Francia adaptará su legislación a la normativa europea tras la polémica provocada por las expulsiones de gitanos rumanos

Francia está dispuesta a cambiar su legislación sobre la libre circulación de ciudadanos comunitarios en su territorio para adaptarla a la de la UE. Así lo ha afirmado esta mañana un portavoz del Ministerio de Exteriores francés. El cambio llega como consecuencia del escándalo que ha provocado en la opinión pública la expulsión de gitanos rumanos llevada a cabo por el Gobierno de Sarkozy. Aunque la Comisión Europea (CE) decidió el pasado 29 de septiembre dar marcha atrás y no expedientar a Francia por discriminación en las expulsiones de gitanos rumanos, sí anunció un procedimiento de infracción sobre la incorrecta aplicación de la norma de la UE de 2004 sobre la libre circulación de personas.

El portavoz ha precisado que París continúa negociando con Bruselas para asegurar a la CE que la legislación nacional se adapta a la comunitaria. "Con el fin de responder a la petición de la Comisión de una mayor transparencia y seguridad jurídicas (...) las autoridades francesas están dispuestas a insertar ciertas disposiciones de la directiva en los textos del derecho nacional", ha añadido el portavoz.

Por su parte, la CE espera que Francia presente esta noche garantías de que trasladará a su derecho nacional la directiva sobre libre circulación de personas, tal y como le pidió el Ejecutivo comunitario el pasado 29 de septiembre después de las expulsiones de gitanos rumanos de este verano. El plazo dado por Bruselas para que Francia pueda evitar la apertura de un expediente sancionador expirará a media noche.

Cuando Francia presente las garantías, la CE las estudiará y decidirá si son suficientes para no lanzar un procedimiento de infracción, según ha explicado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Matthew Newman. "Lo que la Comisión quiere está muy claro: la transposición completa de la directiva en la legislación francesa", ha señalado. También ha dejado claro que no serán suficientes las circulares o decisiones del Consejo de Estado francés o de jurisprudencia, sino que hace falta que el derecho procedimental se incluya en la legislación francesa. Bruselas ha solicitado igualmente a las autoridades galas un calendario de aplicación de la citada directiva.

El portavoz de Justicia ha argumentado la importancia de la transposición de las normas comunitarias al derecho interno de los Estados miembros para que sean "claras y transparentes" para los ciudadanos. En este sentido, insistió en que lo que se le pide a Francia es "un proyecto de ley y un calendario".

Aunque Bruselas "ha tomado nota" de las declaraciones realizadas por el ministro galo de Inmigración, Eric Besson, quien esta semana adelantaba que Francia adaptaría su legislación, se espera elementos "concretos" por parte de las autoridades francesas, ha afirmado el portavoz. "Ha sido una señal improtante pero lo que cuenta es lo que recibamos concretamente y confirmar que es acorde no sólo con la petición de la CE, sino con lo que es necesario para proteger el derecho de los ciudadanos europeos en Francia y en Europa", ha subrayado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly. "Lo que contará, como ha dicho la señora Reding, no son únicamente las palabras sino los hechos", ha agregado.

Sobre la modalidad de la transposición, la CE deja en manos de los Estados miembros decidir cuál es la vía más práctica y más segura jurídicamente para que la directiva se incorpore al derecho nacional.

"Lo que le importa a la CE es recibir las garantías de que el derecho francés ha sido adaptado para trasponer todos los elementos de la directiva", ha insistido Bailly.