Un tribunal de apelaciones impide aplicar partes de la ley de inmigración de Alabama

Un juez federal del Tribunal de Apelaciones ha bloqueado partes de la ley de inmigración del Estado de Alabama, que obligaba a las escuelas públicas a comprobar si los estudiantes y sus progenitores residen legalmente en Estados Unidos. La decisión llega después de que el Departamento de Justicia apelara contra la normativa ante las dudas sobre su constitucionalidad.

La ley de inmigración estatal, la más rigurosa de todo el país, entró en vigor el pasado 5 de octubre y también convertía en delito salir a la calle sin identificación o firmar un contrato con una persona indocumentada. La policía local, además, ganaba autoridad para comprobar el estatus migratorio de cualquier persona de la que sospechen que puede carecer de permiso de residencia.

El Gobierno denunció la ley inmediatamente al considerar que los Estados no tienen autoridad para legislar en materia de inmigración, competencia exclusiva del Congreso, y pide que no se aplique la ley hasta que se resuelvan las dudas sobre su constitucionalidad, un proceso que podría llevar varios meses.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11 Distrito Federal, con sede en Atlanta (Georgia), responde al recurso presentado por el Departamento de Justicia y que cuenta con el respaldo de grupos por los derechos de los inmigrantes y organizaciones religiosas. El dictamen, sin embargo, supone una victoria tanto para los defensores de la ley como para los denunciantes, al quedar bloqueados algunos de los apartados más polémicos, mientras que otros permanecerán en vigor.

El juez ha decidido bloquear el artículo que obliga a comprobar el estatus de alumnos y sus progenitores y que había empujado a decenas de familias a dejar a los menores fuera de la escuela en las últimas semanas. Asimismo, queda anulada la obligación de llevar en todo momento una identificación o copia del permiso de residencia, un artículo que violaba una sentencia vigente del Tribunal Supremo.

El Estado de Alabama seguirá teniendo permiso para determinar si las personas que hayan sido dadas el alto o detenidas “de manera legítima” residen legalmente en el país. Esta medida ya despertó muchas críticas desde que Arizona la incluyera en su modelo de legislación en 2010 ya que, según alegan los grupos de defensa de los derechos civiles, incita a discriminar a los sospechosos en función de su raza. Asimismo, seguirá estando prohibido que los indocumentados hagan transacciones económicas tanto con entidades oficiales como con empresas. Durante las últimas semanas, varias organizaciones han denunciado que esta medida deja a numerosas familias sin agua ni electricidad.

Desde que una juez federal permitiera la entrada en vigor de la ley de inmigración de Alabama a finales de septiembre, decenas de familias hispanas han abandonado el Estado. Aunque no hay cifras exactas y las escuelas tampoco pueden confirmar cuantos alumnos han faltado a clase a consecuencia de la ley, los indocumentados temen ser detectados por las autoridades. Las organizaciones de trabajadores agrícolas y pequeños empresarios también han denunciado que la ausencia de muchos de sus trabajadores tendrá consecuencias económicas importantes, sobre todo para la agricultura.

 A pesar de que la población hispana de Alabama representa apenas un 4% de la población -muy por debajo de la media nacional, que asciende al 12%-, la inmigración se ha convertido en un tema de intenso debate por el rápido crecimiento de este grupo. Según los últimos datos del Censo, la comunidad hispana aumentó un 145% en la última década.

La mayoría de legisladores republicanos del Congreso de Alabama logró sacar adelante una ley de inmigración diseñada a partir del modelo de Arizona, copiada también en Utah, Georgia e Indiana. Sin embargo, ninguno de estos cuatro estados había llegado tan lejos como a poner entre sus objetivos a menores de edad.

El Partido Republicano alega que su iniciativa para crear leyes de inmigración estatales es el resultado de la falta de respuesta del Gobierno ante la inmigración ilegal. Los Demócratas, por su parte, defienden que la solución debe llegar desde el Congreso y en forma de una ley que cambie el sistema de inmigración a nivel nacional.

A partir de ahora, Alabama podría seguir el mismo camino de Arizona. La gobernadora del Estado fronterizo con México, Jan Brewer, apeló al Tribunal Supremo la decisión de otro juez federal, que también bloqueó determinadas partes de la ley por considerarla inconstitucional. Si los jueces de la máxima instancia judicial del país admitieran el caso, la resolución llegará antes de junio de 2012, en medio de una campaña electoral en la que la inmigración será uno de los temas más importantes.