La ONU busca países de acogida para los exiliados iraníes de Camp Ashraf

El campo de refugiados de Ashraf recibe un poco de oxígeno. El Gobierno de Irak, que había anunciado el cierre definitivo del controvertido asentamiento de exiliados iraníes el 31 de diciembre, ha decidido posponer la medida hasta abril, en respuesta a una recomendación de Naciones Unidas, que negocia una salida “pacífica” a la crisis.

El problema es que los 3.300 ocupantes de esa antigua base militar se niegan a abandonarla. Aunque nadie contempla enviarlos a Irán, la convicción de que una vez dispersos perderán su relevancia, les hace dar largas. Ante el riesgo de que su desalojo vuelva a producir muertos, la ONU busca países de acogida. “Es una patata caliente”, admiten fuentes diplomáticas europeas. Nadie quiere saber nada de un colectivo que no sólo Irán sino también EE UU y algunos países europeos consideran terrorista.

Camp Ashraf, a 60 kilómetros al norte de Bagdad, es el cuartel general de los Muyahidin-e Jalq, o Combatientes del Pueblo, el principal grupo de oposición armada al régimen teocrático de Irán. Para irritación de éste, cuando los norteamericanos invadieron Irak en 2003 se limitaron a desarmarles y les otorgaron el estatuto de "personas protegidas bajo la Convención de Ginebra". Esa medida convenció a los mandatarios iraníes de que Washington les reservaba un papel en un eventual ataque contra su país.

Sin embargo, en 2009, EE UU entregó Camp Ashraf al Gobierno iraquí, que considera a sus residentes una amenaza para la seguridad. Desde entonces, las presiones de Irán sobre su vecino para que desmantele la base se incrementan con cada visita oficial. El recinto, que se encuentra a apenas un centenar de kilómetros de la frontera iraní y tiene una superficie de 32 kilómetros cuadrados, se ha convertido en una obsesión para Teherán y en un riesgo para Irak que, sin la protección americana, puede ser objeto de una incursión iraní en cualquier momento.

Las autoridades iraquíes, que comparten la sensibilidad de Teherán respecto a los ocupantes de Ashraf, han ido presionándoles en la esperanza de incentivar que se fueran. Pero su fuerte ideologización ha provocado la reacción contraria. Sendos intentos de desalojo en 2009 y en abril de este año dejaron un total 47 muertos y decenas de heridos, despertando el clamor de las organizaciones de derechos humanos.

“Nadie puede entrar ni salir de Ashraf sin gran riesgo personal”, asegura Ali Momeiní, de la Asociacion para la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en Iran (ADDDHI, próxima a los Muyahidin-e Jalq). Momeiní también denuncia que “el Gobierno de Nuri al Maliki ha colocado 300 altavoces alrededor de Ashraf para torturar y obligar a rendirse a los residentes”, así como trabas en el suministro de medicinas, alimentos y combustible.

Obstáculos para el estatus de refugiados  

Amnistía Internacional ha reconocido que el Gobierno iraquí les está acosando y advertido del riesgo de que sean devueltos por la fuerza a su país. Apoyados en esas denuncias, los miembros del brazo político del grupo, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, han lanzado una intensa campaña mediática y diplomática en Europa y EE UU para tratar de frenar su expulsión de Ashraf.

Sin embargo, Bagdad niega que vaya a deportarles y asegura que su objetivo es trasladarlos a otro lugar hasta que la ONU pueda encontrarles un país de acogida. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha pedido ayuda, entre otros, a la alta representante europea, Catherine Ashton. Pero aunque casi 900 de sus residentes aseguran tener doble nacionalidad o familiares en países europeos, el grupo se niega a separarse y a someterse a las entrevistas individuales necesarias para la obtención del estatuto de refugiados.

“Saben que la escasa relevancia que les queda depende de que se mantengan unidos. Una vez dispersos, su causa caerá en el olvido”, explica un diplomático que ha seguido el asunto. Además, hay pocos países dispuestos a recibirles, ya que algunos de ellos tienen delitos pendientes no sólo en Irán sino también en Irak. De hecho, Karim Alaiwi, parlamentario del Bloque Cívico, ha pedido que salden sus cuentas con la justicia iraquí antes de abandonar el país. “Participaron en la represión del levantamiento de 1991”, explica en referencia a la sublevación chií después de que EE UU expulsara al del Ejército iraquí de Kuwait.