Obama a Mariano Rajoy pasando por Hugo Chávez y Raúl Castro.

Las denuncias de presuntas irregularidades, que han producido una catarata de vídeos en Youtube y denuncias en las redes sociales en la última semana, han empañado el proceso electoral y para algunos sectores socava la legitimidad de la elección de Peña Nieto. La compra de votos se realizó supuestamente a través del monedero electrónico del banco Mónex y de la tarjeta de descuentos de los supermercados Soriana. Las dos empresas así como el propio PRI han negado rotundamente los hechos. Informaciones de la prensa mexicana aseguran que miles de personas recibieron por este método hasta mil pesos a cambio de su voto. El escándalo se destapa, según esas informaciones, porque algunos ciudadanos se vieron defraudados al recibir solo 100 pesos en lugar de los 1.000 que esperaban.

El PAN, el gran derrotado,
coquetea de momento con
la idea de hacer causa
común con la izquierda

La izquierda tiene dos vías para hacer prosperar su recurso, según explica Eduardo R. Huchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y editorialista del diario Reforma. Acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar la nulidad de los comicios presentando pruebas de que efectivamente se produjo esa compra de votos y demostrando que esas irregularidades ocurrieron “en por lo menos el 25% de las casillas (mesas electorales) instaladas”, es decir, la cuarta parte de las 143.000 mesas utilizadas, según el artículo 77 bis de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. El tribunal electoral tiene hasta el 6 de septiembre para emitir un veredicto.

La otra vía es solicitar la invalidez de los comicios apelando al Artículo 41 de la Constitución mexicana que garantiza “elecciones libres, auténticas y periódicas”, establece que los partidos políticos “cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades”, pone topes a sus gastos y regula los espacios de radio y televisión de los que pueden disponer en campaña.

Huchim opina que las recientes elecciones solo cumplieron el requisito de “periódicas”. “No fueron libres porque hubo coacciones ni fueron auténticas por el gasto descomunal del PRI. Hay fundamentos para anular o invalidarlas pero no creo que los magistrados se atrevan. Además está la dificultad de vincular el exceso de gasto o compra de votos con ese porcentaje tan alto de casillas. Si al recurso de la izquierda se uniese el PAN la impugnación sería muy importante y podríamos estar ante un conflicto constitucional”, añade. El experto recuerda como antecedente que la Sala Regional del TEPJF anuló en 2010 las elecciones municipales del Estado de Morelia al hacer prevalecer los principios de la Constitución sobre lo dispuesto en leyes inferiores.

El PAN, el gran derrotado en las elecciones, ha coqueteado por el momento con hacer causa común con la izquierda. El partido del actual Gobierno inició el lunes el procedimiento para expulsar al expresidente Vicente Fox (2000-2006) por hacer público su apoyo al candidato del PRI.