Los conflictos sociales en Perú comienzan a asfixiar a Humala

Terminada la Semana Santa, el Gobierno del presidente Ollanta Humala se enfrenta a nuevos conflictos sociales motivados por la minería en Perú. Entre ellos, un recrudecimiento del conflicto en la región norteña de Cajamarca contra un gigantesco proyecto de mina de oro al aire libre llamado Conga. Policía y Ejército patrullan las calles de Cajamarca desde el viernes. A pesar de que la Defensoría del Pueblo discute el uso de la fuerza para estas situaciones, ya van seis muertos y casi un centenar de heridos en ocho meses de protestas desde que Humala accedió al poder.

En Cajamarca las manifestaciones se reinician hoy, tras dos meses de pausa y a la espera de conocer el informe que tres peritos –dos españoles y un portugués– contratados por el Gobierno entregaron ayer. El impacto ambiental del proyecto, que según los líderes locales afecta a las cuencas que abastecen de agua a la ciudad, es la clave de la que depende que se ejecute la mina o no. El Gobierno encargó el nuevo informe ante las dudas sobre el estudio inicial, aprobado por el Gobierno de Alan García y respaldado por el de Humala hasta que comenzaron las violentas protestas.

El otro conflicto acuciante para la administración Humala es el que afecta a la refinería de Doe Run, ubicada en el poblado de La Oroya, en el centro del país. La refinería fue paralizada en 2009 debido a los incumplimientos de remediaciones ambientales y pago de multas y, por ello, más de dos mil trabajadores presionan constantemente al Gobierno para que llegue a un acuerdo con la empresa, dado que es el principal centro laboral de la zona. La Oroya es una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, especialmente con plomo y arsénico. Las protestas han cortado una carretera principal, y solo han dado una tregua en Semana Santa.

La empresa, del magnate estadounidense Ira Rennert, conocido por comprar instalaciones con pasivos medioambientales y luego declararse en bancarrota, ha pedido por tercera vez al Estado que postergue el plazo para compromisos medioambientales que desde 1997 no respeta. Ahora, ha puesto condicionamientos al Gobierno para pagar sus multas y reiniciar actividades.

A la situación se añade la angustia del país por la suerte de nueve mineros atrapados desde el jueves en el interior de una mina en Ica por un accidente. El Gobierno está tratando de organizar una misión de rescate, para lo cual ha pedido ayuda a las empresas mineras.

“El Gobierno ha heredado una situación bastante complicada y su reacción ha sido adecuada. El estudio de impacto ambiental de Conga ya había sido aprobado, entonces ha hecho lo posible: esa comisión internacional para ver si aquel fue tan mal hecho como parece”, opina Marc Doujoreanni, ingeniero forestal y agrónomo, referente mundial en el desarrollo y protección de la Amazonía.

El experto considera que estos conflictos de origen medioambiental serán el obstáculo más serio del Gobierno: “Ha sido una situación creada en los últimos 20 o 30 años de mal trabajo en el sector ambiental: se tiene estudios de impacto ambiental mal hechos o hechos post-mortem, cuando ya se tomó la decisión de hacer la obra en tal lugar y con tales características, y lógicamente eso crea conflictos”.

“Viene una situación realmente difícil porque el pueblo parte del principio de que todo lo que se presenta como industria extractiva es perjudicial y que los están tratando de engañar, así no sea el caso”, comenta.

La fuerza versus el diálogo

A su vez, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega informó a este diario que más de la mitad de los conflictos sociales tienen origen socioambiental, “debido al crecimiento de la inversión en industrias extractivas”.

El último informe mensual de conflictos sociales realizado por la Defensoría del Pueblo, difundido en marzo, registró 152 conflictos, de los cuales 133 son de tipo socioambiental.

“Los conflictos no nacen de la noche a la mañana, detrás de cada reclamo, hay un procedimiento administrativo o una queja a la que una autoridad no ha dado trámite, un procedimiento administrativo que no se ha cumplido”, aclaró.

Un estudio reciente de la Defensoría del Pueblo revela que un 58% de las mesas de diálogo que establece el Gobierno para abordar estos reclamos de los ciudadanos, surgen después de algún hecho de violencia. Además, advierte de que las directivas de la Policía Nacional no son suficientes para regular la intervención policial ante situaciones de violencia generadas por conflictos sociales.

“Todavía tenemos un aparato estatal que no se ha modernizado lo suficiente para atender el crecimiento económico y los procesos y demandas ciudadanas frente a ese crecimiento”, añade Vega.

El analista e historiador Antonio Zapata también destaca las dificultades no afrontadas, producto de diez años de bonanza económica en el país andino. “Desde que tenemos crecimiento económico los conflictos son distintos: ha generado expectativas, envidia, la sensación de ‘a mí no me dan’, una injusticia en la distribución del beneficio del crecimiento”.

“Creo que el Gobierno está administrando los conflictos sin mayores variaciones [comparando con el Alan García]: un Estado móvil que intenta apagar incendios y corregir voluntades. Las mesas de diálogo no son un mecanismo institucional y se convierten en una herramienta para ganar tiempo, lograr una calma aparente pero se va acumulando la bronca”, asegura Zapata.