Gobierno y policías logran un acuerdo salarial que pone fin al motín en Bolivia

El alivio ciudadano ante la conclusión del motín policial, por un acuerdo la madrugada del miércoles, ha durado lo que dura un respiro. La tensión ha vuelto a las calles de La Paz después de que se encontraran ahí miles de campesinos afines al Gobierno y manifestantes indígenas que desde hace 60 días piden respeto para sus territorios.

La Policía ha abandonado el motín que había mantenido por seis días y ha reanudado sus actividades en todo el país tras un acuerdo suscrito con el Gobierno, fruto de largas negociaciones en las frías madrugadas del invierno altiplánico, que establece un aumento de 10 euros al salario básico pero con mayores beneficios sociales. Una comisión jurídica ha sido encargada de revisar la ley de Régimen Disciplinario ahora en suspenso y el Gobierno ha aceptado que no va a procesar a los autores de los actos vandálicos durante las protestas.

El cansancio de los amotinados, la indefensión ciudadana y la convergencia en las calles de la sede de gobierno de corrientes contrapuestas de indígenas y campesinos han apurado el convenio. “El acuerdo se lo hizo pensando en el pueblo de Bolivia. Ya era hora pues la población estaba desprovista de servicios de seguridad”, ha declarado la suboficial Esther Corzón, una de las delegadas que ha firmado el acuerdo de 10 cláusulas.

Ha pesado también en el ánimo de los efectivos policiales las acusaciones gubernamentales en su contra por una presunta relación con un movimiento subversivo, que las autoridades demuestran ahora con la exhibición de pruebas de la conspiración.

Los efectivos policiales tienen ante sí un reto: cómo mantener el orden y la seguridad en esta coyuntura con la autoridad moral algo disminuida por el vandalismo policial de los primeros días de su amotinamiento.

Desde la ciudad dormitorio de El Alto, a 14 kilómetros del centro, centenares de seguidores afines al Gobierno se han volcado a las calles para defender el proceso de cambio y pedir que se construya una carretera por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Del otro extremo de la ciudad, también desde las alturas de la cordillera andina, se ha hecho presente la columna indígena de tierras bajas y altas. Ateridos por el frío del invierno altiplánico, afectados por la altura y el agotamiento de una caminata de unos 700 kilómetros, los caminantes –hombres, mujeres, niños- quieren asegurarse de que se respetará la ley de Evo Morales que prohíbe la construcción de carreteras por el TIPNIS.

El vicepresidente Álvaro García Linera ha anunciado que el Gobierno ha desbaratado la conspiración atribuida a los partidos de oposición y a una derecha política, que ha sido duramente calificada, merced a la acción de los movimientos sociales.

Las denuncias oficiales sobre la conspiración señalaban la existencia de un “plan TIPNIS”, que iba a ampararse en la llegada de la columna de marchistas de tierras bajas a la sede de Gobierno y el motín policial.

“Hemos visto a políticos de derecha infiltrados, marchando junto con los policías y siento que los están usando, confundiendo a nuestra Policía, para conspirar contra la democracia, contra el pueblo boliviano”, ha afirmado el presidente Evo Morales ante una multitudinaria concentración de campesinos aimaras y quechuas que se encuentran en La Paz, a propósito de los 33 años de vida de la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, para defender al Gobierno.

“Estoy seguro de que estas confederaciones seguirán derrotando cualquier intento de golpe de Estado” ha declarado ante la multitud desde una testera en la que estaban presentes ocho de los nueve gobernadores de las provincias bolivianas. “Todos somos parte de la democracia y la mayoría somos parte de este proceso de cambio o el proceso revolucionario, por tanto tenemos la obligación de defender este proceso".

Las autoridades de las comunidades del altiplano han expresado, con pronunciamientos escritos, su pleno apoyo al presidente Morales y consideran que su presencia en La Paz, junto a otras federaciones de colonizadores, de mujeres campesinas y juntas vecinales, es muy importante para hacer respetar el proceso de cambio y el régimen democrático. Otros sectores como los mineros, los petroleros y del pequeño comercio también dan su pleno respaldo al presidente.

Los líderes indígenas han anunciado que van a evitar de todas las formas posibles cualquier roce con los movimientos sociales mientras dure su estancia pacífica en La Paz, que depende de que el presidente Morales fije una fecha para reunirse con ellos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha adelantado que el Gobernante, de raíces aimaras, “no va a dar la bienvenida a la marcha indígena; no está prevista en su agenda”. Morales y su gabinete preparan su participación en la reunión presidencial del Mercado Común del Sur, en Argentina, a propósito de la destitución congresal del presidente paraguayo.