El cierre de Guantánamo, sin fecha

Este es un lugar imposible de cerrar. A las partes implicadas les gustaría hacerlo. Pero el centro de detención de Guantánamo es uno de esos sitios de condiciones tan rebuscadas en su excepcionalidad, que ni siquiera el presidente y comandante en jefe de la primera potencia mundial puede desmantelarlo, aunque quiera hacerlo. La mayoría de presos, unos 530, ya se ha marchado. Muchos de los que aquí quedan esperan ser transferidos a otros países. Hay un núcleo duro, de 20, que aguarda a su destino, encerrados en una prisión de máxima seguridad. Son, por ejemplo, los ideólogos de los ataques contra EE UU de 2001. Su presencia aquí es lo que mantiene la prisión abierta. Hasta que Washington averigüe qué puede hacer con ellos, esta tierra de nadie seguirá abierta en los acantilados del mar Caribe.

“El comandante en jefe ha emitido un decreto por el cual ha ordenado el cierre del centro de detención en Guantánamo, y estamos preparados para ello”, explica el coronel Donnie L. Thomas, comandante al cargo. “Hemos iniciado el plan para poder hacerlo. Pero hay una serie de problemas que tenemos que solucionar primero. La población de detenidos y su disposición es lo que marca los plazos de cierre”. Ese decreto, telón de fondo en esta prisión, lo firmó Barack Obama un día después de tomar posesión de su cargo. Tal era su determinación de cerrar este limbo carcelario. Se dio de plazo un año. Han pasado casi dos. Esto sigue en pie.

Guantánamo es en realidad dos prisiones: Camp 5 es la de máxima seguridad, la de los terroristas radicales; Camp 6 es la de poco riesgo, donde vive el 80% de los detenidos, a la espera de ser transferidos. Los presos que viven en esa cárcel de seguridad media exhiben sus rutinas, labradas laboriosamente durante diez años cautiverio. Se reparten su trabajo: hay quien se encarga de limpiar, otro pone la mesa, un tercero organiza el rezo. Si uno se asoma a los cristales teñidos de esta prisión, les ve en ajetreo constante, acostumbrados a ser observados de forma permanente. Un joven en silla de ruedas. Otro que construye una estantería con cartones. Al fondo otro que duerme. Los guardas a esta parte del cristal vienen y se marchan. Cambian las caras, se mantiene el control sobre los presos.

“Yo les ayudo, ellos me ayudan. Esa es mi única relación con ellos”, explica Jonathan, un guarda de 24 años que trabaja aquí desde hace seis meses. “No me lo tomo como si el detenido fuera un terrorista y yo debiera tratarle como tal, porque a lo mejor no lo es. No lo sé. No soy yo quien debe decidir eso. Les trato como me gustaría que me trataran”. Jonathan sólo ha tenido un incidente con ellos. Le insultaron, sólo una vez. “Son respetuosos hacia la gente que es respetuosa con ellos. Si creen que les has faltado al respeto, entonces se te cierran. Si hay alguien con algo de poder que les miente, ya no le hablan nunca más”, añade.

A muchos de los detenidos se les sigue interrogando. Lo hacen frecuentemente los empleados en este centro de detención. También tienen acceso a ellos agentes de la CIA, que en el pasado han sido acusados de torturarles. “Los interrogatorios tienen una función estratégica en la guerra global contra el terrorismo. Tienen un elemento de protección para nuestros guardas y sus operaciones”, explica el contralmirante David B. Woods, comandante de la Fuerza Conjunta de Guantánamo, que engloba a las prisiones y toda la logística que las sustenta. “Es una red global de terrorismo. Necesitamos entender esa red, y cómo funciona, como se financia y entrena. Todas esas piezas son parte de un puzzle que nos ayuda a defendernos en la guerra global contra el terrorismo”.

El campo, abierto hace 10 años por George W. Bush para retener a sospechosos de terrorismo, está en una base alquilada desde hace más de un siglo a Cuba. La soberanía es cubana, el territorio está controlado por los norteamericanos. Las condiciones del contrato de arrendamiento son leoninas: sólo se puede romper si EE UU lo quiere. Washington manda cada año un cheque por valor de 2.900 euros a La Habana. Nunca se cobra. Bush encontró la ecuación perfecta sobre la que sustentar a esta prisión: una base, en territorio soberano de un enemigo declarado, con que el EE UU no tiene relaciones diplomáticas. ¿Qué más da si La Habana se queja de tener esta cárcel en sus costas? En Washington nadie escucha.

Este entramado carcelario es costoso. Si esta base naval tiene 2.100 soldados, 1.500 trabajan para la prisión. Cada detenido le cuesta al fisco unos 800.000 dólares (580.000 euros) al año, según datos de la Casa Blanca. El decreto de Obama se tiene en mente de forma constante. Sobre este lugar planea un aire de provisionalidad. Pero arriba, en la cúpula, se sabe muy bien que, de momento, esto poco tiene pocos visos de desaparecer. “No tengo indicación expresa alguna de que el centro de detención vaya a ningún lado”, explica el capitán Kirk R. Hibbert, comandante de la base. “Yo seguiré ofreciendo el apoyo necesario para mantener el JTF en marcha, y asegurarme de que sus funciones continúan”.