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Las milicias secuestran la transición libia

Cientos de grupos armados siguen imponiendo la ley del terror, según un informe de Amnistía Internacional

Las autoridades, incapaces de controlar la situación, toleran los abusos

Un mural en Trípoli conmemora la matanza de un millar de presos en la cárcel de Abu Salim, en 1996.
Un mural en Trípoli conmemora la matanza de un millar de presos en la cárcel de Abu Salim, en 1996. EFE

Han pasado 16 meses desde el inicio de la revuelta popular que acabó con el régimen de Muamar el Gadafi. Dentro de una semana, los libios acudirán a las urnas por primera vez en casi medio siglo para escoger una Asamblea Constituyente. Sin embargo, Libia sigue secuestrada por cientos de milicias que combatieron la dictadura y que hoy se han convertido en el principal lastre para la transición a la democracia. Un informe presentado este jueves por Amnistía Internacional (AI) describe un panorama sombrío. Los milicianos se niegan a entregar las armas y continúan cometiendo tropelías. Las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos se suceden con total impunidad.

El informe, titulado Libya: rule of law or rule of militias? (Libia, ¿imperio de la ley o imperio de las milicias?), recoge los hallazgos de una delegación que visitó el país los pasados meses de mayo y junio. Y poco parece haber cambiado respecto a otras investigaciones previas.

Las milicias imponen su ley en los territorios bajo su control, y siguen tomándose la justicia por su mano. Unas 4.000 personas, acusadas de ser leales al régimen gadafista, están en poder de estos grupos armados, muchas encerradas en centros clandestinos, en condiciones deplorables. Es cierto que otras 3.000 han sido transferidas en los últimos meses a las prisiones bajo control de las autoridades, y que el tratamiento recibido por los presos más antiguos ha mejorado. Pero los nuevos detenidos (a menudo de forma arbitraria) siguen sufriendo torturas.

El equipo de AI halló pruebas recientes de palizas y abusos en 12 de 15 centros de detención: desde suspensión en posturas dolorosas a descargas eléctricas, pasando por palizas brutales con barras metálicas, palos o culatas de fusil. El informe registra al menos 20 casos de prisioneros muertos por tortura desde agosto de 2011. Las fotografías a las que ha tenido acceso la organización no dejan lugar a dudas.

Tampoco ha mejorado la situación de las poblaciones desplazadas. Tal es el caso de los 30.000 habitantes de la ciudad de Tauerga, obligados por las milicias de la vecina Misrata a dejar sus casas, y hoy dispersos como refugiados. Los de Tauerga han sido señalados por pelear a favor de Gadafi, pero también son negros. Y eso es un agravante que destaca el informe de Amnistía: tanto los libios de piel oscura como los inmigrantes subsaharianos son víctimas del racismo latente.

Una ley concede inmunidad
judicial a los milicianos
por los actos cometidos para
“proteger la revolución”.

En los primeros meses de la guerra, las milicias, formadas por civiles y luego reforzadas por militares y policías desertores, fueron los únicos grupos capaces de garantizar el orden y llenar el vacío dejado por el desplome del régimen. Los libios miraban con orgullo a sus zowar, a sus combatientes. Sin embargo, con el tiempo esos grupos armados se han convertido en pequeños ejércitos, con sus mandos, sus arsenales y un control territorial que no están dispuestos a perder. Y han tomado como rehenes a las propias poblaciones, víctimas de sus esporádicos enfrentamientos con ametralladoras o lanzagranadas, ya sea en Trípoli, la capital, o en Kufra, en el sur del país.

Amnistía Internacional constata que las autoridades libias (el Consejo Nacional de Transición y el Gobierno provisional) parecen “no tener capacidad ni voluntad de confrontar a las milicias”, con la excusa de la inseguridad y de la abundancia de armas. Antes al contrario, les han dejado las manos libres con una ley, aprobada en mayo, que concede inmunidad judicial a los milicianos por los actos militares y civiles cometidos “con el objetivo de proteger la revolución del 17 de febrero”.

“Los retrasos y las carencias del Gobierno a la hora de controlar los abusos de las milicias están socavando las aspiraciones del pueblo libio, que tomó las calles con valentía para acabar con décadas de represión e injusticia”. Existe el riesgo, advierte Hassiba Hadj Sahraoui, directora de AI para Oriente Medio y Norte de África, de que el patrón de violaciones de los derechos humanos que marcaron las cuatro décadas de régimen de Gadafi “se termine enquistando y reproduciendo”.