Argentina se aprieta el cinturón

Se acabó en Argentina el viento que permitió un crecimiento superior al 7% sobre el PIB bajo el mandato de los Kirchner. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sabía desde hace meses que las condiciones que dieron lugar al “periodo de crecimiento más largo de sus 200 años de historia” no podían prolongarse mucho más tiempo. Sabía que este año las previsiones más optimistas auguraban solo un 4%, sabía que el déficit energético se triplicó en el último año, sabía que no había más remedio que reducir los subsidios que permiten a millones de argentinos disfrutar de la luz, el agua y el gas a precios de risa. Era consciente de que la inflación había que contenerla, que eso significa contener los sueldos y eso podía acarrear problemas con los sindicatos. Por eso, en el discurso en que asumió el mando como presidenta el pasado diciembre advirtió de que una cosa era el derecho de huelga y otra el chantaje y la extorsión.

Sin embargo, el pasado miércoles, los maestros, que siempre habían sido grandes aliados del Gobierno, convocaron por primera vez en ocho años un paro nacional. El Ministerio de Educación se niega a subirles el salario base en más de un 20%. Les ofrece 2.800 pesos (491 euros) y ellos reclaman 3.000 (526). Apenas hay 35 euros de diferencia. Pero el problema para el Gobierno es que ese convenio fija la pauta para el resto del país. Si los maestros consiguen un 23% de aumento los albañiles y los camioneros no van a querer menos. Y la inflación se desbocará. En el discurso de tres horas y cuarto que Fernández pronunció el pasado 1 de marzo mencionó en 40 ocasiones la palabra “crecimiento” y en siete dijo “creció”. Pero solo una vez se refirió a la inflación. Sin embargo, gran parte de los problemas del país tienen que ver con la subida de los precios.

En ese discurso, la presidenta enardeció el ánimo de los maestros al proclamar que trabajan cuatro horas al día y tienen tres meses de vacaciones. El docente y dirigente sindical Hugo Yaski declaró que esa había sido siempre la muletilla con la que la derecha les atacaba. Previamente, Hugo Moyano, el sindicalista más influyente del país, peronista y antaño gran aliado de los Kirchner, afirmó que el Gobierno estaba perdiendo el rumbo. Y que él no creía en la inflación oficial (que no supera el 10%), sino en la del supermercado (que muchos economistas independientes estiman en torno al 23%). La huelga de los maestros terminó siendo un éxito el pasado miércoles y el conflicto continúa. Pero solo parece una piedra más en el camino de las muchas que está sorteando Fernández en el inicio de su segundo mandato.

Al día siguiente de la huelga dimitió el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dos semanas después del accidente ferroviario en el que murieron 51 personas y que retrató las condiciones de inseguridad en que viajan los usuarios de cercanías, la clase trabajadora más humilde. También se pusieron en entredicho, incluso desde sectores afines a la presidenta, los contratos millonarios con los que se ha beneficiado a los hermanos Mario y Claudio Cirigliano, dueños de la empresa concesionaria del tren siniestrado. Hasta el momento no se les ha retirado la concesión.

Durante el último mes, los diarios Clarín y La Nación no han dejado de publicar noticias en las que implican al vicepresidente Amado Boudou en un caso de lavado de dinero y tráfico de influencia con la empresa de impresión de billetes Ciccone Calcográfica. La única defensa que alegó el vicepresidente fue tocar la guitarra en un escenario vestido con una camiseta donde se podía leer: “Clarín miente”. El fiscal Carlos Rívolo comenzó a investigar esta semana la relación de Boudou con la compañía impresora. La presidenta aún no se ha pronunciado al respecto.

Además, continúan las tensiones con la petrolera española Repsol y su filial argentina Repsol-YPF, la mayor compañía del país. Desde diciembre, el Gobierno decidió hostigarla para que aumente la producción. Repsol aportó cifras donde mostraba que era la empresa que más había invertido en Argentina. Pero el Gobierno exigió que no distribuyera sus beneficios en el exterior. Parecía inminente el anuncio de la nacionalización. La tensión llegó a tal extremo que el ministro de Industria, José Manuel Soria, emprendió un viaje relámpago a Buenos Aires para reunirse el martes 28 de febrero con los ministros de Energía y Planificación argentinos. El Rey de España también llamó a Fernández, según indicaron a este periódico diversas fuentes. Finalmente, en su discurso del 1 de marzo, la presidenta no anunció la nacionalización. Pero el hostigamiento hacia la compañía ha continuado por parte de los gobernadores peronistas de varias provincias petroleras que amenazan con retirar concesiones. Cada amenaza provoca espasmos en los inversores. En menos de dos meses, el valor bursátil de Repsol-YPF pasó de 16.000 a 10.000 millones de dólares. Fuentes cercanas al Gobierno estiman que la estrategia de Fernández consiste en abaratar el precio de la compañía hasta poder comprarla. Otros analistas consideran que el Gobierno se está disparando en los pies con esos ataques al mayor contribuyente fiscal del país.

Alberto Fernández, jefe de Gabinete en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y con Cristina Fernández hasta julio de 2008, señala que hay un error de diagnóstico a la hora de afrontar los problemas. “Cuando llegamos nosotros, el desempleo era del 25%, la pobreza del 57% y la indigencia, es decir, la gente que no tenía unas mínimas condiciones para sobrevivir, llegaba al 28%. Entonces le pedimos a las compañías energéticas, entre ellas Repsol, que contribuyeran a salir de esa situación no subiendo las tarifas. Pero ahora, el desempleo ha pasado del 25% al 7% y la pobreza del 57% al 30% y la indigencia del 28% al 16%. El país ha crecido un 8% y las tarifas no han subido. La Argentina de ahora tiene un problema derivado del crecimiento, no de la pobreza. Teníamos una gripe y encontramos el remedio. Ahora tenemos un sarampión y seguimos con los medicamentos de la gripe, con lo cual empeoramos gravemente. Ante un problema económico, Cristina actúa con instinto político, buscando el culpable en vez de la causa. Pero el problema de la energía no es Repsol, sino que nosotros no hemos invertido lo suficiente en infraestructura. Si se le retiran a Repsol las concesiones, ¿de quién va a ser la culpa? De Cristina, evidentemente. Ya no se podrá culpar a Repsol”.

Apenas quedan 20 días para que el 2 de abril se cumplan 30 años del inicio de la guerra de las Malvinas y en Argentina, quién lo diría, el aniversario quedó relegado a un tercer plano.