El Gobierno de Humala recrudece su enfrentamiento con la oposición en Perú

Mientras el presidente peruano Ollanta Humala visita Ginebra y Estrasburgo, capitales internacionales de la defensa de los derechos humanos, en su país crecen las críticas por el uso instrumental del aparato de inteligencia y el poder judicial al menos en tres casos recientes. Por un lado, para neutralizar o atacar a un respetado parlamentario. Y por otro a dos líderes políticos de sendas movilizaciones contra proyectos mineros en Espinar (Cusco, sierra sur) y Cajamarca (norte del país).

El martes hubo fuertes críticas contra el oficialismo debido a que un fiscal ordenó levantar el secreto de las comunicaciones de un teléfono del congresista Luis Galarreta, presidente de la comisión de Economía. La medida fue ordenada como parte de un proceso judicial contra un periodista que accedió ilegalmente a correos electrónicos del ministro de Comercio. El fiscal había ordenado la intervención de 18 números telefónicos y el de Galarreta aparecía entre las llamadas recientes del periodista que cubría fuentes económicas.

El legislador Carlos Bruce declaró el martes que es ilegal intervenir las comunicaciones de un congresista sin antes haberle quitado la inmunidad parlamentaria. Mientras que la congresista Carmen Omonte, portavoz de la alianza Perú Posible, dijo que “no hay nada que justifique esos métodos heredados de [Vladimiro] Montesinos”, el ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori, en prisión por crímenes contra la humanidad.

La reacción indignada de los parlamentarios de la Alianza por el Gran Cambio, a la que pertenece Galarreta, y de otras bancadas, llevó a que el fiscal de la Nación, José Peláez, retirara al fiscal de la unidad contra el crimen organizado que pidió la intervención. La parlamentaria Marisol Pérez Tello anunció que si Peláez, no renunciaba, iniciarían una acusación constitucional en su contra.

Por otro lado, tras estar 15 días preso, un juez dictó la libertad del alcalde de la provincia de Espinar, Oscar Mollohuanca, líder de la protesta social de la zona contra Xstrata Tintaya. El lunes 28 de mayo, murieron tiroteados por la policía dos personas en una protesta, Walter Sencia y Rudecindo Puma: ese día el Gobierno declaró el estado de emergencia y un par de días después detuvo a Mollohuanca, en un proceso que ha sido criticado por abogados y analistas.

Entre los datos que se cuestionan, está el traslado de la causa de un juzgado a otro que se supone más favorable a los intereses del Gobierno. “El cambio de administración judicial de Cusco a Ica [para que se vea allí el caso Mollohuanca] fue una muestra de la complacencia del Poder Judicial con el Ejecutivo, pues la resolución respondió a un pedido del ministerio del Interior”, comentó el martes el abogado Carlos Rivera en una conferencia en Lima con la prensa extranjera.

Rivera, uno de los defensores de Mollohuanca, agregó que hace unos meses el presidente del Poder Judicial, César San Martín, criticó las mafias en dicho poder del Estado: “Y una de esas mafias era las cortes de Ica, donde hay posibilidad de interferir políticamente en la justicia”.

Cuando se produjo la detención de Mollohuanca hubo fiscales enviados por el Ministerio Público de Lima que asumieron funciones en Cusco, desplazando al fiscal de Espinar. “Estas muestras de la falta de independencia de sistema de justicia lo hacen aparecer como un instrumento del poder político”, agregó Rivera, director del equipo legal de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).

Pulgar Vidal sostiene que podría viajar a Cusco para retomar el diálogo sobre Espinar

Por su parte, Wilfredo Ardito, doctor en Derecho y activista de derechos humanos desde la década de los 80, comentó que “el traslado de competencia de Cusco a Ica y la absurda orden de prisión preventiva por cinco meses a Mollohuanca demuestran esta nueva actitud sesgada” del poder judicial a favor del Ejecutivo.

El mismo traslado de competencia judicial para procesar a los ‘revoltosos’ se aplica a Cajamarca, pues los procesados por disturbios tienen que ir ahora a una corte en el departamento de Lambayeque. El Poder Judicial basó esa decisión en que no hay garantías en Cusco y Cajamarca para que los jueces hagan su trabajo, sin embargo, algunas otras detenciones, habeas corpus y detenciones del caso en Espinar sí se desarrollaron en Cusco y exceptuaron de ello el expediente del alcalde.

“El propio César San Martín está convencido que en algunos lugares del país se viven situaciones inmanejables por los cánones normales. Una ofensiva mediática muestra las primitivas masas andinas y la incapacidad de las autoridades locales. El temor es que los violentos, andinos, cholos, campesinos y manipulados vayan a sabotear el progreso del país”, agrega Ardito.

Consultado por EL PAÍS, tras el anuncio de la liberación de Mollohuanca, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, sostuvo que podría viajar a Cusco para retomar el diálogo sobre las evaluaciones de contaminación que demanda la población de Espinar.

Mientras, en el conflicto por el proyecto Conga en Cajamarca, quizá el que más repercusión ha tenido fuera de Perú, el presidente del Gobierno regional, Gregorio Santos, es investigado de oficio por una fiscalía de Lambayeque por supuesto delito de “apología a la rebelión”. El origen de la investigación está en unas declaraciones de Santos en las que afirmó: “¿Qué se hace cuando un presidente [Humala] no cumple sus promesas?”. Sus seguidores clamaron: “¡Lo sacan!”.

Cada mes hay en Perú unos 70 conflictos sociales originados

El hijo de Santos y la madre del menor fueron agredidos el martes pasado por un individuo en una moto lineal en Jaén, de donde es oriundo Santos, ex dirigente de las rondas campesinas que se enfrentaron a Sendero Luminoso en los años 80.

Mientras tanto, el otro líder de la huelga indefinida que vive Cajamarca, el fundador del movimiento político Tierra y Libertad, Marco Arana, es seguido muy de cerca por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) y por la dirección de inteligencia de la Policía Nacional.

El jueves pasado, el semanario Caretas publicó un informe secreto de la DINI sobre una reunión del ex sacerdote Arana con Mollohuanca en Espinar, realizada en marzo. El burgomaestre pertenece al mismo movimiento político de Arana. La revista indicó que el aparato de inteligencia busca también información privada sobre el político ambientalista.

Ante las críticas, el primer ministro Oscar Valdés ha afirmado que el Gobierno no defiende a las empresas mineras. Pero el jefe de la DINI, Víctor Gomez Rodríguez, es un capitán del Ejército en retiro de la promoción del presidente Humala que trabajó como gerente de seguridad durante casi dos décadas en dos de las principales mineras, Southern Perú y Antamina.

Cada mes en el Perú hay unos 70 conflictos sociales originados por disputas medioambientales; la administración Humala está quedándose sin interlocutores al insistir con el mensaje de “orden y mano dura”, sin diálogo y respeto a los recursos naturales como ofreció en la campaña electoral de 2011. En ese marco, el primer ministro Valdés declaró el lunes: “Lo que todos los peruanos debemos esperar es que nuestro presidente, una vez elegido, ya debe olvidarse de sus promesas electorales. Debe gobernar para el 100% de los peruanos”.