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Detenido uno de los líderes de las protestas en el sur de Perú

El presidente regional dice que el Gobierno había dado garantías de que el alcalde de Espinar no sería arrestado

La policia vigila las calles de Espinar (Peru), en estado de emergencia.
La policia vigila las calles de Espinar (Peru), en estado de emergencia. EFE

El Gobierno de Ollanta Humala vuelve a estar en aprietos por su dificultad para resolver conflictos sociales. En el segundo día del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo peruano en la provincia sureña de Espinar (departamento de Cusco), el alcalde del municipio del mismo nombre, uno de los líderes de las protestas locales contra una minera, fue detenido ayer cuando esperaba retomar el diálogo teniendo como intermediario al presidente regional de Cusco, Jorge Acurio.

Acurio afirmó que el primer ministro, Óscar Valdés, le había autorizado a dar garantías al regidor, Óscar Mollohuanca, de que no sería detenido, para poder coordinar la instalación de una mesa de diálogo.

“No entiendo el criterio del Gobierno nacional por esta manera autoritaria de detener a una autoridad sin el debido proceso”, señaló Acurio desde Espinar en declaraciones para Canal N.

Sin embargo, minutos después Valdés negó haber dado esas instrucciones al presidente regional de Cusco, y reiteró que el Ministerio Público y la Policía Nacional estaban actuando para restablecer el orden en la provincia de Espinar, en estado de emergencia tras la muerte de dos personas durante las protestas.

Los pobladores de la zona, liderados por Mollohuanca y el Frente de Defensa de Espinar, iniciaron las movilizaciones el 21 de mayo, después de que se rompiera el diálogo con la empresa minera Xstrata, iniciado en febrero, tras intentar de forma infructuosa que el Ejecutivo intermediara en el conflicto.

Los dirigentes locales exigen a la empresa la resolución de los problemas causados por la contaminación del agua, reparaciones para los perjudicados y una renegociación de los aportes voluntarios de la minera a la zona, aumentando su cuantía desde el 3% actual hasta el 30% de los beneficios.

El Frente de Defensa agrupa a líderes que desde noviembre pedían a la empresa que revisara un acuerdo de responsabilidad social que data de 2003 y que fue firmado con la empresa BHP Billiton Tintaya, que explotaba cobre en dicha concesión antes de Xstrata. La policía detuvo el martes al presidente del Frente, Herbert Huamán, poco después de que este hiciera declaraciones a un canal de televisión en el exterior de un hospital.

El alcalde Mollohuanca permaneció el martes ilocalizable y ayer volvió a la sede municipal. Entrevistado por Canal N, Mollohuanca aseguró que los habitantes de la zona estaban listos para retomar el diálogo con la minera y que esperaban la llegada de una comisión de alto nivel, pero minutos después un grupo de efectivos policiales irrumpió en el Ayuntamiento, rompió cristales, empujó a ciudadanos que realizaban trámites y detuvo al alcalde. Posteriormente, la policía reprimió con varas a un grupo de pobladores que se agruparon en la plaza de Armas de la localidad reclamando la libertad del alcalde. Una adolescente resultó herida.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Silvio Campana, dijo a EL PAÍS por teléfono que han solicitado al Ministerio Público y al Poder Judicial la evidencia de que existía una orden de detención de Mollohuanca. “No tenemos la precisión de que existía un mandato judicial, en caso contrario hay que exigir el debido proceso, pues no estaba vulnerando las restricciones del estado de emergencia”, explicó Campana.

Además, la noche del lunes fueron detenidos dos trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani en la entrada de uno de los campamentos de Xstrata Tintaya, después de haber logrado que un grupo de pobladores liberara a un fiscal al que secuestraron tras la muerte de dos manifestantes.

Campana informó que los miembros de la Vicaría “se presentaron en el lugar con carácter humanitario” para averiguar el estado de otros detenidos y fueron arrestados sin motivo.

El representante de la Defensoría del Pueblo también confirmó que un grupo de 200 estudiantes de la Universidad pública San Antonio Abad se movilizó en el exterior de la sede policial donde permanecen detenidas siete personas, entre ellos dos trabajadores municipales de Espinar y los dos empleados de la Vicaría de la Solidaridad.