El Supremo de Uruguay declara inconstitucional la Ley de Caducidad

La Corte Suprema de Uruguay ha declarado inconstitucional este lunes la ley que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura e el país sudamericano (1973-1985). Esta decisión viene a dar alas a la polémica iniciativa de suprimir la vigencia de la norma por medio de trámites parlamentarios. Si se consigue revocar la conocida como Ley de Caducidad, los casos de abusos podrán ser investigados por la Fiscalía y los tribunales sin que los autores gocen de protección.

De forma unánime, el Alto Tribunal uruguayo ha considerado inconstitucional la ley a partir de su intervención en una causa abierta contra el ex dictador Juan María Bordaberry por la muerte de 20 personas. Bordaberry, de 81 años y que gobernó constitucionalmente entre 1972 y 1973 y luego como presidente de facto entre 1973 y 1976, ya fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por atentar contra la Constitución, y a otros 30 por el asesinato de 14 personas desaparecidas bajo su mandato.

La resolución llega en medio de un agrio debate entre el gobernante Frente Amplio (FA), de izquierdas, y la oposición, después de que el FA haya impulsado en el Parlamento un texto que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pese a que ésta fue respaldada por la ciudadanía en 1989 y 2009. En 2009, cuando se preveía la anulación de la norma, su ratificación en el referéndum que coincidió con las elecciones presidenciales en las que venció el ex guerrillero tupamaro José Mujica fue un golpe muy duro para las organiaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos, los principales detractores de la medida.

El FA justifica el nuevo texto que viene a implicar el fin de la Ley de Caducidad, que ya fue aprobado por los diputados y espera su ratificación en el Senado, apoyándose precisamente en una sentencia de la Corte Suprema, que en octubre de 2009 declaró inconstitucional el recurso a la impunidad en el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

Un freno a las investigaciones de abusos

La Ley de Caducidad obliga a que tanto el Gobierno como la Corte Suprema autoricen cada investigación judicial que se inicie sobre los crímenes cometidos por uniformados en ese período. Estas investigaciones no empezaron hasta que la izquierda asumió el gobierno en 2005, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.

La nueva iniciativa legislativa pretende que los tribunales consideren protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, para que la Ley de Caducidad sea declarada inconstitucional de forma automática. Sin embargo, los opositores a este proyecto, entre los que se encuentran los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005), acusan a la propuesta de ser "un agravio a la ciudadanía" que aprobó la norma y un ataque a la "institucionalidad del país".

El tema también divide a la propia coalición de izquierda, que pese a gozar de la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, se ha topado con el rechazo de tres de sus senadores. Si dos de ellos votan en contra de la nueva norma, la ley de Caducidad seguirá vigente.