López testifica contra los abusos legales de Chávez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó ayer los argumentos del exalcalde venezolano Leopoldo López, en la primera de las dos audiencias en las que se tratará la inhabilitación política de más de 800 funcionarios públicos de Venezuela, decidida por la Contraloría General de este país (Tribu-nal de Cuentas) entre 2005 y 2008. Lo que alega López en este proceso contra el Estado venezolano es que el Gobierno de Hugo Chávez ha utilizado esta figura jurídica para sacarlo a él y a varios dirigentes de la oposición del camino electoral. Que le han sancionado para no dejarle competir por la Alcaldía Mayor de Caracas en las elecciones regionales de 2008 y para impedir que sea candidato en la contienda presidencial de diciembre de 2012, en la que Chávez aspirará a un tercer mandato consecutivo de seis años.

Leopoldo López ?de 39 años, dos veces alcalde del municipio capitalino de Chacao?es uno más de la media decena de líderes que aspiran a ser el candidato unitario de la oposición que se enfrente a Chávez en 2012. Pero, debido a dos sanciones administrativas impuestas en su contra por la Contraloría General, tiene prohibido presentarse a ningún cargo hasta 2014.

"No puedo negar que tengo la intención de volver a entrar en la contienda electoral. Queremos recuperar nuestros derechos políticos para poder ejercerlos", dijo López ayer antes de rendir declaración frente a la corte, en San José de Costa Rica. Aunque, si el fallo de los jueces le es adverso, ha prometido apoyar al dirigente que sea escogido por la mayoría: "Estamos comprometidos a ser parte del cambio político en Venezuela desde cualquier posición". Los adversarios de Chávez, reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ya han anunciado que elegirán a su abanderado a través de elecciones primarias.

Al igual que López, más de 800 funcionarios públicos de Venezuela han sido sancionados por la Contraloría venezolana por haber incurrido en supuestas irregularidades administrativas durante el ejercicio de sus cargos. El 89% de los afectados por esta medida, anunciada en la víspera de las elecciones regionales de noviembre de 2008, militaba en partidos de oposición. Algunos de ellos no podrán ocupar puestos públicos hasta dentro de 15 años, a pesar de que hasta el momento no han sido juzgados ni condenados por ningún tribunal.

El contralor venezolano, Clodosvaldo Russián, declaró en aquel momento que se trataba de una "sanción administrativa muy especial" para "preservar el patrimonio público". Este lunes, Russian reiteró que su decisión no puede calificarse como una "sanción política" y que solo puede ser revertida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. "Si alguien no puede invocar que le han violado nunca los derechos políticos es él [Leopoldo López]. (...) Participó en un golpe de Estado y hasta en televisión salió jactándose de participar en el golpe que presidió [Pedro] Carmona [el 11 de abril de 2002]", ha declarado el contralor a través del canal público Venezolana de Televisión.

Según lo declarado por Cristian Colson, el representante del Estado venezolano que se presentó ayer como testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni López ni ninguno de estos funcionarios han sido inhabilitados políticamente, pues a largo de los últimos dos años han podido votar y formar parte de organizaciones políticas. Han sido inhabilitados "solo para ejercer funciones públicas", argumentó Colson.

Hoy se realizará la segunda y última audiencia sobre este caso, antes de que la Corte dicte sentencia. La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se anule la inhabilitación de López, porque esta no ha sido el resultado de un proceso penal con garantías suficientes para su defensa y viola el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión ha pedido, además, que el Poder Legislativo venezolano reforme la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que da fundamento a este tipo de sanciones administrativas.

En otros países como Colombia, México, Brasil y Perú también existen leyes que prevén sanciones de esta naturaleza, y una decisión de la Corte a favor de Leopoldo López marcaría un precedente sobre su futura aplicabilidad.

Otro caso de inhabilitación política que se discute actualmente en la región es el de la senadora colombiana Piedad Córdoba, acusada por el Gobierno de expresidente Álvaro Uribe Vélez de colaborar con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La senadora está a la espera de que estas acusaciones sean confirmadas judicialmente.