Juicios en el limbo de Guantánamo

Todo en la prisión militar de Guantánamo tiene, 10 años después de su apertura, un engañoso aire provisional. Camp Delta, donde se llegaron a alojar 779 presos en la guerra contra el terrorismo de George W. Bush, sigue pareciendo un recinto improvisado, con sus barracones de madera y metal, abrasados bajo el sol, como si estuvieran a punto de ser barridos por un bulldozer. La misma sensación transmite el lugar en el que la Administración de Barack Obama ha reanudado, por primera vez desde 2008, las comisiones militares en las que tiene previsto juzgar a dos docenas de los 171 presos de la guerra contra el terrorismo que permanecen aquí de forma indefinida desde 2002.

El punto reservado para los juicios militares es un hangar abandonado en un antiguo aeropuerto dentro de esta base naval en Cuba, a escasos metros del mar Caribe. Se trata de un lugar totalmente camuflado en la normalidad de un recinto militar. Nadie diría que aquí, en este edificio destartalado, comenzó la semana pasada el proceso contra uno de los peores enemigos de Estados Unidos, el saudí Abd al-Rahim al-Nashiri, de 46 años, acusado de perpetrar un atentado en 2000 contra el destructor de la Marina USS Cole, anclado en la costa yemení de Adén, causando la muerte de 17 soldados.

Pero precisamente ése es el espíritu de toda esta prisión, en un territorio bajo control estadounidense en el sureste de la isla de Cuba. Bajo un acuerdo firmado en 1903, Washington paga a La Habana 3.000 euros anuales por el uso de la base. La soberanía es cubana y el uso es estadounidense, en un pacto temporal que es en realidad eterno.

Washington paga a La Habana 3.000 euros anuales por el uso de la base. La soberanía es cubana y el uso es estadounidense, en un pacto temporal que es en realidad eterno"

Aunque quiso hacerlo, el presidente Barack Obama se ha dado cuenta de que es imposible cerrar a corto o medio plazo la prisión, por la falta de cooperación por parte del Congreso. Así que ha reanudado de forma callada unas comisiones militares que trató de evitar a toda costa cuando llegó al Gobierno en enero de 2009. Su idea era juzgar a los 171 presos en tribunales civiles federales. Aquello quedó en un intento.

Este recinto seguirá habilitado hasta que al-Nashiri, que se ha declarado inocente, vuelva a presentarse ante el juez, en un año. Por aquí seguirán pasando otros detenidos. Unos 600 presos han sido ya liberados y transferidos a otros países. Cuatro de ellos prestan condena en la cárcel de máxima seguridad en este recinto, después de haber sido declarados culpables en esas comisiones militares. Entre ellos se encuentran Ali al-Bahlul, portavoz de Osama bin Laden, y Salim Handam, su conductor.

Un limbo legal

La cárcel de máxima seguridad, de reciente construcción, recibe el nombre de Camp 5. “Habitualmente Camp 5 se emplea con los detenidos que no cumplen las normas”, explica el coronel Donnie Thomas, comandante al cargo de la prisión. “Se les envía allí como castigo. Hay otros detenidos que están en Camp 5 por decisión propia, que no quieren compartir su espacio con otros presos. El campo cuenta con celdas individuales, aunque sus ocupantes pueden entrar en contacto con otros detenidos por espacios de entre dos y ocho horas diarias”.

Fue la Administración de George W. Bush la que creó las comisiones militares. Las ideó como un modo de juzgar a presos a los que no consideraba combatientes lícitos, porque no representaban a un país en guerra. Tampoco los trataría como civiles, por su asociación con grupos terroristas. No estaban protegidos, ni siquiera, por los Convenios de Ginebra, que amparan el trato digno a los prisioneros de guerra. Eran, según la terminología del gobierno de Bush, “combatientes ilícitos”. Y como tal se los juzgaría.

Según la Casa Blanca las presentó en 2001, estas comisiones militares no garantizaban la presunción de inocencia o la transparencia en el proceso judicial. El Tribunal Supremo obligó pronto a Bush a dar marcha atrás. La máxima instancia judicial de EE UU dijo en 2006 que el presidente carecía de la potestad de crear su propio sistema judicial en miniatura, diseñado casi exclusivamente para juzgar a aquellos presos que mantenía en Guantánamo. Bush hizo serias modificaciones en el proceso, y Obama ahondó más en ellas recientemente, dándole más derechos a los detenidos.

EE UU ha anunciado que quiere juzgar aquí a unos 25 detenidos. Entre los próximos en la lista de las comisiones militares se hallan los cinco acusados de planificar los atentados del 11 de septiembre de 2001, incluido su supuesto ideólogo principal, Khaled Sheikh Mohammed. En este momento, el gobierno está investigando a los abogados civiles que han solicitado defenderles. Es probable que éstos le pregunten al juez, cuando llegue la hora, algo que ya dijo aquí la semana pasada el abogado de al-Nashiri, Richard Kammen: “¿Cree, señoría, que, si al señor al-Nashiri se le torturó durante el tiempo que ha estado bajo custodia, eso podría ser un mitigante que justifique una pena menor que la de muerte?”.

El juez se negó a contestar. “¿No cree que al haber torturado al señor al-Nashiri, EE UU ha prescindido de la autoridad moral para intentar ajusticiarle?”, insistió Kammen. Silencio de nuevo. Aquí, en esta prisión, la palabra “tortura” siempre se recibe con el mismo silencio incómodo.