Lula sale en defensa de Rousseff en el primer escándalo de su gestión

"A mí comenzaron a pegarme tras el primer año y medio de Gobierno. El bombardeo al Gobierno de Dilma ha comenzado demasiado pronto". Con esta reflexión lanzada en la intimidad de una reunión con senadores del Partido de los Trabajadores (PT), el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dibujaba un horizonte poco halagüeño para su sucesora. El extornero, que sigue manteniendo una fortísima influencia en el seno de su partido, ha salido inesperadamente al ruedo político para atajar un fuego que amenaza con propagarse hasta alcanzar el Palacio de Planalto. El rotativo brasileño Folha de São Paulo publicaba la semana pasada un reportaje que relata el vertiginoso aumento del patrimonio personal del ministro de la Casa Civil y mano derecha de la presidenta, Antonio Palocci.

La oposición busca intensamente abrir una investigación en el Parlamento

Llueve sobre mojado, ya que Palocci, ministro de Economía durante los primeros años del Gobierno de Lula, fue el protagonista en 2006 de un escándalo de tintes berlusconianos que incluyó fiestas con prostitutas, maletines de dinero y denuncias por violación de secreto bancario. El episodio se saldó con la dimisión de Palocci y su desaparición de la escena política. Al cabo del tiempo, el Tribunal Supremo lo declaró inocente de los cargos que se le imputaban.

Aún no existen pruebas consistentes contra Palocci, aunque la prensa brasileña airea que su patrimonio se multiplicó sospechosamente por 20 entre 2006 y 2010. Según los documentos filtrados al rotativo, el ministro adquirió el año pasado un piso de 500 metros cuadrados en São Paulo valorado en 6,6 millones de reales (más 2,8 millones de euros) y un local comercial por valor de 882.000 reales (383.000 euros). Por ahora nadie se ha atrevido a pronunciar formalmente la acusación que la oposición pretende articular en el Parlamento: tráfico de influencias.

Palocci, uno de los hombres fuertes del PT, ha negado que estas compras millonarias se deban a un enriquecimiento ilícito o que sean incompatibles con sus antiguas funciones de diputado. El ministro de la Presidencia tiene desde 2006 una empresa de consultoría cuyo capital ha crecido en los últimos cinco años y que ha atendido a clientes considerados "sensibles", como las compañías aéreas brasileñas Gol y Azul. Ambas empresas han experimentado un crecimiento brutal en los últimos años, principalmente debido al aumento del poder adquisitivo de los brasileños y, consecuentemente, de la clase media.

La oposición trabaja intensamente para abrir una investigación parlamentaria que depure las posibles irregularidades, pero por ahora todos los intentos han sido en vano ya que los partidos aliados al Gobierno han conseguido formar un frente común para evitar que las acusaciones lleguen a prosperar.

El propio Lula mantuvo durante los dos últimos días una serie de reuniones con senadores del PT, líderes de los partidos aliados al Gobierno, Dilma y el propio afectado por las acusaciones, para articular la estrategia de defensa. La consigna, de momento, es frenar por todos los medios cualquier intento de apertura de una comisión de investigación en el Parlamento. Según el PT, la filtración de los datos patrimoniales de Palocci provienen del principal partido de la oposición, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), derrotado por la formación de Lula y Dilma en las últimas elecciones.

La presidenta ha ordenado hoy cancelar la distribución de vídeos y panfletos didácticos contra la homofobia por parte de los Ministerios de Educación y Salud. La decisión, a priori, pretende aplacar la indignación de los grupos parlamentarios religiosos (evangélicos y católicos principalmente), pero la lectura realizada por buena parte de la prensa brasileña sugiere que la decisión guarda una relación directa con el caso Palocci y que representaría una concesión del Gobierno a la bancada religiosa para ganarse su apoyo en el blindaje del ministro más relevante del Ejecutivo.

Mientras este caso parece estar lejos de cerrarse, la Fiscalía brasileña acaba de iniciar investigaciones por un posible delito de corrupción que implica al empresario ganadero José Carlos Bumlai, amigo de Lula. Las sospechas parten de la acusación realizada por la Fiscalía del Estado de São Paulo, que dice tener pruebas contundentes de contratos fraudulentos entre una de las empresas de Bumlai y el Ayuntamiento de Campinas, la ciudad más relevante del interior paulista.