La oposición de Venezuela espera una sentencia clave

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa deliberando su decisión sobre la suerte política de Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana con más posibilidades de reñirle el poder a Hugo Chávez en las presidenciales de 2012. López, junto con centenares de funcionarios venezolanos, fue inhabilitado por el Estado para postularse a cargos de elección popular hasta el año 2014. Durante el periodo de sesiones ordinarias que se lleva a cabo en Bogotá, la Corte debe decidir si con esta decisión administrativa el Estado venezolano violó o no los derechos políticos de López, tal y como lo aseguraba la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su demanda de diciembre de 2009.

Si la sentencia fuese favorable al popular político opositor, Venezuela estaría obligada a levantar la sanción contra López. La sentencia es determinante, por tanto, para que pueda presentarse a las elecciones primarias programadas por la oposición para elegir a un candidato único que se enfrente a Chávez.

Leopoldo López figura en las encuestas como uno de los favoritos para disputarle la presidencia a Chávez, junto con los gobernadores de los Estados de Miranda y Zulia, Henrique Capriles Radonski y Pablo Pérez, respectivamente. López tiene 39 años, ha sido alcalde por dos periodos en el municipio capitalino de Chacao -uno de los más ricos del país- y es coordinador nacional y fundador del partido Voluntad Popular.

Entre 2005 y 2008, la Contraloría General de la República (Tribunal de Cuentas) le impuso dos sanciones administrativas que le prohíben ejercer cargos públicos hasta el año 2014. Según López, se trató de una decisión política para impedir que se presentara como candidato a la Alcaldía Mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008 y para cerrarle el camino a sus ambiciones presidenciales. Junto a López, otros 800 funcionarios públicos fueron inhabilitados políticamente por la Contraloría General en el mismo periodo, bajo el argumento de que habían cometido irregularidades administrativas en el ejercicio de sus funciones. Muchos de ellos eran dirigentes de la oposición que aspiraban postularse a cargos de alcaldes o concejales en aquellas elecciones.

De manera indirecta, el fallo de la Corte también decidirá cómo se manejaran las alianzas internas entre la veintena de organizaciones que integran la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que en febrero de 2012 elegirá en primarias al candidato único que enfrentará a Chávez. López ya ha dicho que su inscripción en esa contienda dependerá de lo que decida la CIDH: "Estamos esperando nuestra sentencia y nos hemos puesto en las manos del tribunal. Una vez sepamos la sentencia tomaremos las decisiones correspondientes. Tanto nosotros como el Estado tenemos una sola opción: acatar las decisiones de la Corte". Y también ha asegurado que, si el resultado no le favorece, apoyará al candidato de la oposición que elija la mayoría.