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Fernández estrecha su círculo de poder

La presidenta deposita su confianza en dos funcionarios de segunda fila

La presidenta Cristina Fernández con su jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal.
La presidenta Cristina Fernández con su jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal. REUTERS

Las personas del Gobierno más cercanas al poder de la presidenta, Cristina Fernández de Kírchner, no están entre ninguno de sus 15 ministros. Ni siquiera el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal, a quien la Constitución otorga poderes para modificar los presupuestos, parece mantener un trato fluido con la jefa del Ejecutivo. Abal dio a entender el pasado 20 de marzo en Radio Continental que el Gobierno no iba a nacionalizar Repsol-YPF. Pero al día siguiente tuvo que declarar en la misma emisora que sus palabras se habían malinterpretado y que no se descartaba ninguna medida. Aquella marcha atrás dejó en evidencia no tanto su escasa capacidad de maniobra en las decisiones de alto calado económico -cosa que se da por sentada- sino su desconexión con las directrices de Fernández. Tampoco goza ya de auténtica relevancia en la Casa Rosada el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, quien se encuentra implicado en una investigación judicial sobre un posible trato de favor en la compañía impresora de billetes Ciccone.

Mientras tanto, en un Gobierno donde no se celebran consejos de ministros, cada alto cargo intenta interpretar lo mejor posible los deseos de Fernández. “Muchas veces los ministros se enteran de las decisiones que la presidenta adopta sobre sus propios ministerios al mismo tiempo que nos enteramos todo el mundo, durante los discursos públicos que ella pronuncia”, comenta un analista con acceso a varios miembros del Gobierno. “Su estilo no tiene nada que ver con el de Néstor Kirchner, que se reunía y hablaba a menudo con ministros, gobernadores y sindicalistas”, añade.

El viceministro de Economía,
Axel Kicillof, tiene
pleno acceso a su jefa

Hay una persona, en cambio, con pleno acceso a Fernández: el viceministro de Economía, Axel Kicillof. En una reunión que mantuvieron directivos de Repsol con Kicillof y los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino, los ejecutivos de la compañía española se llevaron la impresión de que los ministros observaban constantemente la reacción que sus palabras tenían en Kicillof, a sabiendas de que cuando terminase la reunión el único de ellos que iba a tener acceso a la presidenta sería Kicillof y la versión que ella tuviera de ese encuentro iba a ser la que él le contara. “Actuaban para él”, indicó un testigo.

Kicillof, de 41 años, proviene de la organización juvenil La Cámpora, creada bajo el auspicio del fallecido presidente Néstor Kirchner y liderada ahora por su hijo Máximo Kirchner. La presidenta hizo una gran defensa de La Cámpora y los jóvenes del Gobierno a raíz de un artículo publicado el pasado 12 de marzo en La Nación bajo el título Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Boudou. “Es curioso que la presidenta defienda a Kicillof porque le llaman marxista y no a Boudou, al que están llamando ladrón todos los días”, comenta el citado analista.

Guillermo Moreno,
secretario de Comercio,
maneja las riendas
de la economía

Diversas fuentes diplomáticas y empresariales observan a Kicillof como un político que, a diferencia de otros altos cargos, actúa por convicciones ideológicas; unas convicciones que chocan de frente con los intereses de Repsol-YPF y del Gobierno español. En un programa de la televisión pública emitido en abril 2011, Kicillof declaró: “No hay otro modo de desarrollo para los países subdesarrollados que no sea con una inteligente, fuerte, rotunda participación del Estado. Lo cual no quiere decir la estatización [nacionalización] de la economía ni muchísimo menos. Es simplemente llevar adelante con inteligencia, planificando, una dirección”.

El Gobierno aún no ha mostrado a la empresa petrolera española hasta dónde pretende llegar con esa “fuerte, rotunda participación del Estado”. Cada ministro con los que negocia Repsol parece tener una opinión sobre su futuro. Pero algunos, a diferencia de Kicillof, adaptan su postura a lo que estiman que puede ser del agrado de la presidenta. Julio de Vido, el ministro de Planificación ha confiado a diversas fuentes consultadas por este periódico: “Si hay que ser de izquierdas, de izquierda seré. A mí nadie me va a ganar por la izquierda. Ni Kicillof, ni [Guillermo] Moreno”.

Guillermo Moreno es, sobre el papel, tan solo el secretario de Comercio, a las órdenes del ministro de Economía. Pero en la práctica es el hombre que maneja las riendas económicas y a quien más temen los directivos de las principales empresas del país, nacionales y extranjeras. Tiene fama entre los empresarios de ser una persona muy brusca en sus formas, con un peculiar sentido del humor, pero muy leal a la presidenta y sobre todo… incorrupto. Su cometido principal ahora es mantener el superávit comercial por encima de los diez mil millones de dólares con el fin de evitar la devaluación del peso y que se dispare la inflación. Para ello trata de restringir en la medida de lo posible la llegada de productos importados.

En un Gobierno sin consejo de ministros, cada alto cargo intenta interpretar los deseos de la mandataria

El problema surge cuando el peculiar sentido del humor de Moreno y sus maneras abruptas se transforman en leyes. Y eso fue lo que ocurrió el pasado 12 de marzo cuando Argentina aprobó una resolución por la que se prohíbe la publicación y difusión de libros que posean en sus tintas un contenido de plomo superior al 0.06%. El pretexto justificado en la propia norma era proteger la salud de la población. Lo que en realidad intenta Moreno es fomentar la industria nacional y que salgan el menor número posible de dólares del país. Pero su efecto inmediato la semana pasada fue que, a cualquiera que le enviasen un libro a su domicilio desde el extranjero debía pagar una tasa de 50 dólares y acudir al aeropuerto para retirarlo, donde supuestamente se iba a inspeccionar antes de su entrega el contenido de plomo en las tintas. Finalmente, tras la enorme presión social, Moreno dio marcha atrás, el ciudadano común podrá recibir libros en su casa desde el extranjero. Pero la ley sigue vigente. Y él sigue adelante en su lucha titánica por controlar las importaciones. Sabe que cuenta con el respaldo absoluto de la presidenta, cosa que no cualquier miembro del Gobierno podría decir.

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