¿A quién teme Putin?

No nos equivoquemos. No es que Vladímir Putin no quiera tener oposición, lo que ocurre es que la quiere —y la necesita— de diseño. Unos requisitos que no cumple el abigarrado movimiento que, a falta de mejor definición, podríamos llamar oposición informal.

Cae dentro de la lógica pues que, como explica la prensa rusa, el presidente firmara la semana pasada un proyecto de ley destinado a aumentar la multa individual hasta 300.000 rublos (unos 7.200 euros) por participar en “protestas ilegales” y hasta un millón de rublos por organizarlas, cuando antes rondaba los 5.000 rublos en ambos casos.

El argumento a favor de esta ley que hizo aprobar Rusia Unida, el principal pero menguante partido en la Duma, es la necesidad de garantizar la protección de los transeúntes contra posibles actos de violencia de los manifestantes. Lejos quedan, como recordaba recientemente el conocido diario Nezavisimaya Gazeta (que dejó hace tiempo de ser la voz crítica que fue antaño), las declaraciones del entonces presidente Dmitri Medvédev, que afirmaba en noviembre de 2010 que “el derecho a celebrar actos públicos está directamente relacionado con los derechos de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos del Estado, a la libertad de opinión, y otros derechos constitucionales”.

Los rusos quieren dejar de ser tratados como sujetos feudales

A pesar de todo, los líderes de esta oposición informal han llamado para mañana martes a participar en la primera gran manifestación de protesta desde la vuelta al poder de Putin en su tercer mandato (esta vez de seis años de duración, en lugar de cuatro anteriores). Se espera que la concentración sea masiva pero, en verdad, el poder de convocatoria que vamos a presenciar es aún una incógnita. De hecho, es muy posible que, con la ley represiva y las redadas en las casas de los más destacados líderes opositores, el Kremlin haya regalado a los disidentes un magnífico empujón a su popularidad y acabe cosechando lo contrario de lo que pensaba sembrar.

Esta nueva oposición que ha conseguido un lugar visible en el espacio público es sin duda un fenómeno nuevo, aún difícil de discernir, y todo permite pensar que su representatividad es más alta que lo que las meras cifras de los participantes en las manifestaciones callejeras indican. La sociedad rusa se ha diversificado y la proporción de los que ya no dependen directamente del Estado ha pasado a ser mayoritaria. Por otra parte, el innegable aumento del nivel de vida material, que había silenciado a amplias capas sociales durante varios años, ya no es suficiente para compensar una creciente exigencia de los rusos de ser tratados como ciudadanos modernos y no como sujetos feudales.

La oposición aún sufre el lastre de la rivalidad entre personalidades

Sin embargo, la ausencia de Estado de derecho en Rusia deja a la oposición en una situación muy compleja a la hora de diseñar tácticas de momento y estrategias de futuro. Como observa con acierto Aleksey Malashenko, un destacado analista ruso, “el equipo de Putin cuenta con el poder del presidente y el de sus seguidores; el equipo de los opositores solo puede confiar en sus propias fuerzas”. Pero el problema va más allá. Esta oposición es estructuralmente débil, ideológicamente muy diversa, y aún demasiado dependiente del viejo lastre ruso de la rivalidad entre personalidades. De momento, su principal factor de fuerza y cohesión es precisamente la lógica opositora (el enemigo común) pero le queda mucho camino que recorrer para llegar a ser una alternativa real (el proyecto común). Aun así, y aunque la manifestación no llegue a cumplir las expectativas, a medio plazo, la victoria para el actual poder será pírrica.