Guatemala indemniza a los familiares de las víctimas del asalto a la Embajada de España
La policía tomó la legación en 1980 para sofocar una protesta indígena y dejó 37 muertos
El Gobierno guatemalteco pagará una indemnización de 2.400 euros a los familiares de 25 personas fallecidas hace 27 años en la Embajada de España en Guatemala por el incendio desatado tras el asalto de las fuerzas de seguridad del Estado. La indemnización económica es similar a la que, por disposición del Estado, se ha entregado a otras víctimas de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 y en la que murieron más de 200.000 personas.
Casi tres décadas después del brutal asalto de la policía guatemalteca a la Embajada de España en Guatemala, donde murieron calcinadas 37 personas, Rosalina Tuyuc, presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado que ensangrentó a este país centroamericano entre 1960 y 1996, confirmó que mañana, 31 de enero, fecha en la que se cumple el 27º aniversario de la tragedia, o en fechas próximas a la efeméride, las familias de las víctimas recibirán una indemnización por parte del Estado guatemalteco.
Tuyuc, en declaraciones al matutino local Prensa Libre, califica el gesto como “simbólico”, dado que la indemnización apenas llega a 24.000 quetzales (2.400 euros), cifra que la dirigente indígena califica de miserable. “No me parece mal que se dé resarcimiento, aunque sea por unos míseros 24.000 quetzales”, dijo al anunciar que la principal demanda de las familias de las víctimas de la guerra sucia ante la justicia “no se va a dejar a dejar de lado”.
La dirigente indígena Rigoberta Menchú, cuyo padre fue secuestrado y asesinado por el Ejército y continúa sepultado en alguna fosa común, explicó que el principal problema que afronta para hacer efectiva la indemnización radica en la ausencia de identificación legal de los herederos de las víctimas del asalto a la Embajada.
Esto se explica porque, mientras huían de la fiereza del combate entre guerrilleros y militares, “muchas familias ni siquiera tenían inscritos en el padrón a sus hijos”, lo que dificulta que perciban la compensación. A esto se suma el hecho de que los registros civiles de muchos de los Ayuntamientos fueron quemados por las partes en conflicto.
La masacre
El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos indígenas de Quiché (norte de Guatemala, en la frontera con México) tomó por asalto la Embajada de España con el propósito de denunciar internacionalmente las masacres de las que eran objeto comunidades civiles del norte del país, bajo el pretexto de colaborar con la guerrilla. El Gobierno de Guatemala, entonces presidido por el general Romeo Lucas García, se negó a negociar y ordenó entrar por la fuerza en la sede diplomática. La policía entró a saco, con el saldo ya apuntado de 37 muertos, entre ellos el primer secretario de la Embajada, Jaime Ruiz del Árbol, y Vicente Menchú, padre de Rigoberta, galardonada en 1992 con el Premio Nobel de la Paz.
Ante la imposibilidad de encontrar justicia en Guatemala, Rigoberta Menchú elevó una querella ante la Audiencia Nacional de España, que decretó una orden internacional de búsqueda y captura contra altos ex funcionarios guatemaltecos, entre ellos Romeo Lucas García, muerto en Venezuela el 27 de mayo de 2006, y contra los ex jefes de Estado golpistas Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores. También contra el ex jefe de la policía Germán Chupina y contra los civiles Donaldo Álvarez Ruiz y Pedro García Arredondo.
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