La fiscalía acusa a dos exministros argentinos por el accidente del tren

El fiscal argentino que investiga el accidente de tren en el que murieron en febrero pasado unas 51 personas en Buenos Aires acusó de “complicidad criminal” a dos exsecretarios de Transporte (ministros) del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012). Si bien las pericias judiciales demostraron que los frenos del ferrocarril funcionaban y no supusieron la causa de que se estrellara contra la estación terminal de Once, el fiscal Fernando Delgado consideró en un dictamen que presentó el pasado lunes al juez de la causa que las malas condiciones del servicio permitieron que ocurriera la tercera mayor tragedia ferroviaria de la historia argentina.

El juez Claudio Bonadio aceptó la petición del fiscal de llamar a declaración indagatoria a 30 imputados, entre los que se incluyen Schiavi, Jaime (que había sido secretario de Transporte en todo el Gobierno de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007); los dueños de la empresa concesionaria de trenes TBA, Mario y Claudio Cirigliano; ejecutivos y técnicos de esa compañía y funcionarios encargados del control del servicio. Jaime, que en 2008 fue el encargado de expropiar la casi quebrada Aerolíneas Argentinas a Marsans, debió renunciar en 2009, tras una derrota del kirchnerismo en elecciones legislativas, porque se le acumulaban las denuncias judiciales por presunta corrupción.

Uno de los casos en los que aún se le investiga es por los supuestos sobornos en la compra de trenes usados a Portugal y a la empresa pública española de comercio exterior P4R. La mayoría de esos vagones sigue en desuso en talleres ferroviarios de Argentina. A su vez, los Cirigliano son unos poderosos empresarios que cuentan con varios negocios con el Estado argentino. Por ejemplo, sus empresas han ganado las subastas para producir decodificadores de televisión digital y ordenadores portátiles que el Gobierno reparte entre la población pobre y los estudiantes de escuelas públicas, respectivamente. También cuentan con concesiones del Estado nacional para operar líneas de autobuses y permisos de las provincias para gestionar casinos. Claudio Cirigliano está procesado en una causa por presuntas dádivas a Jaime.

En cuanto al accidente de tren en particular, el fiscal Delgado escribió en su acusación ante el juez: “El concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos (en concepto de subvenciones para evitar aumentos del tique), pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar, refugiándose en la sacralidad del expediente, que se convirtió en un simple recurso para ocultar la realidad y, eventualmente, proporcionar una explicación a los organismos de control y/o a la opinión pública. Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal”.

El fiscal asegura que TBA recibió desde 2003 unos 324 millones de euros de subsidios, pero los secretarios de Transporte nunca ejecutaban las multas que correspondían por las fallas en el servicio que señalaban los organismos de control. Esas sanciones quedaban solo apuntadas en expedientes, pero jamás se materializaban.

Delgado acusa a los 30 imputados de estrago culposo, es decir, que por negligencia permitieron que ocurriese el accidente. Este delito puede ser penado con hasta cinco años de cárcel. El fiscal afirma además que los exsecretarios y los empresarios cometieron peculado, es decir, la sustracción de fondos, en este caso, subvenciones, cuya administración estaba en manos de funcionarios. Por este delito pueden pasar otros 10 años tras las rejas.

Lo que deberá demostrar ahora el fiscal es que las malas condiciones del servicio provocaron el accidente. Las pericias demostraron que el sistema de freno funcionaba bien. Solo uno de los siete frenos aparentemente estaba roto, pero no fue determinante en el choque. De ahí que ahora las miradas se centren en la responsabilidad del chófer. Se sospecha que no detuvo el convoy a tiempo. El fiscal señala que los trenes eran sometidos a controles de seguridad “informales” y “diferidos” y que los choferes no disponían de velocímetros para conducir.