El Amazonas, en las urnas

En la campaña electoral bra¬¬sileña, que se calienta a medida que pasan las semanas y que culminará el próximo 3 de octubre con las elecciones presidenciales, ha irrumpido sutilmente el debate sobre el futuro del Amazonas. En el Congreso, los diputados denominados "ruralistas", que en Brasil son los que defienden los intereses del agronegocio, han introducido el delicado asunto en la agenda electoral. Según sus rivales "ambientalistas", lejos de guiarse por una vocación medioambiental, lo que persiguen con ello es la caza masiva de votos en el sector agropecuario y maderero brasileño, que en este país tiene un peso específico enorme.

Prueba de ello ha sido la aprobación a principios de julio de una reforma del Código Forestal que regula los niveles máximos de deforestación en Brasil. Aunque por ahora el texto solo ha recibido luz verde en una comisión especial, su aprobación definitiva en el plenario del Congreso y en el Senado implicaría una amnistía general para todos aquellos que hayan cometido delitos contra la vegetación antes de 2008. El nuevo código también reduce las áreas de protección forestal de las explotaciones y las márgenes preservadas de los ríos, y da más poder a los Gobiernos de los Estados brasileños a la hora de aplicar las normas medioambientales. Mientras los diputados "ruralistas" saludan la aprobación del nuevo código esgrimiendo el desarrollo económico de Brasil, las ONG y los sectores ecologistas dibujan un horizonte apocalíptico.

La candidata del Partido Verde (PV) a la presidencia, Marina Silva, que califica la aprobación del texto de "retroceso", ha pedido a la sociedad que se movilice para evitar que el Senado dé luz verde definitiva a la reforma. Silva, que dimitió como ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Lula al considerar que el proyecto político del ex tornero se había desvirtuado, se ha convertido en una pieza clave para que el nuevo Código Forestal pueda llegar, o no, a buen puerto. Esta mujer aglutina algo menos del 10% de la intención de voto y los analistas coinciden en que su apoyo será decisivo para formar Gobierno tras una más que probable segunda vuelta. Los dos favoritos, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, y el socialdemócrata José Serra, saben de sobra que cualquier manifestación a favor del controvertido código puede cerrarles las puertas a un pacto de Gobierno que incluya a Silva. Por otro lado, ambos cuentan con amplios sectores del agronegocio entre sus electores. Tanto Rousseff como Serra deberán hacer malabarismos para no desagradar a unos ni a otros.

"La política está contaminando la discusión. En este momento no existen las condiciones para abordar este asunto con mesura. Nosotros pedimos que se atrasara la votación hasta después de las elecciones. Ellos [los 'ruralistas'] querían que se celebrara antes. De momento, ellos han ganado", explica Paulo Adario, director de la campaña para el Amazonas de Greenpeace. "Esta discusión no puede llevarse a cabo en periodo electoral. Es nefasto para el medio ambiente que esta reforma se haya votado en este momento", abunda Paula Moreira, del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas (IPAM).

La legislación brasileña que regula los delitos contra la naturaleza castiga con dureza la deforestación desde hace décadas, aunque en este momento existe una suerte de limbo legal que mantiene fuera de control millones de hectáreas de tierra. Una reforma legislativa que flexibilice las normas medioambientales en beneficio de la productividad y que establezca una amnistía general para los que hayan atentado contra la naturaleza es una herramienta muy valiosa a la hora de pedir votos a tan solo algunas semanas de las elecciones. Y en Brasil a nadie se le pasa por alto que los que explotan el campo, ya sean jornaleros, pequeños agricultores o grandes terratenientes, tienen mucho que decir en las urnas.

"Hemos calculado que 86 millones de hectáreas de selva podrían ser deforestadas legalmente si el texto sale adelante. Es una superficie que supera todo lo que se ha deforestado en la historia de la Amazonia", comenta Adario. El cálculo entra en colisión con el discurso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la pasada Cumbre de Copenhague, en el que se comprometió a reducir las emisiones contaminantes de su país entre un 36% y un 39% en 2020, y a recortar en un 80% la deforestación del Amazonas para esa fecha. "Los cambios que se han introducido en el Código Forestal apuntan a lo contrario, a un aumento exponencial de la deforestación y de las emisiones contaminantes", sentencia Adario. Sobre esta reflexión planea como una sombra macabra el año 1995, cuando Brasil batió su récord histórico de tala de árboles y 30.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica fueron arrasados. "Un área del tamaño de Bélgica", indica.

Resulta sorprendente que el ponente del texto aprobado en la comisión especial sea el diputado Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil (PSDOB). "Rebelo le ha dado un barniz ideológico a un discurso puramente económico. Es curioso observar cómo la izquierda ha consolidado el discurso de la derecha", apunta Adario.

Según Greenpeace, la amnistía a todos los delitos contra la vegetación antes de 2008 supondría la condonación de una deuda con el Estado por valor de 8.000 millones de reales (más de 3.500 millones de euros). El Ministerio de Medio Ambiente eleva esta cifra a más de 4.400 millones de euros.

El nuevo código establece que en los ríos de menos de cinco metros de ancho las márgenes protegidas se reduzcan de 30 a 15 metros, y hasta 7,5 metros si así lo deciden las autoridades del Estado. Un punto delicado si se tiene en cuenta que Brasil atesora aproximadamente el 60% de los 6,9 millones de kilómetros cuadrados de ríos y afluentes que conforman la cuenca amazónica.

El texto también deja en manos de los Estados brasileños la posibilidad de flexibilizar la aplicación del nuevo código según las características medioambientales de la región. Esto ha disparado todas las alertas entre los ecologistas, ya que en Brasil es de dominio público el alto grado de corrupción de las administraciones regionales.