El Gobierno de Costa Rica anuncia un plan de recortes para reducir el déficit

Camarones, langostas, salmones, ostras, aguas de manantial, cerezas y ciertas carnes de ternera y cerdo son algunos productos suntuarios que perderán exenciones tributarias en Costa Rica, como parte de un plan tijera anunciado por la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, para recortar el gasto público y reducir el más elevado déficit fiscal de América Latina. Pero la tijera también servirá para congelar salarios y pensiones de privilegio, reducir el aporte del Estado a los partidos políticos y vender inmuebles estatales.

El objetivo es que sueldos y jubilaciones superiores al equivalente a 3.500 euros dejen de recibir incrementos anuales automáticos y que el consumo de productos suntuarios —entre los que también están melocotones, cerezas y arroz italiano y de paella— sea gravado con un impuesto de ventas del 13%. El sector ganadero advirtió que teme una caída de sus ventas, ya que algunos cortes de res y cerdo son considerados como de lujo en el mercado local.

La contribución estatal a partidos que participen en procesos electorales será reducida del 0,11% al 0,08% del producto interior bruto (PIB). Tambien se busca extender la facturación electrónica para evitar la evasión fiscal, mientras que las remesas enviadas al exterior como ganancias empresariales dejarán estar exoneradas del pago de tributos.

“Ya recortamos gastos no prioritarios. Ya congelamos los salarios de ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones autónomas; y por supuesto, el salario de mis vicepresidentes y el mío propio”, dijo la presidenta en un mensaje emitido al anochecer del miércoles por radio y televisión. Con estas medidas “ya economizamos” 152 millones de euros en 2011 “y hemos contenido el crecimiento de ese déficit”, alegó Chinchilla, que descartó despidos masivos en el sector estatal.

“Durante mucho tiempo, el Estado costarricense gastó más de lo que recibe y ya hoy no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar sus obligaciones. Esto es muy serio, ya que pone en riesgo los programas que benefician a miles de costarricenses, como las becas para educación, los comedores escolares, las guarderías infantiles, las soluciones de vivienda, la inversión en seguridad y muchos más”, advirtió la mandataria.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2011 Costa Rica registró un déficit fiscal de 5,6% del PIB, el mayor de un Gobierno central en América Latina. Datos oficiales muestran que el Estado se endeuda para financiar más del 45% de sus gastos, en un país con un incremento del PIB del 4,2% en 2011 y una inflación cercana al 5% anual. La proyección oficial es que el crecimiento económico del 2012 sea del 3,8%.

La crisis fiscal costarricense se agravó en las últimas semanas, después de que el pasado 10 de abril el Tribunal Constitucional declarara ilegal un plan de reformas tributarias para crear impuestos y lograr mayor recaudación, aprobado preliminarmente por la Asamblea Legislativa (Congreso) y presentado al Parlamento por Chinchilla, que pretendía equilibrar las finanzas públicas aumentando los ingresos un 1,5% del PIB.

El paquete de medidas de reducción del gasto pretende que el déficit fiscal baje un 0,8% del PIB y “no supere” el 5% en mayo del 2014, cuando finalizará la Administración de Chinchilla.

El rechazo del Constitucional coincidió con un escándalo en el Gobierno. El ministro de Hacienda y otro alto cargo fiscal dimitieron a inicios de este mes porque tenían millonarias deudas pendientes con el fisco u “olvidaron” actualizar el valor tributario de sus propiedades inmobiliarias. El ministro Fernando Herrero y Francisco Villalobos, jefe de la oficina de recaudación tributaria, se vieron obligados a renunciar después de que el diario La Nación revelara que aunque ambos aplicaron mano dura para cerrar empresas morosas con el fisco y desplegaron una ofensiva de cobro de tributos, ellos mismos están o estuvieron recientemente en situación irregular con el pago de impuestos de algunas de sus empresas y propiedades.

Chinchilla ha afrontado días de aguda turbulencia política que amenazan con resquebrajar más su margen de maniobra política, con un deterioro de su popularidad y sin mayoría, en un panorama legislativo volátil. Con el nuevo plan, y en vísperas de que el próximo 8 de mayo cumpla dos de sus cuatro años de Gobierno, la mandataria pretende oxigenar la fase final de su gestión.

Miles de personas marcharon ayer en San José, convocadas por los sindicatos de la enseñanza en rechazo a la política fiscal del Gobierno, mientras que el sector empresarial respaldó la iniciativa de Chinchilla. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Juan Carlos Mendoza, del opositor Partido Acción Ciudadana, apoyó las medidas anunciadas por la presidenta.

El plan “es un paso en la línea correcta, pero se queda corto”, dijo a EL PAÍS Melvin Garita, economista jefe de la empresa bursátil Lafise. Según Garita, “recortar gastos, eliminar grasa y gastos superfluos hace más eficiente la gestión pública. Es necesario que los recortes que se estén dando llegaran al menos al 2,5% o 3% del PIB y no al 0,8% o 1%”.

Un recorte más profundo, advirtió Chinchilla, “significaría despedir unos 24.000 funcionarios” o dejar de pagar el 60% de los intereses de la deuda pública y el 55% de las pensiones del presupuesto nacional. “Estas medidas no son realistas ni son posibles. Tampoco estoy dispuesta a sacrificar el histórico nivel de inversión que hemos alcanzado en materia social”, recalcó.

Aunque ha sido el país con la mayor estabilidad política de Centroamérica, por un Estado benefactor vigente desde la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica sigue sin reducir la pobreza, que golpea al 20% de sus 4,3 millones de habitantes.