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Alemania exige que la UE pase a controlar el presupuesto de Grecia

Un enviado de Bruselas intervendría las cuentas y vetaría gastos

Atenas tendría que dedicar su recaudación fiscal a la deuda

Wolfgang Schäuble (izquierda), ministro de Economía alemán, habla con su homólogo griego, Evangelos Venizelos-
Wolfgang Schäuble (izquierda), ministro de Economía alemán, habla con su homólogo griego, Evangelos Venizelos- BLOOMBERG

El Gobierno alemán ha propuesto por escrito a sus socios comunitarios someter a Grecia a un control presupuestario absoluto. El encargado de intervenir las cuentas públicas helenas sería, según esta propuesta, un enviado de la UE, una especie de “comisario de presupuesto”, con capacidad de veto sobre las partidas de gasto. Grecia, a su vez, debería comprometerse a dedicar prioritariamente su recaudación fiscal a satisfacer los vencimientos de la deuda. La draconiana medida supone acabar con los restos de la soberanía fiscal del país heleno. Alemania fundamenta la exigencia “en el decepcionante resultado de las reformas estructurales realizadas [por Atenas]”, según avanzó una fuente comunitaria a EL PAÍS.

La exigencia alemana tendría como contrapartida la autorización de un nuevo paquete de rescate, que, según nuevos cálculos, ya debería rondar los 145.000 millones de euros. Una fuente próxima al Gobierno griego señaló ayer que “de ninguna manera” Atenas aceptaría “una cosa así”. La propuesta alemana ha tensado el escenario de la cumbre europea que se celebrará mañana.

El documento sobre la situación griega que ha hecho circular Berlín es un breve texto de una página, con dos ideas básicas. En primer lugar dispone que una vez los bancos titulares de deuda griega hayan alcanzado un acuerdo con las autoridades de Atenas sobre las pérdidas que están dispuestos a asumir, “la consolidación presupuestaria se someterá a un estricto control”. Esto significa que Grecia deberá “antes que nada” dedicar toda su recaudación fiscal a “satisfacer los vencimientos de deuda y sólo después de haber asegurado estos pagos podrá atender las demás previsiones presupuestarias”, según una fuente comunitaria.

El segundo propósito de Berlín es el nombramiento de un “comisario del presupuesto” griego por parte de los ministros de Economía de la zona euro, con plenos poderes para “vetar” los gastos que considere no apropiados para la consolidación presupuestaria establecida. El término comisario no implica que sea uno de los 27 comisarios europeos, sino que podría ser un funcionario europeo que actuara como comisionado de la Unión.

Si prospera esta iniciativa, Grecia estaría sometida a un triple control desde las instituciones internacionales. Primero por la troika, formada por representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional, (FMI), que decide la concesión de ayudas en cuentagotas. Segundo la Task-Force, dirigida por el alemán Horst Reichenbach, que presta asistencia técnica a la administración griega para implementar las medidas exigidas por los organismos internacionales; y, tercero, el nuevo comisario de presupuesto que se propone nombrar.

Amadeu Altafaj, portavoz del Asuntos Económicos Monetarios, manifestó ayer que “la Comisión está comprometida a reforzar de nuevo su capacidad de supervisión [en Grecia] y en estos momentos está aumentando sus capacidades sobre el terreno”. En el comunicado de la Comisión se recoge, no obstante, un párrafo de la declaración de los líderes de la zona euro del pasado 26 de octubre en el que señalaba que “la titularidad del programa es griega y su implementación es responsabilidad de las autoridades griegas”. Bruselas insistió ayer en que “las tareas ejecutivas deben permanecer bajo la total responsabilidad del Gobierno griego, el cual es responsable ante sus ciudadanos y sus instituciones”.

La realidad es que los ciudadanos griegos están viviendo un verdadero calvario en su quinto año consecutivo de recesión económica. Las sucesivas recetas administradas por la UE y el FMI, basadas en los sacrificios, la austeridad y en supuestas ayudas que no han sido más que préstamos carísimos no han hecho más que agravar su situación. Desde mediados del año pasado la Unión intenta acordar un segundo plan de rescate tras los 110.000 millones de euros de préstamos de mayo de 2010. En julio cifró el volumen del segundo plan en 109.000 millones, en octubre en 130.000 y actualmente ya se estima en 145.000 millones, según las últimas estimaciones de la troika. Para dar luz verde a este segundo paquete, es por lo que Berlín, el principal contribuyente del mismo, exige un control absoluto de las cuentas públicas de Atenas.

Este segundo paquete de ayudas a Grecia está condicionado a un acuerdo previo entre la banca titular de deuda pública griega y las autoridades griegas. El pasado octubre se alcanzó un principio de acuerdo por el que la banca sufriría un quebranto del 50% de su inversión de unos 200.000 millones de euros. Las negociaciones entre los banqueros, representados por Charles Dallara, director ejecutivo del Instituto Internacional de Finanzas, que agrupa los principales 400 bancos del mundo, se han intensificado en los últimos días, con el propósito de alcanzar un acuerdo antes del 1 de febrero. El FMI por su parte, exige al BCE que asuma también una parte sustancial de los bonos griegos que ha adquirido desde mayo de 2010, que podrían ascender a 40.000 millones.

El primer ministro griego Lukas manifestó ayer que confiaba alcanzar un acuerdo dentro de unos días. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, indicó ayer en Davos que el acuerdo podría darse este fin de semana.

El núcleo de las discusiones se centra ahora en el tipo de interés de los nuevos bonos a largo plazo (20 y 30 años) que se intercambiarán por los viejos títulos de deuda pública griega. Alemania ha venido presionando para que el tipo de interés fuera del 3,5% o más bajo incluso, para hacer más llevadera la carga al Gobierno griego, mientras que los representantes de la banca exigen un mínimo del 4%. Estiman que un precio inferior reduciría sus beneficios esperados en más de un 70%, “lo cual ya sería demasiado”, según manifestó ayer el presidente del IIF, Josef Ackermann.

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