El Ejército mexicano rescata a 47 inmigrantes secuestrados por el 'narco'

El Ejército mexicano ha liberado a 47 emigrantes -44 guatemaltecos y 3 mexicanos- y se ha incautado de 102 kilogramos de cocaína en Reynosa (Estado de Tamaulipas), ha informado este martes la Secretaría de la Defensa Nacional del país (Sedena). Los hechos tuvieron lugar el lunes en el curso de una inspección en algunas calles de la ciudad, limítrofe con Estados Unidos. El personal desplegado en la frontera dio parte de dos vehículos sospechosos. En los mismos fue en los que la policía encontró posteriormente los paquetes de cocaína. "Con la droga se hubieran elaborado 308.119 dosis, considerando que de un kilogramo se obtienen 3.000 dosis con un precio en el mercado de 150 pesos, por lo que se logró evitar que los grupos delictivos obtuvieran más de 46.217.000 pesos" (casi 34 millones de euros), reza el comunicado que publica el periódico El Universal.

La droga y los 47 liberados ya están a disposición de las autoridades, que continúan con las investigaciones pertinentes. La conciencia en México respecto al problema de los secuestrados ha aumentado en el último año. Entre otras cosas, ha contribuido a ello la publicación de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana (un organismo público equivalente al Defensor del Pueblo en España) que revelaba el secuestro en suelo mexicano de 20.000 migrantes centroamericanos al año. La mayoría de los migrantes son secuestrados en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas. Muchos inician su viaje en suelo mexicano abordando La Bestia, un ferrocarril de carga así apodado que sale de Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. El tren es detenido por autoridades migratorias para capturar a los migrantes ilegales. Pero esos operativos han sido denunciados como parte de una trama criminal que, al provocar la dispersión de los indocumentados, en realidad los lleva directos a los secuestradores. Por cada secuestrado los criminales solicitan un pago que va de los 5.000 dólares hasta los 15.000. Los testimonios recabados por la CNDH apuntan a la complicidad de autoridades con los criminales. Hasta ahora, el incidente más grave documentado ocurrió el pasado agosto, cuando se encontró una fosa común en Tamaulipas con 72 inmigrantes fusilados.