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ANÁLISIS

Esta unión fiscal ¿va solo de austeridad?

Para no repetir el error de Maastricht hay que arreglar el abismo impositivo

Nos proponen una unión fiscal que complete la unión monetaria. Bravo. Pero: ¿solo para controlar el gasto y atajar el déficit presupuestario? ¿O completa: también para armonizar los ingresos fiscales? ¿No tenemos nada parecido? Y ¿por qué ahora, acaso nadie la quiso cuando se lanzó el proceso hacia el euro, en 1989, y se creó en 1999?

Los liberales, sobre todo alemanes y británicos, siempre postularon la competencia entre sistemas fiscales. Pero muchos otros pugnaron por armonizar los impuestos, siquiera a niveles mínimos en aras de un mejor funcionamiento del mercado interior. Es una asignatura aún pendiente hoy: las diferencias son abismales. Baste ver las de los tres grandes impuestos. En IVA, el tipo máximo es del 25% (Dinamarca) y el mínimo del 15% (Luxemburgo): la media está en el 20,6%. En Renta, se va del 60% (Suecia) al 10% (Bulgaria), con la media en el 37%. En Sociedades, del 34% (Francia y Malta) al 10% (Chipre), y la media es del 22%. Nadie pide tipos únicos, sólo horquillas sensatas.

Pero ceder en el diseño de los impuestos propios es tarea hercúlea. La armonización de la fiscalidad del ahorro, para evitar la evasión fiscal en Renta hacia países más benevolentes, o casi paraísos, tardó años. Catorce: la Comisión la lanzó en 1990, y los nacionalismos gubernamentales la tumbaron una y otra vez. Hasta que el Ecofin alcanzó un acuerdo en 2003, para implantar un sistema complejo, con suaves períodos transitorios de implantación que llegan ¡hasta final de este año 2011!

El año pasado, cuando se le concedió el rescate, y en condiciones más ventajosas que las obtenidas por Grecia, Irlanda defendió con uñas y dientes su Impuesto de Sociedades, del 12,5%. Con éxito, y eso que era, y es, claro dumping fiscal, esa ventaja normativa que distorsiona precios y provoca desvíos de comercio e inversiones.

Si hay que completar la unión monetaria con la económica, conviene no repetir los errores de1989 y 1990

Como escriben con sorna Josep Borrell y Andreu Missé en su sugerente La crisis del euro (Turpial, 2011), se pueden imponer o sugerir rebajas de sueldos o cambios en la edad de jubilación, pero arreglar esa competencia desleal “parece ser una intolerable afrenta a la soberanía nacional que no se puede aceptar”. Si la unión fiscal de Merkel y Sarkozy pretende legitimidad, no solo deberá garantizar la austeridad en el gasto, sino acabar asimismo con ese tipo de asimetrías recaudatorias e implantar nuevos impuestos como el prometido sobre las transacciones financieras o tasa Tobin. Y deberá ser una unión de transferencias fiscales: pues la contrapartida al superávit comercial de los más prósperos (venden más al resto) es su déficit fiscal (aportan más a la caja común), principio del que el presupuesto europeo y los fondos estructurales y de cohesión son solo una limitada aplicación.

Si hay que refundar Europa, o al menos completar la unión monetaria con la económica (UEM, se llamó a la criatura), conviene no repetir los errores de 1989 y 1990, cuando se gestó.

Entonces, el famoso Informe del Comité Delors (12/IV/1989) propugnaba “la necesidad de una transferencia de poder de decisión de los Estados miembros a la Comunidad”, pues “la unión económica y la unión monetaria forman parte integrante de un conjunto, y deben por tanto realizarse en paralelo”.

No hubo tal. ¿Por qué? Los académicos anglosajones euroalérgicos, sobre todo del otro lado del charco (de Nouriel Roubini a Paul Krugman), lo atribuyen hoy a la “altanería” de los padres fundadores, para quienes la moneda única a secas bastaría. Es una explicación simplona, estilo Reader’s Digest.

La realidad es que más que altanería, hubo exceso de optimismo: en que la divisa única vencería las periódicas tormentas monetarias; en que la caída del muro y la crisis terminal de la URSS catapultaría a la UE; en que la rápida unificación alemana era imitable... Aunque las peores tormentas monetarias estaban aún por llegar (de 1992 a 1995); la caída de la URSS planteó la difícil atracción y digestión de sus satélites; y la Alemania unida costó a todos los europeos inflación y altos tipos de interés, algo que Berlín suele olvidar en sus escandallos. Toda cara acarrea su cruz.

Pero lo más grave fueron las ingentes resistencias políticas. La más visible fue la de los conservadores británicos, que filibusteaban no ya contra la UEM, sino contra la moneda única, al proponer un “ecu fuerte” que conviviera como cenicienta con las demás monedas.

La más peligrosa, la de ciertos núcleos alemanes. Mientras el gran canciller Helmut Kohl postulaba una unión política como requisito de la UEM, otros poderes lo boicoteaban todo.

Así, el gobernador del Bundesbank, el banco emisor alemán, Karl Otto Pöhl, que combatió sañudamente al euro convencido de que llegaría solo “dentro de los próximos cien años”. Al igual que Margaret Thatcher, creía que la unión monetaria podía hacerse sin siquiera banco central ni moneda común, bastaba liberalizar los flujos de capitales y fijar tipos de cambio irrevocables entre las divisas. Razón de más para no distraerse con complementos como la política fiscal.

Cuando ya maduraba la discusión de Maastricht, se alumbró un compromiso de disciplina presupuestaria: los criterios de convergencia o techos máximos para el déficit y la deuda. O sea, solo una parte de la unión fiscal. Eso, solo una parte.