La batalla sobre el déficit sitúa a EE UU ante una grave crisis de gobernabilidad

Este fracaso es la última demostración del obstruccionismo que Obama ha tenido que soportar de parte de una oposición radicalizada

La incapacidad de demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo sobre la reducción de la deuda norteamericana ha colocado de nuevo a Estados Unidos y al mundo al borde de una crisis política que, no solamente podría volver a rebajar la nota de este país en las agencias de crédito, sino someter a la economía de otros muchos países a otro periodo de tensiones y mayores incertidumbres.

Después de más de tres meses en busca de un acuerdo, el supercomité parlamentario creado para reducir el déficit está resignado a reconocer su fracaso, dejando al país entero ante una sensación de ingobernabilidad y frustración que solo contribuirá a deteriorar la imagen de EE UU como principal pulmón económico mundial. Las consecuencias de ese fracaso pueden ser extensas y profundas, y afectan tanto a la estabilidad de los mercados como a la inminente campaña electoral norteamericana. Por un lado, aumenta el riesgo de una nueva recesión mundial y por el otro, se crea un clima de abierta hostilidad política en la principal potencia internacional.

El fracaso del supercomité se puede explicar por una serie de diferencias políticas y filosóficas entre demócratas y republicanos sobre sus prioridades económicas y su modelo de sociedad. Pero es justo recordar que este fracaso es la última demostración del grado de obstruccionismo que Barack Obama ha tenido que soportar de parte de una oposición controlada por su facción más radical e intransigente.

El supercomité –una comisión parlamentaria integrada por seis congresistas de ambas cámaras y de ambos partidos- fue creado a comienzos de agosto pasado dentro del acuerdo in extremis que evitó entonces que EE UU hubiera tenido que declarar la suspensión de pagos. Ante la incapacidad de decidir en aquel momento de dónde recortar el déficit, se le dieron a ese comité poderes especiales para hacerlo, con la condición de que, si no lo conseguía antes del Día de acción de gracias (este jueves), se aplicaría de forma automática a partir de 2013 una reducción del gasto público de 1,2 billones de dólares en una década, con el 50% aplicado al presupuesto de Defensa.

Los mismos obstáculos que tuvieron al mundo en vilo este verano han impedido que ese supercomité tuviera éxito y son los mismos que pueden ahora dar lugar a una crisis mayúscula. Los demócratas aceptan reducir el gasto público, incluso el que afecta a algunos programas sociales que consideran prioritarios, pero quieren a cambio un cierto aumento de los impuestos a los ingresos más altos. Su argumento es que la deuda hay que reducirla con esfuerzos para todos y de forma equilibrada: menos gastos y más ingresos.

Los republicanos, que prometieron en su campaña electoral de 2010 que no elevarían los impuestos bajo ninguna condición, están dispuestos a cumplir con esa promesa y se niegan a cualquier fórmula que incluya una mayor carga fiscal, aunque sea solo para los más ricos. “No hemos venido aquí para darles nuevas ayudas a los millonarios mientras que reducimos los ingresos de los jubilados, las ayudas médicas y la asistencia a los pobres”, ha manifestado el senador John Kerry, uno de los demócratas en el supercomité.

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Por su parte, John Kyrl, un senador republicano que también integra esa comisión, se ha quejado de que los demócratas nunca han ido realmente al fondo en la reforma de los principales programas sociales, Seguridad Social (pensiones), Medicare (sanidad) y Medicaid (ayudas a los pobres) y que “no estaban dispuestos a hacer nada sin subir los impuestos”.

Herencias del Gobierno Bush

La principal discordia estaba centrada en las ventajas fiscales concedidas durante el Gobierno de George Bush y que vencen –después de que Obama la extendiese un año más- el próximo diciembre. Los demócratas quieren eliminar esas exenciones, que han sido más gravosas para el tesoro público que la guerra de Irak, con lo que todas las familias con ingresos superiores a los 250.000 dólares anuales tendrían que pagar más impuestos.

El fracaso de esta negociación obligaría a Obama a eliminar esas exenciones de forma automática, con lo que ese asunto se convertiría en un tema capital en la próxima campaña electoral. Pero este problema tiene otras muchas implicaciones políticas y estratégicas. El Pentágono, por ejemplo, ha advertido ya del perjuicio que supondría para la seguridad de EE UU una reducción tan brusca del presupuesto militar como el que se avecina. Muchos programas de armas se verían afectados, así como el despliegue de bases, barcos y soldados en todo el mundo.

La peor consecuencia, sin embargo, es la que puede afectar a la imagen de EE UU. Existe una seria posibilidad de que la nota de la deuda norteamericana sea rebajada en cuanto se confirme el fracaso. Como ha advertido el senador Kerry, “los mercados van a mirar hacia Washington y van a decir “ustedes no son capaces de hacer su trabajo”. Solo la confusión política existente y esta parálisis son suficientes para decirle al mundo: EE UU es incapaz de actuar de forma conjunta”.

Obama, que se ha mantenido hasta ahora al margen del trabajo del supercomité, va a asistir a un nuevo fracaso ocurrido durante su Administración. Le corresponde a los votantes decidir quién es el responsable de ese fracaso, pero éste, en sí mismo, contribuirá al abatimiento y el pesimismo que hoy domina en la sociedad.

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