La legisladora luchaba contra la dura ley antiinmigración de su Estado

Arizona saltó a la arena informativa el año pasado debido a la polémica ley contra la inmigración que convertía en delito estar ilegalmente en el Estado y otorgaba a la policía la capacidad de solicitar a los ciudadanos papeles que probasen su estatus migratorio, facultad que hasta la aprobación de la SB1070 era competencia exclusiva de los agentes de Inmigración. Para los grupos defensores de los derechos civiles, la aplicación de la ley suponía forzar a la diferenciación basada en razones étnicas, lo que se denomina profiling y supone que la policía se marca como objetivo detener a quienes consideran 'por su aspecto' sospechosos de ser inmigrantes.

La SB1070 debía de haber entrado en vigor a finales de julio del pasado año pero sus secciones más polémicas -la detención de 'sospechosos'- se encuentran paralizadas después de que la Administración de Barack Obama la recurriese por considerar que viola la Constitución de EE UU ya que los Estados no pueden legislar en materia de inmigración porque esa es una facultad exclusiva del Gobierno federal. La Casa Blanca considera que la Ley de Arizona también viola derechos fundamentales y somete a acoso y detención a los visitantes extranjeros, inmigrantes ilegales y ciudadanos norteamericanos que no puedan probar de inmediato su situación de residencia.

Antes y después de que la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, firmara en abril la controvertida ley, una ola de indignación sacudió a la comunidad latina de Estados Unidos, que se lanzó a las calles de las principales ciudades del Estado para protestar contra una ley que consideran racista y que el embajador estadounidense en México, Carlos Pascual, consideró que podría provocar "una especie de apartheid" similar al sufrido por los negros en Sudáfrica durante años y que fue abolido en 1991.

Sin embargo, las autoridades de Arizona mantienen la lucha abierta y consideran que Washington se equivoca gravemente y que los esfuerzos y fondos destinados a tumbar la ley deberían emplearse en derrotar a la violencia organizada que llega desde el fronterizo México y que se salda cada año con miles de víctimas.

Gabrielle Giffords, la congresista que ayer fue tiroteada en Tucson, tenía como una de las prioridades de su agenda política acabar con una ley de importantes consecuencias y extraordinario simbolismo, ya que por primera vez en la historia de este país se permitía a la policía detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de no tener papeles. Este aspecto es diferenciador de la mayoría de los países europeos ya que en EE UU la policía no tiene la autoridad para solicitar documentación a no ser que la persona sea sospechosa de haber cometido un delito.

La oficina de Giffords también tiene abierta una lucha contra los violentos carteles de droga provenientes de México y en la primavera pasada presentó al Capitolio de Arizona una ley para dificultar el lavado de dinero que efectúan estas mafias a través de tarjetas que se cargan con dinero para diversos fines.

La gobernadora Brewer insite en justificar la polémica SB1070 debido a "la incapacidad del Gobierno federal para asegurar las fronteras". En este sentido, el senador republicano por Arizona y ex candidato presidencial republicano en las elecciones de 2008, John McCain, también ha dado su apoyo a esa ley.

En la agenda de asignaturas pendientes de la Casa Blanca sigue la reforma de la inmigración que regularice a los cerca de 12 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos. Se calcula que en Arizona viven cerca de un millón de irregulares sobre una población total de más de seis millones de personas.

En el Congreso que acaba de iniciar su andadura esta semana parece virtualmente imposible sacar adelante esa necesaria reforma ya que los demócratas perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas del pasado 2 de noviembre y tuvieron sustantivas perdidas en el Senado.