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El Gobierno sirio deroga la Ley de Emergencia vigente desde 1963

La calles de Homs se quedan vacías tras una nueva noche de violencia en que los opositores acusan a las fuerzas de seguridad de matar a cuatro manifestantes

El Gobierno sirio ha aprobado hoy la derogación de la Ley de Emergencia, vigente en la república árabe desde 1963. Se trata de una medida que ya fue anunciada el pasado fin de semana por el presidente Bachar el Asad, pero que no parece que vaya a detener la violenta represión con la que el régimen baazista -que domina el país desde hace cuatro décadas a través de la dinastía de los Asad- está respondiendo a la ola de protestas. Hoy mismo, horas antes del anuncio del fin del estado de excepción, el Ministerio del Interior ha pedido de nuevo a los sirios que no secunden ninguna protesta y les ha advertido que hará todo lo que la ley le permita para impedir que estas se produzcan. Es el caso de Homs, una ciudad de alrededor de 700.000 habitantes situada en el centro del país, donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego la pasada madrugada contra los millares de personas que habían salido a la calle para protestar contra el Gobierno y despedir a varios opositores fallecidos en otra protesta el pasado domingo. También es el caso de la ciudad costera de Banias, donde se han reactivado las protestas tras el anuncio del Gobierno, según activistas pro derechos humanos.

Según testimonios de organizaciones humanitarias, la actuación las fuerzas de seguridad provocó al menos cuatro nuevas víctimas mortales en Homs, donde los choques se han prolongado hasta las seis de la madrugada locales (las cinco, hora peninsular española) para dejar a continuación una ciudad fantasma. "Las calles están vacías", ha relatado este mediodía a Reuters un activista que denuncia la participación de milicias baazistas en la represión. Según su testimonio, que no ha podido ser verificado de manera independiente por las restricciones impuestas a los periodistas en Siria, las escuelas y comercios no han abierto hoy en la ciudad del centro de Siria.

En el habitual juego de informaciones y contrainformaciones, el Gobierno ha asegurado que cuatro militares y tres niños habían sido asesinados en la región de Homs a manos de "grupos criminales armados". Se trata de una denominación que el régimen ha venido empleando desde el estallido de las protestas, el pasado 15 de marzo, y que sitúa en el origen de las mismas. Ayer, además, el Ministerio del Interior dio un paso más al asegurar en un comunicado difundido a través de la agencia oficial Sana que el país se enfrentaba a una "rebelión armada de grupos salafistas" (islamistas radicales de la rama suní que muchos Gobiernos árabes sitúan en la base de grupos terroristas como Al Qaeda).

Fin de la Ley de Emergencia

"No vamos a tolerar las actividades terroristas de estos grupos armados que atentan contra la seguridad de los ciudadanos. Impondremos con firmeza la seguridad y la estabilidad en todo el país, persiguiendo a los terroristas que serán llevados ante la justicia para poner fin a toda forma de rebelión armada", señalaba Interior. Horas después, en un nuevo comunicado, el Ministerio ha insistido en que empleará todos los medios que le da la ley para controlar la situación.

Los medios legales con los que cuenta el régimen ya no estarán, en todo caso, amparados por la Ley de Emergencia vigente desde hace casi medio siglo. El fin del estado de excepción, una de las medidas que reclamaban los manifestantes, ha sido anunciado esta tarde a falta de la firma de El Asad. Con la Ley de Emergencia desaparecerá también el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, "una corte excepcional que niega el derecho a la apelación, limita el acceso a la ayuda legal y acepta confesiones bajo tortura", según un informe de la ONG Freedom House recogido por Efe. En cualquier caso, el régimen baazista no se quedará sin medios para controlar las manifestaciones, ya que pretende aprobar una nueva legislación para regularlas. A falta de más detalles, el Ministerio de Interior ya ha anunciado a través de la agencia oficial que contar con su autorización será imprescindible. Dos abogados que han rehusado dar su nombre, han señalado a Reuters que la nueva legislación no prevé levantar la prohibición sobre el derecho de reunión.

Muertes en Homs

Las protestas de ayer estaban motivadas a su vez por la muerte de al menos ocho opositores. El domingo se supo que un jefe de clan de Homs había muerto mientras permanecía detenido en una comisaría. La noticia provocó una manifestación de protesta a la que se sumaron, según distintos testigos, decenas de miles de personas. Una multitud acudió al funeral, en el que se gritaron consignas contra El Asad. Ya entrada la noche, la policía abrió fuego y mató a esas ocho personas, según algunas fuentes, o 12, según otras. Ayer, en los funerales se reprodujeron las manifestaciones en torno a la plaza del Reloj y el mismo círculo que acabó con nuevos disparos de la fuerzas de seguridad. "Homs ha entrado en ebullición, hay gente por todas partes y la policía dispara a sangre fría", declaró anoche un activista local a la agencia Reuters.

El domingo, durante un funeral en Talbiseh, también hubo disparos policiales y tres muertos. Otras fuentes indican que en Latakia tres manifestantes murieron ayer de madrugada. La inestabilidad se extendía por todo el territorio, incluyendo la capital, Damasco.

Bachar el Asad mantiene un doble juego: por un lado, prometía reformas y tolerancia; por otro, reprimía con tremenda dureza. El Gobierno sigue diciendo que la revuelta está fomentada por "conspiradores extranjeros" y afirma que bandas violentas, financiadas y armadas desde Líbano e Irak, disparan contra la policía y los soldados. La agencia oficial de noticias se refirió a una emboscada contra un vehículo policial en una autopista al norte de Homs, y el ministro de Asuntos Exteriores, Walid al Moualem, declaró que el Gobierno podía tolerar "las manifestaciones pacíficas" (prohibidas por las leyes del estado de excepción), pero no "las barricadas, los sabotajes y los incendios provocados".

Resulta imposible verificar la existencia de esas bandas armadas. Crecen, sin embargo, las denuncias de familiares de soldados muertos, según las cuales quienes se negaban a disparar contra la multitud son ejecutados por sus superiores. Según esas versiones, las muertes en el Ejército y los cuerpos policiales se deben a la represión interna, y no a asaltos de milicias revolucionarias.

Revelación de Wikileaks

En cualquier caso, el cerradísimo conflicto sirio sí tenía ramificaciones externas. El Washington Post ha dado la razón al presidente sirio Bachar el Asad, que lleva un mes insistiendo en que las protestas en su país están orquestadas por enemigos occidentales como EE UU. El rotativo estadounidense ha revelado que cables difundidos por Wikileaks desvelan que Washington ha financiado en secreto a grupos de la oposición siria y a la cadena Barada TV, que emitía desde Londres informaciones críticas con el Asad.

Los telegramas diplomáticos indican que Barada TV, que funciona desde 2009 aunque se ha reforzado desde que comenzaron las protestas el 15 de marzo, está muy cercana a la red de opositores en el exilio Movimiento para la justicia y el desarrollo. El Departamento de Estado habría financiado a este grupo con seis millones de dólares desde 2006, según el rotativo.

La Administración estadounidense comenzó a financiar a personalidades de la oposición con George Bush hijo en el poder, pero siguió haciéndolo con Barack Obama. El diario no aclara, sin embargo, si ha seguido haciéndolo las últimas semanas. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, negó este lunes las acusaciones y ha señalado que Washington "no está trabajando para minar (la autoridad) del gobierno sirio", aunque aprovechó la rueda de prensa para pedir al presidente el país que responda a las "aspiraciones legítimas" de sus ciudadanos. Un diplomático citado en los cables propone cambiar "los programas actuales de financiación de facciones, tanto en el interior como en el exterior de Siria".

De la ecuación exterior también formaba parte el exvicepresidente Abdul Halim Khaddam, que dimitió en 2005 y se exilió para luchar contra el régimen de Asad. Khaddam es de religión suní, a diferencia de los Asad y buena parte de los dirigentes del régimen, pertenecientes a la minoría alauí. El exvicepresidente, enemigo personal de El Asad desde que este le marginó en un proceso de rejuvenecimiento del régimen, está emparentado con la familia Hariri, el clan que lidera a los suníes de Líbano y encabeza la lucha contra la influencia siria, y dispone de una gran fortuna personal.

Hezbolá, el partido-milicia de los chiíes libaneses que constituye la principal "fuerza de choque" de Irán y Siria, acusó ayer en Beirut a los Hariri de estar financiando "la desestabilización de Siria", y pidió una investigación judicial sobre el asunto. Hezbolá, que enarbola la bandera de la resistencia a ultranza contra Israel, se ha convertido en la mayor fuerza político-militar de Líbano gracias al dinero que recibe desde Irán y las armas que recibe desde Siria. Una hipotética caída del régimen de Damasco tendría enormes consecuencias en Líbano y cambiaría por completo los equilibrios geoestratégicos en Oriente Próximo.