Renovación en Colombia

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha dado otro paso. Primero se apuntó un excelente resultado en las elecciones del 30 de octubre, en especial para alcaldías y Gobernaciones, aunque la naturaleza de las mismas, con un fuerte elemento personalista entre los elegidos, permita diversas lecturas. Y el lunes pasado anunció la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), o servicio nacional de inteligencia, que se había ilustrado durante el mandato del anterior presidente, Álvaro Uribe, con el espionaje de políticos, periodistas, magistrados e intelectuales de toda condición.

La Corte Suprema de Justicia había sido lapidaria, al dictaminar que el departamento “se puso al servicio de criminales”, en un caso en el que filtró información a los paramilitares en sus actividades delictivas. Y ese paso profundiza la desuribización del Estado por el número y variedad de altos funcionarios de la anterior Administración (2002-2010) —entre ellos todos los directores del DAS nombrados en ese tiempo— que están siendo investigados o directamente en prisión.

El presidente Santos dispone hoy de más poder que probablemente ningún jefe de Estado anteriormente, con muy sólido apoyo en las cámaras, en el poder local, y en la opinión en general, que registra niveles de aprobación incluso superiores a los de su antecesor. Y por ello ha de saber gobernar con un consenso que no desdeñe la apertura a la izquierda, como es el caso del movimiento Progresistas, cuyo líder, el exguerrillero Gustavo Petro, ocupa hoy la alcaldía bogotana; así como no ceder a la tentación del mesianismo, enfermedad tan latinoamericana. Este segundo año del mandato de Santos ha de ser el del cumplimiento de estupendas promesas, como la de la restitución de la tierra a varios millones de desplazados por la acción criminal de paramilitares y guerrilla en una prolongada guerra colombiana, que aún no ha concluido.