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Desalojo de 'okupas' en la isla de Pascua

Una familia indígena tomó durante seis meses un hotel para reclamar la propiedad ancestral del terreno

Por orden de un fiscal chileno, la policía militarizada de Carabineros desalojó el domingo a los ocupantes que mantenían tomado desde hace seis meses el lujoso hotel Hanga Roa de Isla de Pascua, como reclamación de la propiedad ancestral del terreno donde este se encuentra, y detuvo a dos mujeres que se resistieron a salir, que posteriormente fueron liberadas. Los ocupantes, de la familia Hito, sostienen que los terrenos les pertenecen desde antes de que Chile tomara posesión de esta isla.

Conocida por sus gigantes de piedra, los moais, esta isla situada en medio del océano Pacífico, a 3.790 kilómetros de Chile continental, que vive del turismo como único sustento, afronta un conflicto de tierras análogo al que tiene el pueblo mapuche con el Estado chileno. Una fuerte presencia policial y la vigilancia del hotel Hanga Roa reflejan esta tensión. Sus habitantes, del pueblo rapa nui, de origen polinésico, que aspiran a recuperar sus tierras y a obtener parte de las ganancias que deja el turismo, iniciaron en 2010 movilizaciones y tomas de oficinas públicas y del hotel.

Tras varios meses con escaso diálogo, durante los cuales la toma paralizó una inversión de 50 millones de dólares para un hotel que cobrará 800 dólares por noche, la respuesta del Gobierno fue el desalojo con la policía militarizada. El año pasado, enfrentamientos entre carabineros y pascuenses dejaron 17 detenidos y varios heridos. La fiscalía los acusa de delitos de usurpación, violación de morada y amenaza y deberán comparecer hoy ante los tribunales en Valparaíso.

El desalojo de los últimos ocupantes del hotel duró 15 minutos y según la policía era necesario para realizar las pesquisas que la fiscalía pidió que fueran practicadas en ese lugar. El intendente regional, Raúl Celis, máxima autoridad del Ejecutivo en la zona y que depende de La Moneda, negó estar relacionado con la acción policial y llamó al diálogo entre las partes. Celis reconoció que con el desalojo "no se soluciona el problema", pero agregó que debería facilitar el diálogo.

Entretanto, la familia Schiess, propietaria del terreno, reparará los daños ocurridos durante la ocupación y reiniciará los trabajos de construcción. La tensión que ocasionaron la toma y el desalojo resultaron ser como un bumerán para todos los actores, porque, salvo en los últimos días, se redujo el flujo turístico, el oxígeno de la isla.

La familia Hito, que ocupaba el hotel, criticó que el desalojo ocurriera un día después de que se difundiera una carta en que un senador estadounidense por Hawai y el delegado de Samoa ante el Senado pedían al presidente, el conservador Sebastián Piñera, que se retire la vigilancia policial y se reduzcan las tensiones en el lugar.

Para la portavoz de esta familia, Marisol Hito, los hechos demuestran que, "claramente, una vez más, el poder económico está sobre el poder judicial", según afirmó. Hito declaró que esto "recién comienza" y advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias para "recuperar nuestras tierras que el Estado chileno nos robó", incluyendo una apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

Hito censuró al Gobierno por emplear la violencia y "hacer creer que acá no ha pasado nada". La familia Hito critica al Estado, porque, afirma, logró mediante engaños y presiones que su abuela analfabeta entregara las tierras, que después se vendieron a particulares de forma ilegal durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Los isleños acusan al Estado, que tiene la propiedad del 70% de Pascua, de haber usurpado sus tierras. En 2010 también pidieron al Estado que frenara la inmigración de "continentales", como llaman a los chilenos del continente, a un territorio con pocos recursos.

James Anaya, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha planteado al Gobierno su preocupación por la violencia utilizada en desalojos previos y ha pedido que se eviten nuevos desalojos y que haya una excesiva presencia policial en la isla.