Rigoberta Menchú confía en que los responsables del asalto a la Embajada de España en Guatemala sean juzgados

"No podremos hablar de una paz verdadera hasta que los responsables de esta tragedia sean llevados ante la justicia. Teníamos una fe absoluta en que serían juzgados en la Audiencia Nacional española. Creo que logramos muchísimo, particularmente en lo que se refiere a preservar la memoria histórica", dijo Menchú a EL PAÍS por vía telefónica. Añadió que la investigación realizada les ha permitido recoger lo más impresionante de la violencia contra la población que caracterizó a la sangrienta guerra civil guatemalteca (1960-1966). Entre las 31 víctimas, dos eminentes juristas locales: Eduardo Cáceres Lenhoff, ex vicepresidente, y Adolfo Molina Orantes, ex ministro de Exteriores. También perecieron calcinados el cónsul de España, Jaime Ruiz del Árbol, y Vicente Menchú, padre de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

"Conocemos los nombres y apellidos de los culpables. Solo falta que sean juzgados. Eso es una asignatura pendiente en Guatemala. Creo que nuestros hijos lo harán algún día. Lo importante es que los delitos están tipificados y acreditados ante los tribunales, tanto en España como aquí". Añadió que ahora promueve que los sucesos del trágico 31 de enero de 1980 sean juzgados en tribunales locales y que mantiene la esperanza de que el proceso judicial pueda realizarse. "A la justicia no le pongo tiempo. Prometí a mi padre luchar contra la impunidad, y es lo que hago todos los días".

Lucha contra el olvido

La tarea parece cada vez más cuesta arriba, dado el tiempo transcurrido. Tres décadas parecen insuperables en un país donde, según estadísticas oficiales, un 70% de la población (14,3 millones) es menor de 25 años. Eso se hizo evidente el domingo, durante los actos en la Plaza Mayor de la capital guatemalteca: si bien mucha gente asistía a la proyección del vídeo Saber quién puso el fuego allí, inspirado en el libro homónimo del embajador Máximo Cajal, la participación en actividades como la donación de saliva destinada a pruebas de ADN para la búsqueda de familiares desaparecidos durante el conflicto era insignificante. La esperanza perdida y, todavía, el miedo, han terminado por doblegar a muchos de los familiares de las víctimas.

"Esto obedece, en buena medida, a que los autores de la violencia del pasado aún están vigentes y son ellos quienes continúan realizando un trabajo intenso para borrar la memoria, con actos de hostigamiento en contra de las personas o instituciones que luchan por que no se olvide lo ocurrido", comenta Menchú, que añade que a lo anterior hay que sumar la indiferencia y el racismo.

Para la líder indígena, todavía es muy difícil hacer un análisis sereno y certero de lo ocurrido en la sede diplomática española en 1980. En el tiempo transcurrido han ocurrido procesos que Menchú califica como "dolorosos", entre los que contabiliza el que se haya puesto fin al conflicto armado "sin lograr un lugar digno para las víctimas del genocidio", mientras que los asesinos, como los integrantes de las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), son beneficiarios de diversos tipos de resarcimiento.

"Muchas de las causas por las que nuestros padres dieron la vida hace 31 años continúan vigentes", afirma. Cita concretamente el problema de la tenencia de la tierra, que sigue siendo la médula de la relación entre los pueblos indígenas, el Estado y los grandes terratenientes.

Organizaciones indígenas y campesinas realizaron ayer diversos actos conmemorativos y entregaron panfletos en los que denunciaban que "el manto de la impunidad sigue protegiendo a quienes fueron los responsables intelectuales y materiales, lo que cimienta y fortalece los pilares del olvido".