Tres décadas de impunidad en Guatemala

Organizaciones indígenas, humanitarias y de familiares de las 37 personas calcinadas en la Embajada de España el 31 de enero de 1980 conmemoraron ayer el 28 aniversario de esa tragedia con una concentración frente a la Corte de Constitucionalidad (Tribunal Constitucional). Lo hacían para protestar por un fallo emitido por ese organismo el pasado 12 de diciembre, en el que se rechaza la jurisdicción española para juzgar a los responsables de esa masacre.

La decisión del tribunal cayó como un cubo de agua fría sobre las organizaciones humanitarias, que no dudaron en calificarla como un espaldarazo a la impunidad que reina en el país. "Tras esa resolución, Guatemala queda ante la comunidad internacional como un paria que no respeta los tratados internacionales que firma", dijo a EL PAÍS Julio Solórzano Foppa, cuya madre, la escritora Alaíde Foppa, fue secuestrada y asesinada por las fuerzas de seguridad en 1980.

Solórzano añade que, no obstante, la decisión del Constitucional "no detiene el proceso de justicia" iniciado por la líder indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en diciembre de 1999 ante la justicia española, y anuncia que ya han viajado a Madrid 16 testigos para declarar ante el juez Santiago Pedraz.

Con respecto a la posibilidad de que el Constitucional guatemalteco rectifique, Solórzano comenta que es un asunto que está en manos de los abogados, pero recuerda antecedentes como el de los militares argentinos, chilenos y uruguayos, que pudieron ser juzgados tras haber sido absueltos gracias a la figura de la obediencia debida. "Como víctimas, como deudos de las víctimas y como ciudadanos empeñados en lograr justicia, la resolución del Constitucional no nos va a detener", asegura.

El activista humanitario no visualiza, a corto plazo, que los tribunales guatemaltecos puedan juzgar a los ex gobernantes acusados de delitos de lesa humanidad. "Hasta la fecha tenemos, por una parte, 250.000 muertos y desaparecidos. Por el otro, no hay nadie en la cárcel" dice. Añade que si la argumentación del Constitucional se basa en que no debe haber injerencia internacional porque la aplicación de la justicia corresponde a los tribunales guatemaltecos, la misma pierde fuerza "porque, mientras las víctimas se cuentan por cientos de miles, en la cárcel no hay un solo victimario".

Vigilia

Las conmemoraciones del 28 aniversario de la quema de la Embajada española dieron comienzo la víspera con una ceremonia maya en la que los sacerdotes imploraron a sus deidades que la paz y la justicia reinen en este país centroamericano. Este acto terminó la noche del miércoles, con una vigilia frente a la actual sede de la Embajada española.

En el brutal asalto de la policía guatemalteca a la sede diplomática de 1980 murieron calcinadas 37 personas, entre ellas Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú. También fallecieron tres diplomáticos españoles, entre ellos el primer secretario de la misión diplomática, Jaime Ruiz del Árbol. Como consecuencia, el Gobierno español, entonces presidido por Adolfo Suárez, cortó las relaciones diplomáticas con Guatemala, que fueron reanudadas cuatro años después.

Como responsables directos de este hecho están acusados: el entonces presidente, general Romeo Lucas García, fallecido en Caracas, Venezuela, en mayo de 2006; el ministro de Gobernación (Interior), Donaldo Álvarez Ruiz, prófugo de la justicia internacional, y el jefe de la policía, el también general Germán Chupina Barahona, excarcelado la víspera de la pasada Navidad, gracias a la decisión del Constitucional.