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Obama ordena la reanudación de las comisiones militares en Guantánamo

La Casa Blanca reitera su intención de cerrar definitivamente la prisión en un futuro próximo

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado la reanudación de las comisiones militares a presos en el centro de detención de Guantánamo, que él mismo paralizó en 2009, a la espera de poder desmantelar aquella prisión y extraditar o trasladar a otras prisiones a los detenidos. Cerrar Guantánamo, una prisión abierta en 2002 y altamente polémica por las condiciones en las que se trataba allí a los reos, fue una de las promesas electorales del presidente Obama, que con el nuevo decreto admite la imposibilidad de que ocurra a corto plazo, aunque mantiene su intención de hacerlo durante su mandato.

"Desde el principio de mi administración, EE UU ha trabajado para que los terroristas responsan ante la justicia, de acuerdo con nuestro compromiso de proteger a la ciudadanía norteamericana y preservar sus valores", dijo el presidente en un comunicado. "Hoy, anuncio una serie de medidas para llevar a los terroristas ante la justicia, darle a nuestras acciones un marco de supervisión y asegurarnos de que se trata a los detenidos de forma digna. Creo firmemente que el sistema norteamericano de justicia es una parte crucial de nuestro arsenal en la guerra contra Al Qaeda y sus afiliados".

En los próximos días, el Ejército comenzará a presentar nuevos cargos contra algunos de los 172 presos que quedan en el penal, según anunció ayer la Casa Blanca. Las nuevas comisiones militares se conducirán según nuevos marcos regulatorios aprobados por el presidente Obama: no se admitirán confesiones obtenidas a través de métodos que se puedan considerar tortura y los presos tendrán acceso, por primera vez, a los cargos y pruebas que se presentan contra ellos. Desde la llegada de Obama al Despacho Oval, además, el Ejército ha examinado, uno a uno, los casos de aquellos reos contra los que no se había presentado acusación formal pero que seguían detenidos.

Unos 50 presos quedan en detención indefinida. Esos casos se revisarán cada seis meses, por si los abogados del Ejército encontraran pruebas que exoneraran a los detenidos. Mientras, los presos seguirán bajo la custodia del Ejército, en Guantánamo u otra cárcel. De ser liberados, "los Departamentos de Estado y Defensa deberán identificar un lugar idóneo fuera de EE UU donde transferir a los reos, de acuerdo con la seguridad nacional y la política internacional de EE UU", según explicó un alto funcionario de la Casa Blanca. En ningún caso, los presos serán liberados en suelo norteamericano.

"El presidente se ha comprometido a cerrar Guantánamo porque no es un centro que se corresponda con nuestros valores y que sea realmente positivo para nuestra seguridad", dijo un oficial del Gobierno en conferencia telefónica. "Diversos expertos en seguridad nacional y comandantes militares coinciden en favorece, a largo plazo, el reclutamiento de radicales para Al Qaeda. El compromiso del presidente se mantiene intacto".

Efectivamente, un día después de jurar su cargo, el 22 de enero de 2009, Obama firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba el cierre de la prisión, ubicada en la isla de Cuba, en el plazo máximo de un año. Entonces ordenó una congelación cautelar de los juicios militares a aquellos a los que consideraba enemigos combatientes. Entre los presos se encuentran los cinco coordinadores de los atentados del 11-S, incluido su cerebro, Jalid Saij Mohamed. Washington dejó a la cárcel fuera de la Convención de Ginebra, que protege a los prisioneros de guerra, y negaba la garantía del hábeas corpus -derecho a juicio- a los prisioneros que mantenía ajenos al mundo y fuera del país.

Obama se ha enfrentado a tres grandes problemas para poder cerrar el campo de detención: el hecho de que muchos países extranjeros hayan eludido acoger a los reos capturados en Afganistán; la negativa de los Estados norteamericanos de aceptarlos en sus prisiones, y las dudas del sistema judicial civil de cómo juzgar a esos reos, muchas de cuyas confesiones fueron obtenidas con métodos que bajo la legislación norteamericana se considerarían como tortura.