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Policías y bomberos de Río se declaran en huelga a una semana del Carnaval

El Gobierno despliega 14.000 militares para garantizar la seguridad

La ciudad espera un millón de turistas en los próximos días

Manifestación de bomberos y policías de Río de Janeiro, que han decidido ponerse en huelga. Ampliar foto
Manifestación de bomberos y policías de Río de Janeiro, que han decidido ponerse en huelga. AP

Tras cinco horas de asamblea durante la noche del jueves al viernes, en la que participaron unas 2.500 personas, policías y bomberos y funcionarios de prisiones de Río de Janeiro decidieron iniciar una huelga como sus compañeros de Salvador de Bahía para pedir mejoras salariales. La decisión llega cuando la ciudad más turística de Brasil espera aproximadamente un millón de visitantes para el carnaval más famoso del mundo, que empieza la semana que viene.

Ante esta situación, el Gobierno federal ha desplegado 14.000 militares en Río del Ejército y la Fuerza Nacional para garantizar la seguridad. El Secretario de Seguridad de Río, José Mariano Beltrame, se ha apresurado a anunciar este viernes por la mañana: “La seguridad durante el carnaval está garantizada”.

Si la huelga policial de Bahía, que sigue en pie, ya ha costado 146 muertos y diez días de inseguridad y calvario para los ciudadanos, la huelga de Río supone un salto de consecuencias imprevisibles por la importancia política del segundo mayor Estado del país después de São Paulo.

La situación arroja una sombra de preocupación por la seguridad de cara a los Juegos Olímpicos que Río albergará en 2014. A pesar de los avances en materia de violencia y pacificación de las favelas, la ciudad está rodeada de más de mil arrabales donde la violencia sigue teniendo mucha fuerza.

Representantes de la Asamblea Legislativa intentaron el jueves hasta el último momento pactar las mejoras salariales que pedían los funcionarios, pero la negociación fracasó por las exigencias de policías y bomberos, que piden un sueldo mínimo de 3.500 reales más 350 reales para transporte, otros 350 para alimentación y un límite en la jornada laboral de 40 horas.

El viernes ha amanecido con el Ejército en tensión y llamadas en las redes sociales a no acudir a Río de Janeiro. Todos los cuarteles, incluida la Brigada de Paracaidistas, estaban alertados. Según el coronel, Sérgio Simões, comandante general del Cuerpo de Bomberos, 300 hombres de la Fuerza Nacional y 700 hombres de reserva del Cuerpo Bomberos, están preparados para actuar en las calles si fuera necesario.

“Lo que más nos preocupa es la seguridad de los ciudadanos”, ha dicho esta mañana Simões que tachó de “cobardes” a los bomberos que han entrado en huelga. Según el coronel lo que está en juego no son las reivindicaciones laborales sino “la vida de las personas”.

En el plano político, la huelga de Río, sean las que sean sus consecuencias, supone un enorme contratiempo la presidenta Dilma Rousseff. El Gobierno de Río, como el de Bahía, es aliado del Gobierno federal. Su secretario de Seguridad, Mariano Beltrán, ha sido propuesto para el Nobel de la Paz por su trabajo en la pacificación de las favelas. No haber conseguido un acuerdo laboral con policía y bomberos es un síntoma claro de la gravedad del tema policial a nivel nacional.

En el centro del conflicto con la policía —considerada de las peor remuneradas del mundo y una de las que más muertes provoca por la falta de preparación de sus agentes— está un proyecto de ley presentado en el Congreso Federal que establece un salario único para todos los agentes del país. El proyecto se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la presidenta, Dilma Rousseff. La mandataria esgrime que si se aprueba la ley muchos Estados de la federación entrarían en bancarrota. Eso sin contar el desequilibrio que supondría pagar el mismo sueldo a policías que viven en Estados donde el coste de la vida presenta notables diferencias. Brasil es casi un continente en sí mismo y, a pesar de la gran unidad entre los 27 Estados que forman el país, las diferencias económicas y políticas de cada uno de ellos son a veces abismales.

En el fondo, la huelga policial ha vuelto a poner sobre el tapete una de las principales asignaturas pendientes de la sexta potencia económica mundial: el de la seguridad pública, con 50.000 asesinatos al año y medio millón de presos hacinados en cárceles con capacidad para 300.000, y con otro medio millón de personas con órdenes de encarcelamiento que aún no han sido cumplidas.

La crisis además plantea otra cuestión que se lleva debatiendo años en Brasil: quién controla a la policía. En la actualidad las fuerzas policiales están en manos de los Estados siguiendo un modelo federal, pero cada vez son más las voces que piden que sea el Gobierno de Brasilia el que asuma el mando. Un ejemplo de lo que sucede es precisamente esta huelga. Dado que la Constitución no aclara su legalidad en el caso de las fuerzas del orden, queda a la interpretación de cada Estado el autorizar esta protesta laboral.

Con un saldo de 146 asesinatos en diez días y la población aterrorizada y sin atreverse a salir de casa cuando oscurece, la huelga policial en Salvador de Bahía está desbordando los límites de lo que en principio era un conflicto laboral, y tal vez político, local. A pocos días del inicio del Carnaval, una celebración que concentra a millones de personas en la ciudad, los policías de Río de Janeiro han decidido sumarse a la huelga.  El paro podría extenderse a otros seis Estados del país, entre ellos Espíritu Santo, Río Grande do Sul, Pará y Paraná. El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, ya había anuncidado antes de conocerse la decisión, que tenía prevista la presencia del Ejército en las calles de la ciudad carioca si se decidía la huelga. Por su parte, Geraldo Alckmin, el gobernador de São Paulo —el Estado con menor índice de homicidios del país—, trata de tranquilizar a la población de la mayor urbe del hemisferio sur asegurando que en el territorio que él gobierna “no existe clima de huelga”.

En el centro del conflicto con la policía —considerada de las peor remuneradas del mundo y una de las que más muertes provoca por la falta de preparación de sus agentes— está un proyecto de ley presentado en el Congreso Federal que establece un salario único para todos los agentes del país. El proyecto se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la presidenta, Dilma Rousseff. La mandataria esgrime que si se aprueba la ley muchos Estados de la federación entrarían en bancarrota. Eso sin contar el desequilibrio que supondría pagar el mismo sueldo a policías que viven en Estados donde el coste de la vida presenta notables diferencias. Brasil es casi un continente en sí mismo y, a pesar de la gran unidad entre los 27 Estados que forman el país, las diferencias económicas y políticas de cada uno de ellos son a veces abismales.

En el fondo, la huelga policial ha vuelto a poner sobre el tapete una de las principales asignaturas pendientes de la sexta potencia económica mundial: el de la seguridad pública, con 50.000 asesinatos al año y medio millón de presos hacinados en cárceles con capacidad para 300.000, y con otro medio millón de personas con órdenes de encarcelamiento que aún no han sido cumplidas.

La crisis además plantea otra cuestión que se lleva debatiendo años en Brasil: quién controla a la policía. En la actualidad las fuerzas policiales están en manos de los Estados siguiendo un modelo federal, pero cada vez son más las voces que piden que sea el Gobierno de Brasilia el que asuma el mando. Un ejemplo de lo que sucede es precisamente esta huelga. Dado que la Constitución no aclara su legalidad en el caso de las fuerzas del orden, queda a la interpretación de cada Estado el autorizar esta protesta laboral.

Para analistas políticos, el tema de la seguridad y de las reivindicaciones de la policía no puede ser dejado en manos de los Estados y debería ser responsabilidad del Gobierno federal. También sugieren que el Estado busque otros canales de negociación con un sector tan importante como las fuerzas policiales sin dejar que se llegue a un tipo de huelga que ponga de rodillas la vida y la economía de una ciudad, como está pasando en la martirizada Bahía.

Cuando el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba en el poder, defendió —en su condición de exsindicalista— el derecho de la policía a declararse en huelga para reivindicar mejoras de vida. Ayer Rousseff se manifestó en los mismos términos, pero con un importante matiz: la mandataria fue muy dura con la posibilidad de amnistiar a los policías detenidos en Bahía, acusados de planear actos vandálicos, crear pánico entre la población y empeorar el conflicto.

Los policías serán juzgados además por insistir en mantener el paro después de que este haya sido declarado ilegal por la justicia. “Considero legítimas las reivindicaciones en una democracia, pero no podemos admitir que se extienda el pánico creando situaciones incompatibles con la democracia”, ha subrayado la presidenta, quien ha explicado: “Nadie puede ser detenido o condenado por hacer reivindicaciones, ahora bien, tampoco pueden ser amnistiados los que hayan cometidos crímenes o actos ilegalidades”. Y con una punta de ironía explicó que de seguir así, los policías van a terminar siendo perdonados “aún antes de comenzar una huelga” sin conocer sus consecuencias.

Rousseff ha sido también intransigente con la conducta del comandante Gonçalves Dias, quien hasta este jueves era el responsable de la seguridad en Bahía y el encargado de enfrentarse a los huelguistas. Pero no ha cumplido su misión. Con motivo de su cumpleaños, en un clima de confraternización, lo ha celebrado precisamente con los huelguistas, quienes incluso le han obsequiado con una tarta. Dias, durante varios años responsable de la seguridad del expresidente Lula en el palacio del Planalto, en Brasilia, ha señalado que quiso mantener con los agentes en huelga un clima más de conciliación que de enfrentamiento, un poco “a lo Lula”. A Dilma no le ha gustado su actitud y desde este jueves su puesto lo ocupa el general del Ejército Sampaio Benzi.