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La Fiscalía de Perú investiga a uno de los vicepresidentes por corrupción

Una denuncia periodística señala que Omar Chehade hizo gestiones a favor de un grupo empresarial envuelto en disputas judiciales

El presidente de Perú, Ollanta Humala, el lunes en Lima.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, el lunes en Lima. EFE

Una denuncia de corrupción ha sacudido el entorno del presidente peruano, Ollanta Humala, cuando todavía no cumple tres meses al frente del Gobierno. El involucrado es nada menos que uno de sus vicepresidentes. Según la página web IDL-Reporteros, dirigida por el reconocido periodista de investigación Gustavo Gorriti, Omar Chehade propició una reunión con altos mandos de la policía nacional que tuvo la finalidad de favorecer a un importante grupo empresarial peruano (la familia Wong) en la larga disputa judicial que sostiene para controlar una planta azucarera de Andahuasi, al norte de Lima.

Chehade, que además de segundo vicepresidente es congresista y fue fiscal anticorrupción durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo, ha calificado la denuncia de “patraña” y asegurado que se debe al resentimiento por parte de un general que acaba de ser pasado al retiro. Sus explicaciones, en todo caso, llegaron luego de que concerse que la Fiscalía de la Nacion estudie investigarlo de oficio. El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, ha pedido que su caso sea revisado por la comisión de ética de la Cámara.

De acuerdo con la información publicada, Chehade participó en una cena en uno de los mejores restaurantes de Lima con tres generales de la policía, su hermano Miguel Chehade y una persona más que se identificó como primo del vicepresidente. Al término de la cena, el vicepresidente se retiró y entonces se empezó a discutir sobre la posibilidad de ejecutar el desalojo de la azucarera, actualmente bajo administración judicial de sus trabajadores.

Chehade respondió que la denuncia busca “desestabilizar al gobierno y la reforma policial”

Siempre según el relato, Miguel Chehade y el supuesto primo intentaron convencer, con ayuda de los otros dos altos oficiales, al general Guillermo Arteta de la necesidad de empezar con la compleja operación. Incluso ofrecieron en nombre del grupo Wong correr con los gastos de movilización de 5.000 policías e incentivos económicos para los oficiales.

Arteta, que por entonces era jefe de la región policial en la que se ubica el ingenio, afirma que se negó. Su argumento fue que para ejecutar, o incluso iniciar la planificación de un desalojo, necesitaba la resolución expedida por un juez.

Tras negarse a ejecutar la operación, un general fue retirado del servicio

Según Arteta, Miguel Chehade insistió y días después le llevó a su despacho una orden de desalojo, que el general desestimó porque no llevaba firma de ningún magistrado. Esa misma semana se dio a conocer la salida de 30 generales de la policía. Arteta fue pasado al retiro, mientras que a los otros dos generales que estuvieron en la cena les fue mucho mejor. Uno fue transferido de puesto y el otro, Raúl Salazar Salazar, es ahora el jefe máximo de la policía peruana.

“No estoy en condiciones de establecer una relación entre lo que se trató en esa reunión y la salida de un general que es el mejor experto en seguridad ciudadana de la policía, pero hay una coincidencia claramente visible, y hasta elocuente”, comenta Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros.

Tras varios días de silencio, el segundo vicepresidente rompió su silencio el lunes en una entrevista televisada. Aseguró que la denuncia busca “desestabilizar al gobierno y la reforma policial” y que en ningún momento de la polémica cena se habló de un desalojo de la azucarera.

Según su versión, Omar Chehade convocó al general Salazar -quien a su vez habría convocado a los otros dos oficiales- para agradecerle por algunos favores de índole personal y conversar “sobre temas de inteligencia y seguridad”. No queda claro, sin embargo, por qué motivo el segundo vicepresidente de la República organiza una reunión así en un lugar público, y con presencia de dos personas más totalmente ajenas al gobierno. “Si esto no es tráfico de influencias, entonces sería un caso de ingenuidad política único en la historia”, opina Gustavo Gorriti.

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