El Constitucional francés tumba la ley sobre el genocidio armenio

El Consejo Constitucional francés ha censurado este martes la polémica ley que prevé castigar la negación de los genocidios reconocidos por el Estado francés, dirigida en particular al de los armenios en 1915 por parte de los turcos, al considerar que es contraria a la libertad de expresión. La votación del texto por el Parlamento francés el pasado 23 de enero había provocado graves tensiones diplomáticas entre París y Ankara. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, para quien el negacionismo supone una “amenaza a nuestra comunidad nacional”, ha pedido a su Gobierno la elaboración de una nuevo texto que supere el veto constitucional.

Los denominados sabios del Consejo consideran que al pretender “reprimir la puesta en duda de la existencia y de la calificación jurídica de crímenes que él mismo hubiera reconocido o calificado como tales”, el legislador vulnera el derecho constitucional “al ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación”, según recalca en un comunicado. El texto de ley preveía castigar con un año de cárcel y 45.000 euros de multa la negación de cualquier genocidio reconocido oficialmente por el Estado. Francia solo ha reconocido hasta ahora el Holocausto, cuya puesta en duda ya está castigada con la misma pena por otro texto de 1990, y el armenio, en una ley de 2001.

“El presidente de la República considera que el negacionismo es intolerable y debe por lo tanto ser castigado”, ha reaccionado el Elíseo en un comunicado emitido nada más conocerse la decisión del Constitucional, en el que el mandatario se lamenta por “la inmensa decepción y profunda tristeza de quienes acogieron con reconocimiento y esperanza la adopción de esta ley”. La nota añade que el presidente “ha encargado al Gobierno preparar un nuevo texto que tome en cuenta la decisión del Consejo Constitucional”.

En su comunicación, el Consejo aclara por otra parte que el legislador puede “instituir incriminaciones que repriman los abusos del ejercicio de la libertad de expresión” que atenten “al orden público y al derecho de terceros”. Sin embargo, estipula que la restricciones impuestas a dicha libertad de expresión, “una condición de la democracia”, deben ser “necesarias, adaptadas y proporcionales al objetivo perseguido”.

El garante de la Constitución echa así por tierra la polémica ley defendida en persona por el presidente Nicolas Sarkozy y presentada ante el Parlamento por la diputada de su partido, la Unión por un Movimiento Popular, Valérie Boyer. Su votación a finales de enero provocó la ira del primer ministro turco, quien denunció la “subida de la islamofobia y del racismo en Europa”, llamó a su embajador a consultas y atacó lo que consideraba una maniobra política en vísperas de las presidenciales de esta primavera destinada a hacerse con el voto de los cerca de 500.000 franceses de origen armenio. Ahora, en cambio, Ankara está satisfecha. Lo ha hecho saber a través de su Embajada en París, y el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, ha calificado la resolución de "positiva", aunque ha advertido de que "intentar colocar la ley de nuevo en la agenda sería un error grave", informa Efe citando al diario turco Hrryet.

Un grupo de 137 parlamentarios conservadores y de la oposición recurrieron la ley el 31 de enero, apenas una semana tras su aprobación, ante el Consejo Constitucional, el órgano habilitado para censurar cualquier legislación antes de su entrada en vigor.