EE UU, contra la impunidad del maltratador en México

En torno al 60% de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia doméstica alguna vez en su vida, miles han sido asesinadas, y la impunidad de los agresores, facilitada por las disputas entre competencias federales o estatales, malogra los esfuerzos del gobierno de Felipe Calderón contra la erradicación de la lacra. Las mujeres son tratadas con cierta frecuencia como "objetos de usar y tirar", y sufren discriminación en la política y en otros ámbitos, según un duro informe de la embajada de Estados Unidos sobre la desprotección de la mujer mexicana. El problema no solo es alarmante en Ciudad Juárez, sino en todo el país: "cada seis horas una mujer es asesinada en México". El despacho enviado al Departamento de Estado (250019) deja en mal lugar al país pues además denuncia los incumplimientos legales en la composición de las listas electorales. La ley establece que ningún género acapare más del 60% de candidatos de las listas de partidos y agrupaciones.

El fraude más revelador ocurrió el año pasado cuando 11 mujeres renunciaron a sus escaños, una vez elegidas, para que sus asientos fueran ocupados por 11 hombres de sus formaciones políticas. La trampa fue urdida antes de los comicios al Congreso Federal, que cuenta con un 25% de mujeres en sus bancos. "Aprobar leyes no es suficiente", dice la diplomacia norteamericana, que insta a armonizar las políticas federales y estatales para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia y garantizar que los asesinos y maltratadores, amparados por comportamientos machistas muy arraigados en la sociedad, sean castigados.

La protección continúa siendo una asignatura pendiente en México, habitado por 107 millones de personas, pues la impunidad es generalizada, indican los cables, cuando la agresión ha sido perpetrada por las parejas, grupos delictivos, policías o soldados. Siete de cada diez mujeres mexicanas ha padecido malos tratos alguna vez en su vida, según los datos de Organizaciones No Gubernamentales y, entre enero de 2007 y julio de 2008, fueron asesinadas 1.014 en Ciudad Juárez. Otras fuentes, sin embargo, reducen hasta 388 esa cifra en 2009. De todas formas, "un gran número de casos sigue sin castigo, lo que permite que esa violencia continúe", resume el documento diplomático, que pide una mejor preparación de policías, fiscales y jueces en la persecución de los delitos contra las mujeres y advertencias claras a los asesinos y maltratadores, es decir que sepan que serán castigados.

Hasta el momento eso no ocurre en la mayoría de las situaciones. Las ciudades de Chihuahua y Juárez, donde ocurrió el 35% de los asesinatos, son famosas por los casos no resueltos, pero las estadísticas tampoco salvan a los estados de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero o el Distrito Federal, donde se ubica la capital mexicana. De hecho, el pasado año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no haber investigado a fondo el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez y haber fabricado pruebas contra dos hombres.

El 80% de los asesinatos fue obra de la violencia doméstica, según fuentes oficiales. "México necesita promover una cultura de respeto en la relación de género a través de la educación y campañas contra la discriminación", pide otro de los documentos enviado al Departamento de Estado (195530).

El número de denuncias presentado por las mujeres aumenta, pero de cada diez hasta ocho son retiradas por miedo a las represalias o al carecer la demandante de recursos para empujar el caso. Otras son ignoradas. Paralelamente, el índice de denuncias juzgadas "continúa siendo desalentador" para los diplomáticos norteamericanas, "en parte porque la actitud social complica los esfuerzos de los fiscales para construir casos sólidos", pero también por la negligencia de los juzgadores y la ausencia del debido proceso. Y contrariamente a lo que cabía esperar en una sociedad donde millones de mujeres prosperan social y profesionalmente, esos triunfos desencadenan la violencia de muchas parejas masculinas "que temen ser dejados atrás".

El repaso diplomático a la violencia de género es exhaustivo y alerta contra la mayor vulnerabilidad de las mujeres durante la guerra entre el ejército y los cuerpos de seguridad mexicanos contra el delito organizado y el narcotráfico. Por otra parte, representantes de la sociedad civil y funcionarios de la Fiscalía Especial para los Delitos de delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, creada en 2008, se quejaron de la carencia de medios y de los problemas de jurisdicción en una reunión sostenida con Andrea G. Bottner, directora del departamento de la mujer en la Secretaria de Estado de EE UU (164782).

Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe, y Pilar Vallejo, directiva de Red Nacional de Mujeres de México, lamentaron ante la funcionaria norteamericana que, en general, el tema de la violencia de género no recibe suficiente atención por parte de los funcionarios federales y estatales. Tampoco las ONG que se ocupan del tema reciben fondos suficientes. La embajada norteamericana envía a Washington el dato proporcionado por Vallejo y Ulloa: el 60% de las mujeres ha sufrido violencia de género.

Los funcionarios de la Fiscalía Especial denunciaron en su reunión con la delegación norteamericana las complicaciones legales para que los casos de violencia contra las mujeres lleguen a sus manos. Las denuncias suelen ser competencia de las autoridades de los 32 estados mexicanos, incluido el Distrito Federal, y para trascender ese ámbito y llegar a la Fiscalía Especial deben condiciones, que limitan la eficacia de la lucha encomendada.

Las causas de la violencia de género en la zona metropolitana de la capital, Ciudad de México, habitada por más de 19 millones de personas, y en otros lugares, "son tan profundas" que es imposible discutir el tema sin considerar los efectos de la pobreza, las costumbres o la creciente inseguridad e inestabilidad nacional, según resumen los cables. Esos factores explican también el tráfico de mujeres, hacia la prostitución o la explotación laboral, pero no agotan las causas de un fenómeno todavía persistente.

Y a pesar de que las autoridades se manifiestan genuinamente comprometidas en la protección de los derechos humanos de las mujeres mexicanas, según agrega la embajada norteamericana, la guerra del gobierno contra los carteles de la droga y el delito organizado han forzado a la a la sociedad civil a presionar más por los temas de seguridad nacional. Los esfuerzos de la sociedad civil y el gobierno son encomiables, dice la embajada, pero sin una coordinación de esfuerzos para erradicar la violencia, será difícil mantener las crecientes demandas para asistir a las víctimas.

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