Honduras, Guatemala y El Salvador reclaman a México por el destino de medio centenar de inmigrantes

Inédita protesta de las cancillerías centroamericanas ante un supuesto secuestro de decenas de indocumentados

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen contra la pared a México. La presunta desaparición de medio centenar de inmigrantes ha provocado que las cancillerías de esas tres naciones centroamericanas demanden el esclarecimiento de un incidente ocurrido en Oaxaca hace una semana, cuando habrían sido secuestrados personas indocumentadas de esas tres nacionalidades. Lo novedoso del caso es que la protesta, como la describió el canciller hondureño Mario Canahuati, es conjunta y firme. Lo nada novedoso es que las autoridades mexicanas negaron en un principio que siquiera hubiera existido el evento, para en menos de 24 horas recular y apurarse a decir que están investigándolo.

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El 16 de diciembre pasado el tren que había salido de Arriaga, Chiapas, se detuvo 40 kilómetros más adelante, en Chahuites, Oaxaca, para una revisión policíaca. Es el vehículo de quienes pretenden llegar a Estados Unidos cruzando de manera ilegal por México. Los inmigrantes centroamericanos huyeron de la redada en la que también participaron elementos del Instituto Nacional de Migración (INM). El ferrocarril, con los techos de los vagones de nuevo repletos de indocumentados que lograron burlar el retén, se puso en marcha minutos más tarde, pero apenas cinco kilómetros adelante la vía estaba bloqueada con troncos. Al detenerse la locomotora, unos quince hombres vestidos de negro, con machetes y armas, secuestraron a decenas de migrantes. Del caso supieron de inmediato todos menos el gobierno mexicano: la oficina pastoral que cuida a los migrantes, personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la cónsul de El Salvador en Chiapas, Vilma Mendoza, quien inició el reclamo.

"A punta de machete se los llevaron, a uno que opuso resistencia le asestaron tres machetazos. Hicieron dos grupos, de alrededor de 20 personas, uno de ellos de mujeres. Es imposible determinar la nacionalidad de los secuestrados", explicó a la prensa Mendoza, cuya cancillería fue la primera en demandar al gobierno mexicano el esclarecimiento del caso y dar con el paradero de los secuestrados. Como respuesta incial, el INM -tristemente célebre por la desastrosa actuación de su anterior directora Cecilia Romero ante la masacre de agosto pasado de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas? emitió un comunicado oficial el martes en donde asentaba que según sus averiguaciones el tren ni siquiera se había detenido en el punto que la cónsul salvadoreña señalaba.

Pero menos de 24 horas después el Instituto de Migración tuvo que corregir ante las evidencias: en la Casa del Migrante Hermanos del Camino del padre Alejandro Solalinde cuentan con testimonios de primera mano de sobrevivientes del secuestro, y por si fuera poco la CNDH grabó 13 relatos de testigos del crimen de ese día. Finalmente, el INM hizo viajar a la capital mexicana a esos centroamericanos para que aporten elementos que lleven a las autoridades a determinar qué fue lo que pasó en ese incidente que inicialmente ellos ni siquiera reconocían como existente.

El Canciller hondureño Mario Canahuati dijo que tanto su país como El Salvador y Guatemala tienen una "posición firme" y de "protesta", porque a pesar de que se han firmado con México acuerdos de colaboración de hasta 27 convenidos para abordar la problemática migratoria, "ni uno" se ha puesto en marcha. "Es tiempo de que pasemos de las palabras a los hechos", agregó en declaraciones a W Radio. Señaló como posibles autores del secuestro a Los Zetas en alianza con las Maras, y urgió al gobierno mexicano a la acción para evitar que este grupo de secuestrados "no sufran la suerte de nuestros hermanos que murieron en Tamaulipas".

Observadores del fenómeno migratorio centroamericano en México, como Mario Santiago, de la Organización I(d)heas, explican que no se sabe con precisión cuántos indocumentados son secuestrados en suelo mexicano, pero que se da por bueno el dato de que son alrededor de 20 mil al año, como lo determinó un estudio de la CNDH de 2009.

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