Brasil y la OEA se enfrentan por la hidroeléctrica de Belo Monte

La construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia, llamada a ser la segunda mayor del mundo, nació, durante el Gobierno de Lula da Silva, bajo una lluvia de polémicas entre ambientalistas, comunidades indígenas y Gobierno, y ha acabado creando una seria crisis entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

La OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que forma parte Brasil, ha pedido oficialmente que se detenga el proyecto de construcción de la gigantesca hidroeléctrica.

La CIDH alega que "la vida y la integridad personal de los indígenas estarían en riesgo, debido al impacto de la construcción de la hidroeléctrica". Solicita al mismo tiempo al Gobierno de Brasil que las comunidades indígenas tengan acceso al proyecto "en un formato accesible, que incluya la traducción a los respectivos idiomas indígenas".

El Gobierno brasileño tendrá 15 días de tiempo para informar si ha cumplido o no la determinación de la CIDH, aunque ya ha reaccionado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que, en un comunicado, ha calificado las exigencias de la OEA de "precipitadas e injustificables" y ha afirmado que "están siendo observados todos los aspectos sociales y ambientales involucrados en el proyecto".

La presidenta Rousseff, que heredó de su antecesor en la presidencia el proyecto faraónico de Belo Monte, se ha sentido herida por la intromisión de la OEA, la primera de dicha organización en un proyecto económico del país, y ha pedido al ministro de Exteriores, Antonio Patriota, que dé una respuesta "a la altura", según informaba ayer el diario O Globo. En la nota, Patriota afirma: "El Gobierno brasileño, sin minimizar la relevancia del papel que desempeñan los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, recuerda que el carácter de tales sistemas es subsidiario y complementario, razón por la cual su actuación solo se legitima en la hipótesis de fallo de los recursos de jurisdicción interna".

Más dura aún ha sido la reacción de Nelson Hubner, director general de la Agencia de Energía Eléctrica (Aneel), quien ha comentado: "No sé lo que la OEA tiene que ver con los problemas de concesión. No tiene nada que ver con esto y conoce muy poco el proceso brasileño para dar un parecer semejante. Todos los procesos fueron cumplidos con todo el rigor que exige nuestra legislación".

Sin embargo, es también cierto que, contra el proyecto de Belo Monte, existen 10 acciones en curso de la justicia brasileña promovidas por el Ministerio Público del Estado de Pará, donde se construirá la hidroeléctrica.

Las comunidades indígenas se involucraron con una acción en la OEA en noviembre pasado. Según la abogada Roberta Amanajás, que representa a los movimientos sociales ligados a la causa, "los pueblos indígenas tienen el derecho de decir si quieren o no Belo Monte".

Los analistas diplomáticos discutían ayer sobre el poder de la OEA, la legislación de Brasil y las consecuencias del Gobierno brasileño si desoyera la petición oficial sobre Belo Monte, divididos entre los que piensan que la Constitución del país está por encima de la OEA y los que opinan que, al contrario, esta corte se superpone al Supremo Tribunal Federal brasileño.

De cualquier modo, la polémica está servida y la presidenta Rousseff tendrá que resolver esta grave primera crisis internacional y diplomática de su Gobierno. Pulso, dicen los que la conocen de cerca, no le falta.